Me inclino por pensar que los ciudadanos costarricenses distan mucho de ser “el pueblo” en la acepción reduccionista del populismo en boga. Gracias a nuestra tradición educativa y democrática, conservamos todavía una importante capacidad de ejercer un voto activo y reflexivo, capaz de distinguir entre la manipulación, la farsa y el genuino propósito de construir el porvenir de una nación.
A días del traspaso de poderes, y aún bajo el contexto de aquel festejo inaugural colmado de esperanza, ilusión y buenos augurios para la gestión de Laura Fernández Delgado, guardo la impresión de haber presenciado un discurso forzado, cargado de incógnitas y de lugares comunes que todavía no logran traducirse en una estrategia clara, decidida y, sobre todo, sincera.
Al proclamarse “heredera del cambio”, la mandataria procuró revestirse de una legitimidad derivada: la de quien recibe y administra el legado político de Rodrigo Chaves Robles. De ahí surge una pregunta inevitable: ¿qué es exactamente lo que ha heredado la presidenta? ¿Una visión de país? ¿Una forma de ejercer el poder? ¿Un estilo de confrontación política o una estructura de lealtades?
Porque heredar no es construir. Lo primero supone recibir un patrimonio; lo segundo implica concebir, edificar y responder personalmente por la obra realizada. Y aunque existen señales iniciales de acercamiento entre el Ejecutivo, el Judicial y el Parlamento, aquello que permanece bajo la mesa continúa siendo una incógnita.
En democracia, los proyectos pueden continuarse y las afinidades ideológicas preservarse; lo que no puede transferirse como un bien sucesorio es la legitimidad política. Cada administración debe construir su propio fundamento y conquistar, por mérito propio, la confianza ciudadana. Máxime cuando el supuesto testador no solo sobrevive, sino que continúa proyectando su sombra sobre quien pretende sucederlo.
Populismo, narrativa y posverdad son conceptos distintos, aunque hoy suelen entrelazarse en la comunicación política. Con frecuencia, las estrategias contemporáneas descansan menos sobre hechos verificables que sobre relatos cuidadosamente construidos, donde importa más aquello que resulta emocionalmente persuasivo que lo objetivamente comprobable.
Bajo esa lógica aparece una constante: la necesidad de fabricar un antagonista. Un enemigo institucional o político al que pueda atribuirse la responsabilidad de impedir el éxito del proyecto gubernamental. En esa simplificación discursiva emergen los ya conocidos “enemigos del pueblo” o “enemigos de Costa Rica”.
Todos coincidimos en que el Poder Judicial atraviesa una crisis profunda. La justicia ni es pronta ni siempre cumplida. La calidad del servicio, la corrupción, la penetración del narcotráfico, la ausencia de renovación y ciertos privilegios difíciles de justificar han deteriorado seriamente la imagen de solidez institucional que durante décadas distinguió al sistema judicial costarricense.
En ese contexto conviene recordar otra frase inaugural de la presidenta Fernández: la promesa de no atentar contra la división de poderes. Sin embargo, tanto algunas acciones del expresidente Chaves como el discurso compartido por ambos parecen sugerir una concepción distinta: aquella según la cual debe ejecutarse, sin mayores resistencias, aquello que el Poder Ejecutivo considere conveniente.
Bajo esa dinámica, cualquiera que invoque el sistema republicano de pesos y contrapesos corre el riesgo de ser presentado como obstáculo, adversario o enemigo del progreso nacional.
Ni Rodrigo Chaves ni Laura Fernández han descubierto fórmula novedosa alguna. Se trata de una estrategia conocida, visible hoy en México, donde la concentración progresiva del poder político ha permitido incidir sobre instituciones fundamentales bajo la narrativa de una transformación histórica y en nombre del “pueblo”.
Por ello, construir permanentemente un antagonista político o institucional resulta funcional a cualquier proyecto populista que necesite consolidar una narrativa de confrontación. El riesgo de esa dinámica consiste en erosionar gradualmente la legitimidad de las instituciones republicanas hasta convertirlas en enemigos funcionales del relato político.
Desde una óptica cívica, no puede dejar de advertirse que ciertos planteamientos dejan de parecer simples propuestas administrativas y empiezan a revelar una intención más profunda: rediseñar el equilibrio institucional bajo la premisa de que todo contrapeso constituye un estorbo para la voluntad del Ejecutivo. Ahí es donde los verdaderos enemigos de la herencia terminan siendo, precisamente, las instituciones republicanas que se resisten a heredarse.
La idea misma de un “nuevo gobierno” parte de una premisa de urgencia: recuperar la confianza en la justicia, fortalecer la economía y transformar el país sin miedo ni vacilaciones. Sin embargo, la reiteración de objetivos no equivale a una hoja de ruta.
Se nos habla de una supuesta “Tercera República”, expresión de evidente fuerza retórica, pero todavía vacía de contenido concreto. Una transformación de semejante magnitud exigiría profundas reformas constitucionales e institucionales que requieren mayorías legislativas calificadas de las que el oficialismo carece. Gobernar no consiste únicamente en anunciar destinos; exige también construir caminos viables para alcanzarlos.
Resulta además conveniente recordar quiénes integran realmente este nuevo proyecto político. Muchos de sus funcionarios provienen de las mismas estructuras partidarias que hoy cuestionan: del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Acción Ciudadana y de otras fuerzas tradicionales que durante décadas moldearon la institucionalidad costarricense. En muchos casos, son herederos políticos de aquello mismo que denuncian.
Reagrupados bajo una nueva identidad discursiva, recurren con frecuencia a mecanismos ya conocidos: amplificación de relatos, exageración de logros, simplificación de problemas complejos y descalificación sistemática del disenso.
La lógica es simple y funcional al populismo: quien no coincide, estorba; quien cuestiona, conspira; quien disiente, se convierte en enemigo. Cuando la política se reduce a esa dicotomía elemental, deja de ser deliberación democrática para transformarse en una narrativa permanente de confrontación.
Pronto veremos cuán ordenado resulta el discurrir del nuevo gobierno y si quienes han debido reacomodarse políticamente logran anteponer el deber institucional al orgullo personal.
Las repúblicas no se heredan, no se decretan y no se proclaman desde la retórica. Se construyen cada día sobre límites al poder, instituciones sólidas y ciudadanos capaces de distinguir entre el relato y la verdad. Las democracias no empiezan a erosionarse únicamente cuando cae una Constitución; también cuando el poder logra convencer a la sociedad de que toda crítica constituye una traición.
Como advertía siempre Octavio Paz:
Las mentiras de los políticos siempre existirán; la más peligrosa, sin embargo, es aquella que una sociedad decide creer.”