Esta nota fue originalmente publicada en La Voz de Guanacaste
GuanaData detectó concursos con un solo oferente, exclusiones recurrentes de competidores y contratos adjudicados sin competencia.
Un carro valorado en apenas ₡500.000 terminó en un taller mecánico con una factura de más de ₡8 millones por reparaciones. El caso encendió las alertas dentro de la Municipalidad de Santa Cruz y llevó a revisar una serie de contrataciones millonarias adjudicadas a Baterías Halcón, una empresa que en apenas cuatro años consiguió más de ₡246 millones en servicios de mantenimiento vehicular.
Detrás de esas contrataciones, un análisis de GuanaData —un sistema desarrollado por La Voz de Guanacaste y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— detectó patrones inusuales: concursos con un solo oferente, exclusiones recurrentes de competidores y contratos adjudicados sin competencia.
Las alertas que GuanaData envió al equipo periodístico de La Voz fueron “solo un oferente se presentó al concurso” y “alargamiento sospechoso del plazo para presentar ofertas”, y revelaron apenas la punta del iceberg de una serie de aparentes irregularidades en la contratación de servicios de la Municipalidad de Santa Cruz a Baterías Halcón.
Entre los hallazgos detectados aparecen reparaciones de vehículos con bajo valor de mercado y que ya habían sido catalogados como desecho, envíos de automotores al taller sin orden de pedido, pagos tramitados sin las autorizaciones correspondientes y una concentración recurrente de contratos adjudicados sin competencia.
Baterías Halcón S.A. es una sociedad anónima presidida por Nelson Gamboa Araya, un nicoyano vinculado desde hace décadas a la defensa del agua en la Península de Nicoya, desde la Fundación Nicoyagua.
El taller, descrito por su propietario como una empresa mediana de poco más de 50 empleados y con presencia en la provincia desde hace 43 años, tiene una experiencia relativamente nueva en las licitaciones públicas mediante el Sistema de Compras Públicas (Sicop), aunque según Gamboa las contrataciones con el sector público vienen desde mucho antes .
En Sicop aparece registrada desde el 2019, pero la primera contratación con la Municipalidad de Santa Cruz se dio en el 2021, con un contrato de apenas ₡321.000. Para el 2022 consiguió ₡13 millones y la bonanza económica llegó en 2023 y 2024, cuando los montos de ambos años superaron los ₡220 millones.
El proveedor favorito
Entre 2021 y 2025, Baterías Halcón concursó en 20 licitaciones de la Municipalidad de Santa Cruz. De ese total, fue el único oferente en 11 ocasiones. Es decir, ninguna otra persona o empresa entró en competencia por el contrato.
En otros cinco procesos sí compitió, pero los demás oferentes fueron excluidos por no cumplir con algunos requisitos.
En otras cuatro contrataciones la empresa obtuvo únicamente una parte de la adjudicación, ya que las compras fueron fraccionadas por partidas. Esta modalidad permite la participación de varios proveedores en una sola licitación, porque pueden ofertar solo en algunas partidas y no para toda la compra.
Los contratos incluyen la reparación de autos, venta de accesorios y repuestos para vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM), servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la flotilla municipal, cambios de aceites, entre otros.
De los contratos adjudicados a Baterías Halcón S.A., entre el 2021 y el 2025, cinco se hicieron bajo la modalidad “según demanda”. En este tipo de contratación se oferta un precio base del bien o servicio a adquirir por la institución, se fija un plazo de contratación y un monto de presupuesto máximo que funciona como “una línea de crédito”. El proveedor –en este caso Baterías Halcón– se compromete a entregar los servicios o bienes periódicamente, mediante órdenes de pedido, según las necesidades del contratante, es decir, de la muni.
En tres de los cinco concursos de esta modalidad, que son los de mayores montos adjudicados, Baterías Halcón ganó sin competidores y con un puntaje de evaluación perfecto de 100 puntos. Solo esos tres contratos suman un presupuesto máximo de ₡565,6 millones.
La contratación con mayor presupuesto se dio en 2023, por un monto máximo de ₡264.5 millones para el mantenimiento y reparación de vehículos durante cuatro años. Hasta el momento, según información del Sicop, se han tramitado 67 órdenes de pedido por un total de ₡100,9 millones, entre el 29 de septiembre de 2023 y el 24 de abril de 2026.
“No hay más empresas que cumplan con los requisitos”
Los contratos públicos en Costa Rica deben hacerse bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública 9986.
Si bien no es un acto ilegal que exista un único oferente, las normas indican que es necesaria una justificación. La municipalidad, o cualquier institución pública, debe argumentar por qué esa es la única alternativa que existe.
La competencia, según el documento rector, permite encontrar mejores condiciones de precio y calidad para los servicios que requieren las instituciones. Las licitaciones también son un mecanismo para evitar actos de corrupción en el uso del dinero público.
La Voz entrevistó a Nelsón Gamboa Araya para conocer su postura sobre la información revelada en este reportaje. Ante el cuestionamiento por posibles irregularidades, el empresario argumentó que la concentración de adjudicaciones se debió a que es una de las pocas empresas en la región que cumplen con los requisitos establecidos por Sicop:
Tienes que estar al día en la Caja (Caja Costarricense de Seguro Social), en Tributación, en las municipalidades y con Fodesaf [Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares]. Cuesta mucho que una ‘empresita’ esté al día con todo eso. A veces con quien uno compite es con empresas en San José que sí están al día”.
En el gobierno local, el administrador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Pedro Raúl González, fue quien tramitó la mayor parte de las contracciones para mantenimiento y reparación de la flota vehicular municipal, tanto por Sicop como por órdenes de pedido.
González coincidió con Gamboa en que para las empresas es difícil concursar en el Sicop, por la cantidad de requisitos que deben cumplir.
Explicó que, además de estar al día con todos los pagos, los proveedores deben aportar garantías por el plazo que dure el contrato y esperar 30 días para recibir el pago de los servicios. Esto hace que muchos prefieran no concursar.
Aunque ambas partes argumentaron que Baterías Halcón es una de las escasas empresas en la región que cumplen con los requisitos para ser un proveedor público, la participación de la compañía en otras municipalidades cercanas es incipiente.
De acuerdo con el Observatorio de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda, entre octubre de 2019 y diciembre del 2025, Baterías Halcón obtuvo 25 contratos con el sector público, por ₡264,8 millones. Sin embargo, el 93% de sus ingresos provinieron de la Municipalidad de Santa Cruz, por un total de ₡246,3 millones.
Otros contratos, que suman apenas ₡18,3 millones, se dividen en ventas de servicios a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las municipalidades de Carrillo y Liberia.
González añadió que desde marzo del 2025 no es responsable de estas contrataciones y que esa labor ahora la asume el departamento de transportes de la municipalidad.
La Voz de Guanacaste quiso conocer la versión del alcalde, Jorge Arturo Alfaro, pero no contestó a las preguntas enviadas por correo electrónico desde el 23 de marzo. El día 7 de abril la secretaria de la alcaldía, Isabel Cubillo dio por recibido el correo y lo remitió a Rony Gómez Hidalgo, asesor del alcalde. Este funcionario tampoco dio respuesta ni por escrito ni vía telefónica, a pesar de que se le contactó en dos ocasiones.
El negocio de la chatarra
Dentro de la municipalidad, los cuestionamientos a las contrataciones recurrentes y millonarias a Baterías Halcón ya habían despertado sospechas.
Un informe de la Auditoría Interna del gobierno local identificó que de los ingresos obtenidos por la empresa, ₡53 millones corresponden a la reparación de vehículos viejos, de poco valor.
Por ejemplo, la municipalidad envió a reparación un carro valorado en ₡500.000 por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), pero su arreglo costó más de ₡8 millones. Es decir, repararlo en este taller costó 16 veces su precio. IFAM había realizado la valoración de los vehículos a petición del concejo municipal.
La Voz cuestionó a Nelsón Gamboa sobre sí en algún momento la empresa advirtió a la municipalidad del costo-beneficio de reparar estos vehículos viejos.
Él explicó que al hacer la cotización de servicio para el concurso público, no tienen forma de saber qué vehículo de la municipalidad lo va a necesitar. Gamboa aseguró:
La gente de la Auditoría cuando estuvieron ahí (en la empresa) me dijeron que ellos tienen un reglamento (sobre reparación de vehículos) y que eso no podía ser, pero yo no conozco los reglamentos internos de la municipalidad y no tengo porqué conocerlos. Además, nosotros no contratamos con la municipalidad directamente. Nosotros contratamos con el sistema Sicop, que es muy ordenado y exigente. Si fuera un trato directo con la municipalidad o con un proveedor, uno diría, sí claro, cómo lograron negociar eso, pero no”.
Tras el informe de la Auditoría, el otorgamiento de contratos a Baterías Halcón se desplomó. Pasó de ₡137 millones en 2024 a apenas ₡8.5 millones en 2025.
Las reparaciones fueron tramitadas por Pedro Raúl González, mediante el Sicop y por caja chica.
González negó que exista algún tipo de irregularidad. Dijo que los vehículos se sometieron a reparación y mantenimiento porque se requerían para dar servicio en el departamento vial y porque no se les autoriza presupuesto para comprar carros nuevos.
Agregó que los autos no eran chatarra y que la evaluación hecha por el IFAM, que les asignó un bajo precio, no corresponde al verdadero valor de mercado de los vehículos.
Carlos Barrenechea, presidente del concejo municipal, dijo que él ha dado seguimiento a este asunto desde hace tiempo:
Una vez que en el concejo nos dieron a conocer ese documento (Informe de Auditoría, en febrero del 2025) yo intervine y empecé a pedirle explicaciones a la administración de quienes habían autorizado la reparación de vehículos que antes se habían descartado o calificado como desechos”.
A partir de ese informe, dijo, también descubrieron que la muni enviaba los vehículos al taller sin tener orden de pedido o autorización de los responsables. Igualmente se hicieron pagos y reparaciones sin tener la debida autorización.
El presidente municipal responsabilizó a Pedro Raúl González, a sus superiores y al alcalde, "quien, en última instancia debe firmar todos los trámites". Agregó que como las explicaciones desde la administración no fueron satisfactorias, le pidió a la secretaría del concejo hacer una relación de hechos y enviarla a la Fiscalía de Probidad para su investigación.
Fiscalía Anticorrupción investiga
La oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz investiga al alcalde, Jorge Arturo Alfaro y al director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM), Didier Monge Jiménez.
La investigación, solicitada en mayo de 2025 por el concejo municipal, se compila bajo el Expediente 25-000018-1957-PE y está en etapa de recolección y análisis de prueba.
Se les acusa de daño a la Hacienda Pública por el mal uso de recursos en la reparación de vehículos que ya habían cumplido su vida útil, por un monto de ₡73 millones.
La Voz de Guanacaste consultó a Monge Jiménez al respecto, pero declinó referirse porque, según dijo, no ha sido notificado y desconocía que había una investigación judicial en su contra.
Añadió que desde febrero de este 2026 fue trasladado por orden del alcalde al departamento de Ordenamiento Territorial por lo que ya no está al frente de la UTGVM.
El caso abrió cuestionamientos entre los concejales sobre la planificación y el uso de los recursos destinados a la gestión vial y la necesidad de evaluar si estas decisiones responden a criterios de economía y eficiencia en el manejo del dinero público.
En esa oportunidad el alcalde, Jorge Arturo Alfaro defendió la transparencia de las contrataciones y recordó que esos trámites pasan por distintos funcionarios y departamentos antes de su firma final. “Dejemos esto aquí. Si tenemos sospechas, enviémosla a la Fiscalía y a la Contraloría”, afirmó.