Grupo Financiero Mercado de Valores considera que las proyecciones fiscales plantean nuevos retos para sostener la consolidación de las finanzas públicas y mantener la confianza de los mercados internacionales.
Las proyecciones fiscales para 2026 y 2027 reflejan un escenario más retador para las finanzas públicas del país. Así lo señaló Grupo Financiero Mercado de Valores, tras analizar el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual apunta a un deterioro en indicadores como el resultado financiero, el resultado primario y la trayectoria de la deuda pública, así como el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, publicado por el Ministerio de Hacienda, que refuerza la idea de que el contexto fiscal presenta desafíos.
Según Pablo González, economista de Mercado de Valores, este escenario abre la discusión sobre la necesidad de mantener disciplina hacendaria y fortalecer el manejo de las finanzas públicas, en un contexto donde la deuda pública se mantendría por encima del 60% del producto interno bruto (PIB) durante el bienio 2026-2027. Esto mantendría al Gobierno dentro del tramo más restrictivo de la regla fiscal, con menores márgenes para la inversión social y en infraestructura.
Entre los factores que han incidido sobre el menor crecimiento de los ingresos tributarios destacan la baja en el tipo de cambio, una menor dinámica observada en algunos periodos dentro del régimen definitivo, decisiones legislativas que han debilitado la base imponible y la denominada “fatiga tributaria” posterior a la reforma fiscal de 2018, fenómeno mediante el cual el impacto inicial de los nuevos tributos y ajustes fiscales pierde fuerza con el paso del tiempo. A esto se suma la responsabilidad en la gestión de cobro por parte de la administración tributaria.
“Las proyecciones fiscales muestran que el país enfrenta un escenario más desafiante para sostener la trayectoria de mejora observada en los últimos años. Si bien Costa Rica mantiene una percepción positiva en los mercados internacionales, las condiciones actuales obligan a mantener disciplina hacendaria y un balance adecuado entre ingresos y gasto, teniendo presente que el fin de la hacienda pública es atender las necesidades de la ciudadanía. De ahí la importancia de que esa disciplina se aplique tratando de alcanzar un bien común”, explicó González.
El análisis de Grupo Financiero Mercado de Valores también señala que, aunque el gasto por intereses ha disminuido gracias a menores tasas promedio de financiamiento, mejores condiciones internacionales y una percepción favorable de riesgo país, la dinámica de la deuda continúa representando un reto para la sostenibilidad fiscal.
Las estimaciones del Banco Central proyectan resultados primarios de 0,3% para 2026 y de 0,02% para 2027, mientras que el resultado financiero alcanzaría 4,4% y 4,7%, respectivamente. Bajo este escenario, la relación deuda/PIB se mantendría por encima del 60% y con tendencia al alza durante el bienio.
“Factores externos como un menor crecimiento económico, un ajuste en las tasas de interés internacionales o variaciones en el tipo de cambio podrían desviar la trayectoria esperada de la deuda y afectar la sostenibilidad fiscal. Por eso resulta necesario mantener un balance entre políticas de gasto e ingresos que permita sostener la confianza de los mercados”, agregó González.
Pese a ello, la entidad indicó que Costa Rica continúa siendo percibida positivamente por los mercados internacionales y mantiene posibilidades de avanzar hacia una calificación de grado de inversión, aspecto que favorecería futuras colocaciones de deuda en mercados internacionales a partir de 2026.
El reto hacia adelante será mantener la confianza de los mercados internacionales en un contexto de bajo crecimiento de los ingresos tributarios y mayores presiones sobre la deuda pública, lo que obligará a Hacienda a discutir sobre las formas más efectivas en lograr un balance entre disciplina fiscal, sostenibilidad y necesidades de inversión pública, así como el planteamiento de las reformas necesarias para alcanzar la calificación de grado de inversión, un objetivo plenamente identificado por la entidad fiscal.