Colegio de Contadores Públicos analizó impacto del expediente 25.460.
Como parte de la celebración del Mes de la Contaduría Pública, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica realizó un foro especializado donde expertos en materia tributaria y legal analizaron el proyecto de Ley que ampliaría el acceso de información bancaria a la administración tributaria sin autorización judicial previa.
Se trata del expediente N.°25.460, que actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Municipales y está pendiente de discusión por parte de los nuevos diputados.
Los expertos coinciden en que la iniciativa podría generar riesgos para la inversión extranjera, la privacidad y el clima de negocios de Costa Rica.
Durante la actividad, los panelistas señalaron que el país enfrenta actualmente importantes desafíos relacionados con competitividad, infraestructura, seguridad y costos operativos, por lo que medidas que puedan interpretarse como una afectación a la seguridad jurídica podrían impactar la percepción internacional sobre Costa Rica como destino de inversión.
Cristina Sansonetti, abogada y socia de impuestos de KPMG, indicó que una de las principales preocupaciones radica en que el proyecto permitiría requerimientos automáticos, masivos y periódicos de información financiera sin necesidad de una investigación tributaria específica previa.
De darse la reforma, la administración tributaria podría hacer una resolución genérica y propiciar requerimientos sin tener un caso previo, sin tener un quiero investigar algo.
“Me preocupa el enfoque de darle una amplitud de legitimación si hoy en día tenemos contribuyentes que están incumpliendo con la normativa, deberían buscarlos y meterlos a la cárcel, en vez de pasar la responsabilidad por convenio entre particulares al contribuyente que está actuando bien”, indicó la abogada.
Según expusieron los especialistas, el acceso amplio a datos financieros podría generar inquietud entre empresas multinacionales y ejecutivos internacionales que valoran la estabilidad jurídica, la privacidad y la protección de la información como factores determinantes para operar en un país.
“No estamos hablando solamente de cómo nos vemos los costarricenses, sino también cuando tenemos una multinacional que quiere venir a Costa Rica, ¿Cuál es ese clima de inversión? Estamos pasando por un momento de seguridad complicado. ¿Qué puede sentir ese inversionista al saber que ya la información está así a la mano de cualquier funcionario?”, replicó Sansonetti.
Randall Oquendo, socio director de impuestos de PwC Costa Rica, considera que eliminar totalmente la autorización judicial podría generar cuestionamientos relacionados con el derecho a la intimidad y el debido proceso.
“Costa Rica ya tiene todas las herramientas. ¿Hasta cuándo nos va a decir la administración tributaria que el problema es falta de herramientas?, ¿No será más bien, que hay falta de capacidad y de utilizar las herramientas existentes?, ¿Qué estamos haciendo para atacar la informalidad?, me refiero a esas personas que hoy pagan cero de impuestos. Estamos yendo a buscar lo fácil, yo quiero saber cuánto tiene usted en su cuenta bancaria, usted que ya tributa, pero los problemas de fondo seguimos sin atacarlos”, dijo Oquendo.
El experto añadió que no hay claridad cuánto va a dejar esta reforma de mejora en la recaudación, lo que sí hace es poner en peligro el derecho a la intimidad.
Los participantes del foro coincidieron en que el combate a la evasión debe realizarse manteniendo un equilibrio entre las facultades de fiscalización del Estado y la protección de principios constitucionales, especialmente en momentos en que el país compite regionalmente por atraer inversión extranjera y generación de empleo.
De acuerdo con Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos: “No podemos dejar de lado los derechos fundamentales y la privacidad. Hay que analizar qué tan proporcional es esta reforma respecto a lo que se busca combatir”.
Añadió que Costa Rica ya enfrenta retos de seguridad, infraestructura y competitividad, por lo que debemos analizar cuánto podría afectar esto la percepción del país para invertir.
Durante el análisis también se destacó que Costa Rica ya dispone de herramientas tecnológicas y mecanismos de control tributario que permiten fortalecer la fiscalización, por lo que el enfoque debería dirigirse a mejorar la aplicación de los controles existentes y combatir la informalidad, sin afectar la confianza y competitividad del país.
El foro se desarrolló como parte de las charlas del Mes de la Contaduría Pública organizadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que reúne espacios de discusión técnica sobre los principales proyectos económicos y tributarios en la corriente legislativa.