El perfil de mujeres privadas de libertad muestra que la mayoría tiene entre 25 y 44 años, secundaria inconclusa y condiciones de marginación.
La Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) presentó un estudio que revela cómo algunas mujeres ejercen liderazgo dentro de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en Costa Rica.
La investigación demuestra, a partir de estudios de caso cualitativos, que algunas mujeres cumplen roles estratégicos y de mando dentro de estas organizaciones, pero con un estilo de liderazgo caracterizado por el uso reducido de la violencia en comparación con sus pares masculinos.
El informe se publica en un contexto de violencia alarmante en el que, solo en 2023, Costa Rica registró 905 homicidios dolosos, la cifra más alta en su historia reciente, con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, en 2024 y 2025, la cifra bajó levemente, pero se mantuvo en más de 800 casos anuales.
Dentro de este panorama, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las mujeres han sido cada vez más víctimas. En 2025 se contabilizaron 85 homicidios de mujeres, de los cuales 43 estuvieron ligados a ajustes de cuentas o venganzas, directamente relacionados con el crimen organizado.
La investigadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karla Salazar Sánchez, explicó que este hallazgo cuestiona la idea de que el liderazgo criminal es exclusivamente masculino.
Si bien la mayoría de mujeres vinculadas al crimen organizado ejercen funciones operativas y con poco poder, algunas alcanzan cierto nivel de liderazgo en estructuras familiares y de mediana escala con estrategias más calculadas y menos violentas”.
Añadió que, en estos últimos casos, ellas no solo ocupan posiciones subordinadas, sino que también toman decisiones, organizan operaciones y ejercen autoridad en contextos altamente violentos. Para la experta, reconocer esta realidad es clave para comprender cómo se configuran las dinámicas de poder y género en contextos de crimen organizado y para diseñar respuestas institucionales más efectivas.
Por su parte, la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, comentó que esta investigación es importante porque permite comprender una dimensión poco estudiada del crimen organizado en Costa Rica: el papel de las mujeres dentro de estas estructuras y las dinámicas de poder que ejercen.
El estudio evidencia que muchas trayectorias delictivas están vinculadas con contextos de exclusión social, violencia, precariedad laboral, maternidad temprana y limitadas oportunidades educativas, elementos que hoy también se relacionan con el aumento de la violencia y los homicidios en el país”.
En cifras
El estudio reconstruye las trayectorias de vida de mujeres vinculadas al narcotráfico, mostrando que la marginación social, la maternidad y la violencia estructural son factores que configuran su participación.
Según las estadísticas del Sistema Penitenciario, en 2024 había 1.351 mujeres en conflicto con la ley, de las cuales el 40,5% enfrentaba procesos por delitos contra la Ley de Psicotrópicos. La mayoría son jóvenes entre 25 y 44 años y el 79% no concluyó la secundaria, lo que refleja un perfil marcado por exclusión social y falta de oportunidades.
Las mujeres cumplen roles similares a los hombres dentro de las organizaciones criminales: “campanas”, vendedoras terminales, administradoras y gerentes de zona.
La investigación de la UNED señala que la diferencia clave es que, en aquellos casos donde alcanzan algún nivel de liderazgo, este tiende a ser más estratégico y menos violento, privilegiando la negociación y la planificación sobre la fuerza directa.
Salazar concluyó que la participación femenina en el crimen organizado no puede desligarse de las situaciones de victimización y vulnerabilidad que enfrentan. No obstante, indicó que también hay casos en los que las mujeres son agentes activas que ejercen poder y liderazgo.
“Comprender estas dinámicas es esencial para diseñar políticas públicas con enfoque de género que permitan prevenir la vinculación de mujeres al crimen organizado y ofrecer alternativas reales de inclusión social. La evidencia demuestra que las mujeres no solo participan, sino que algunas lideran, y lo hacen con tácticas diferentes que deben ser reconocidas en el debate académico y político”, finalizó la investigadora.