El proyecto de ley sobre el registro de correos electrónicos para notificaciones en el Registro Nacional, evidencia un problema de fondo que trasciende el trámite: en Costa Rica seguimos legislando sin preguntarnos primero si realmente existe un problema y si, para solucionarlo, hace falta una ley.
Antes de crear una nueva obligación, lo lógico habría sido revisar qué herramientas existían ya para paliar la situación. Por ejemplo, el registro de beneficiarios finales (RBF) ya contiene información clave de las sociedades; a partir de esa base se pudo haber construido un mecanismo de notificación sin necesidad de inventar un nuevo proceso, una nueva carga y otra oportunidad para complicarlo todo.
Sin embargo, se optó por lo de siempre: hacer una ley.
Legislar sin aterrizar
El problema más grave viene después: se legisla sin pensar en cómo se va a implementar. Aunque el espíritu del legislador era claro en que el trámite no tuviera costo, en la práctica la institución encargada terminó creando un trámite cuyo costo promedio ronda los ₡100.000 por cada sociedad.
En un país donde una persona puede tener varias sociedades, esto se convierte rápidamente en una carga desproporcionada. Por lo tanto, la implementación terminó contradiciendo el espíritu de la ley.
Esto no ocurre por casualidad. Cuando no se diseñan bien los procesos, las instituciones llenan los vacíos a su manera, muchas veces en función de sus propios incentivos. En este caso, la Junta Administrativa del Registro está conformada principalmente por abogados, lo que facilita decisiones que terminan beneficiando al mismo gremio que regula el trámite.
El resultado es un sistema que no solo se vuelve más caro, sino también más incoherente.
Hay, además, un problema aún más grave: promulgar una ley mal diseñada implica un mal uso de recursos públicos. Obliga a corregir errores con nuevas iniciativas, a volver sobre discusiones ya cerradas y a destinar tiempo, dinero y capacidad institucional a resolver un problema que nunca debió existir. En un contexto de recursos escasos, esto no es menor; es repetir el ciclo de ineficiencia con cargo al ciudadano.
Advertidos… e ignorados
Lo más grave es que esto no tomó a nadie por sorpresa. Desde Primera Línea se les advirtió a los legisladores que la ley tenía un problema real de implementación y de costos, se impulsó el tema insistentemente, se hicieron campañas para evitar que la gente incurriera en ese gasto y se propusieron soluciones. Y aún así, dejaron su revisión para última hora.
Desde julio del año pasado, cuando se identificó el problema, se trabajó con el exdiputado Jorge Dengo, quien había sido enfático en que el trámite no debía implicar una carga; así como con el hoy exdiputado Carlos Felipe García, quien aceptó impulsar la iniciativa.
Uno pensaría que, si todos los partidos representados en la legislatura pasaron el año en campaña repitiendo que se oponían a nuevos impuestos, cargas y trámites para los emprendedores, y repitiendo discursos de reforma del Estado, habrían acordado darle vía rápida o enviarlo a una Comisión Plena para agilizar. Pero no lo hicieron.
Los burócratas del Registro se dedicaron a explicar por qué es indispensable la participación de un notario, como si no existiera ya el RBF en el BCCR; y peor, como si los ciudadanos fuéramos incapaces de incluir un correo electrónico en una base de datos segura y ágil, acorde con la realidad del siglo XXI y no como si viviéramos en un episodio cualquiera de Los Picapiedra.
Nadie pensó en los plazos ni asumió la urgencia de su aprobación. El resultado es que el tiempo se agotó y el proyecto no llegó a votarse en segundo debate antes de que se terminara su período, dejando sin aprobar una solución que pudo haberse resuelto sin mayor complicación si se hubiera actuado con responsabilidad.
Aquí es donde el discurso choca de frente con la realidad. Se habla constantemente de apoyo a los emprendedores, de facilitarles la vida, de eliminar trabas; pero cuando llega el momento de resolver problemas concretos, de esos que sí hacen la diferencia en el día a día, simplemente no se actúa.
Hoy, lo que queda es esperar a la siguiente legislatura. Y empezar de cero otra vez.
La lección que no podemos ignorar
Este caso debería obligarnos a replantear cómo se están haciendo las cosas.
Antes de legislar, hay que preguntarse si la solución ya existe dentro del sistema. Somos un país sobrerregulado porque, ante problemas de mala gestión, asumimos que la respuesta es una ley o una multa; cuando tal vez deberíamos explorar la vía contraria: simplificar y optimizar procesos.
Ya tenemos más de 10.000 leyes; lo mínimo, si se decide avanzar con una nueva, es que su implementación se analice con el mismo rigor que el texto legal.
Y, sobre todo, debe existir una verdadera rendición de cuentas cuando lo que se ejecuta no coincide con lo aprobado. Los responsables deben ser identificados y sancionados.
Porque, de lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo ciclo: leyes bien intencionadas, implementaciones deficientes y ciudadanos pagando las consecuencias; cada vez más convencidos de que la clase política está desconectada de la realidad, que no los representa y que la democracia es incapaz de resolver sus problemas. Y ese es el costo más alto de todos.