Hay verdades que los gobiernos prefieren administrar antes que resolver. Costa Rica lleva años acumulando una de esas verdades, y el tipo de cambio es su expresión más visible y más peligrosa.
El colón artificialmente fortalecido no es un logro macroeconómico. Es el resultado de una ingeniería financiera que combina una Tasa de Política Monetaria inusualmente alta con la entrada sistemática de capitales que, en una proporción que nadie discute en voz alta, proviene de fuentes ilícitas. Ambos factores aprecian el tipo de cambio. Ambos generan la ilusión de estabilidad. Y ambos crean un conflicto de intereses profundo para las instituciones que deberían corregirlo.
El Ministerio de Hacienda ha sido el principal beneficiario de este arreglo tácito. Un colón fuerte comprime la deuda expresada en moneda local, mejora los indicadores fiscales en el papel y permite postergar decisiones políticamente costosas. Pero lo que no se resuelve, se acumula. Y lo que se acumula con deuda, eventualmente explota.
Cuando el tipo de cambio corrija —y corregirá, porque los equilibrios artificiales no son eternos— el daño no será parejo. Quebrará primero quien más expuesto esté: el profesional endeudado en dólares que vive en colones, la empresa que importa insumos y vende localmente, el consumidor que financió su vehículo o sus compras en línea en moneda extranjera sin entender bien el riesgo que asumía. Estas personas no son especuladores. Son deudores ordinarios atrapados en una trampa que el sistema les tendió con publicidad de estilo de vida y tasas que parecían razonables mientras el colón se mantenía quieto.
Pero el daño no para ahí. Hacienda, que nunca se comió la bronca de recortar el gasto de forma estructural, enfrentará un deterioro fiscal acelerado. Y con Hacienda en problemas, el ICE —su satélite financiero más visible— entra en zona de riesgo. A partir de ese punto, el problema deja de ser sectorial y se vuelve sistémico. Los justos pagan con los pecadores.
Lo que sigue, en ese escenario, no es agradable de anticipar. Los gobiernos bajo presión fiscal extrema no se vuelven más austeros; se vuelven más agresivos. La historia latinoamericana lo documenta con precisión: primero la discursiva cambia, luego las reglas, luego los derechos. La confiscación, el aumento arbitrario de tasas, la extinción de dominio como instrumento político, la hostilidad institucional hacia el capital privado —todo eso tiene precedentes regionales que no son tan lejanos como quisiéramos creer.
La solución de fondo es un recorte severo y creíble del gasto público. Nadie con responsabilidad política lo va a proponer voluntariamente, porque el costo político es inmediato y el beneficio se percibe tarde. Entonces la pregunta real no es cómo evitar la crisis, sino cómo posicionarse antes de que llegue.
Quienes estudiaron las crisis del pasado —especialmente la de inicios de los años ochenta en Centroamérica— encontraron un patrón consistente entre quienes salieron adelante: ahorro en dólares, preferiblemente fuera del alcance de una Hacienda desesperada; ingresos en moneda extranjera generados desde el exterior; deudas en colones, ojalá a tasa fija; y alguna forma de exportar, ya sea bienes, servicios o talento.
No es pesimismo. Es memoria histórica aplicada al presente.
La bomba está ahí. Visible para quien quiera mirarla. La pregunta no es si va a explotar, sino si usted va a estar parado encima cuando lo haga.