Este es un recuento, desde una mirada feminista, de los daños que la política populista ha tenido sobre las mujeres. No pretende ser exhaustivo. Cada parte forma un todo indisoluble que, en conjunto, hace referencia al embate directo que hemos sufrido las mujeres de manera particular como sujetas políticas, las organizaciones de mujeres y lo que representa el ideario feminista. Alguien podría decir, con razón, que los impactos de las políticas populistas las han sufrido todas las personas, sin distingo de sexo. Sin embargo, las mujeres no solo sufren impactos específicos, sino que también son objeto de persecución por objetivos estratégicos estructurales.
Retroceso cultural
El vituperio y la humillación pública cotidiana contra las mujeres en posición de liderazgo, la violencia verbal y mediática modelada desde el poder político y replicada en redes sociales y en la interacción social directa, han normalizado la violencia simbólica contra las mujeres y facilitado el debilitamiento de su condición y su posición social conquistada tras décadas de lucha.
La narrativa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas no solo ha dejado de estar en la agenda pública oficial como aspiración democrática, si no que se aprecia un claro retroceso en el imaginario y la visión social hasta ahora promovida sobre la justeza, necesidad y urgencia de alcanzar la igualdad social entre mujeres y hombres. Este cambio cultural regresivo es, además de deliberado, un requisito indispensable para impulsar transformaciones en la vida material de las mujeres y en el marco general de sus derechos, dirigido a regresarlas a condiciones de sujeción, explotación y sometimiento que necesita la sociedad capitalista y patriarcal para sobrevivir.
Desde el lente interseccional, la deshumanización es aún más perversa. Las mujeres que habitan cuerpos migrantes, sexualmente diversos, con capacidades diferentes, entre otras, representan cuerpos doble o triplemente sacrificables. La empatía, la solidaridad y, sobre todo, su ciudadanía se asume como carga social frente a la cual el Estado no reconoce obligaciones. Por el contrario, pretende devolverla a las familias y a las mujeres.
En un proceso de desensibilización, lenta, sistemática y abrumadora, tratan de disciplinarnos para apreciar como natural este nuevo mapa social en el cual cada vez a las mujeres y a otros sectores sociales excluidos, se les despoja de ciudadanía y de derechos. Pero, para lograrlo, era necesario, antes o paralelamente, degradarlas como sujetas políticas en el imaginario colectivo.
Mujeres: cuerpos desechables
La misoginia —odio ancestral contra las mujeres— resurgió en estos años con una crueldad indescriptible. La violencia contra las mujeres (VcM), como principal mecanismo de control social y de disciplinamiento, ha alcanzado niveles históricos. Muchas voces han denunciado en los últimos años el crecimiento de los femicidios, de la violencia sexual y de todo tipo de violencia interpersonal contra mujeres y niñas. Igualmente, una y otra vez en estos últimos años, el poder político - en su expresión ejecutiva y legislativa – demostró lo poco que le importan los atropellos y abusos perpetrados por hombres poderosos a los cuales cobijan con el manto patriarcal. mientras se ríen y regodean de su impunidad.
Embriagados de poder machista, mercadean favores políticos usando a las mujeres como moneda de cambio. A través del megáfono público, al cual tienen acceso casi universal, remiten un mensaje claro: las mujeres son objetos desechables, intercambiables, sustituibles. Importan poco al poder político dominante. Solo así es explicable la marcada pasividad y el desprecio ante los femicidios en aumento y el silencio cómplice ante otras conductas abusivas contra las mujeres y las niñas.
En paralelo parece crecer también la indiferencia y la deshumanización social y comunitaria como expresión de la impotencia, pero también del individualismo que es central a la propuesta política populista. Pilares esenciales de la identidad costarricense, como han sido la solidaridad, el bien común, la igualdad, son sustituidos por otros valores de división, enfrentamiento y desconfianza, rompiendo alianzas entre sectores sociales que antaño fueron claves para avanzar las políticas de igualdad, incluyendo de manera estratégica, la igualdad de género.
“El orden natural de las cosas”: empobrecidas y excluidas retornan al hogar
La transformación cultural e identitaria que se ha promovido contra las mujeres y sus derechos se ha acompañado del empobrecimiento material de muchas de ellas:
- El empleo formal de las mujeres se ha estancado o ha disminuido.
- El número de mujeres que no buscan trabajo ha aumentado y más de un 80% de las mujeres interesadas en trabajar no lo pueden hacer por carecer servicios públicos de cuidados.
- La inversión social en programas de apoyo a las familias alcanzó niveles bajos históricos, incluyendo becas, alimentos, otros subsidios y la reducción de la cobertura de la red de cuido de personas menores de edad y adultas mayores.
- La entrega de bonos de vivienda no solo no creció, sino que disminuyó limitando con ellos a muchas mujeres de una opción de vida autónoma.
Las consecuencias, en el corto y mediano plazo, cumplen uno de los objetivos más importantes de la agenda conservadora: que las mujeres retornen al hogar, a su rol tradicional de amas de casa dependientes y cautivas frente a los malos tratos. Se trata de sacar a las mujeres de los espacios públicos y de promover su retorno al “orden natural de las cosas” en el mundo patriarcal.
La “educación en casa”, “a mis hijos los educo yo” son parte del discurso que pretende endulzar este retroceso para las mujeres. A cambio, algunos movimientos de hombres, como los llamados “promise keepers o tradwives” (cuya ideología se exporta a muchos otros países), ofrecen un compromiso “atractivo” para las mujeres: ser buenos proveedores y tratarlas bien a cambio de su sumisión y dependencia. “Patriarcado suave” se ha llamado a este tipo de movimientos.
Otras expresiones, como el llamado Project 2025, liderado por la comunidad evangelista norteamericana que respalda al presidente de ese país, es mucho más radical en sus propuestas para las mujeres en las cuales, por supuesto, además de lo anterior, desaparecen de manera esencial los derechos sexuales y reproductivos. Los mismos objetivos se aprecian en Costa Rica con la eliminación de los programas de educación para la afectividad y la sexualidad.
No es posible dejar de señalar que este retorno de las mujeres a los hogares tiene un profundo interés económico dado el peso que las labores de cuidados y el trabajo no remunerado tienen en las economías nacionales, recursos que se capitalizarían si las mujeres retornan a los mismos en condiciones de explotación como ha sido a lo largo de la historia.
Crisis de representación política de las mujeres
Mientras todo esto sucede, en los últimos años hemos sido testigas de la desvirtuación de la aspiración democrática sobre la participación política de las mujeres expresado en el hecho de que —conforme aumenta la presencia de mujeres en puestos de elección popular— crece el número de ellas aliadas a los poderes patriarcales, sumisas y plegadas a liderazgos masculinos machistas. No solo carecen de una agenda propia para avanzar los derechos de las mujeres, muchas han sido actoras directas de propuestas anti derechos, protectoras de abusadores sexuales e impulsoras de ideologías conservadoras.
Así, las mujeres nos enfrentamos a una crisis de representación en momentos cuando muchos de nuestros derechos están siendo afectados. Las conquistas históricas de acceso paritario a los puestos de elección popular no garantizan que los intereses de las mujeres sean adecuadamente representados en los espacios de elección pues los liderazgos de los partidos políticos siguen siendo mayoritariamente masculinos y muchos cooptan a las mujeres para sus propias agendas. La formación política de las mujeres, a la cual les obliga la legislación electoral, no se cumple o carece de enfoque de género. Simultáneamente, aquellas mujeres que se distancian de los mandatos machistas en su ejercicio de la función pública son víctimas de la violencia política, misma que ha dejado de ser solo verbal para atentar de manera directa contra su integridad física. De nuevo, "calladita y en casita, más bonita".
El ejemplo más triste de esta crisis de representación y de la violencia simbólica contra las mujeres fue el hecho de que la mujer —que ostenta la principal magistratura del país— entregara el control político y financiero de su gobierno (mediante el recurso de doble postulación, concentración indudable de poder) a un hombre que en el ejercicio de la función pública se dedicó cotidianamente a deslegitimar a las mujeres. Y, al mismo tiempo, elimina el rango de ministra a la presidenta ejecutiva del Inamu limitando con ello la posibilidad de que las políticas en favor de las mujeres se discutan y analicen en el Consejo de Gobierno y que se pueda solicitar rendición de cuentas a los sectores, ministerios e instituciones que no cumplen con las mismas.
La promesa incumplida del Estado: el desmantelamiento institucional
Presionado por el movimiento de las mujeres, en 1994-1995 (antes incluso de que se aprobara la Plataforma de Beijing) Costa Rica acordó y financió políticas públicas para el adelanto de las mujeres (derechos políticos, no violencia, igualdad de oportunidades) con gran impulso y visibilidad durante esos años y en los primeros del nuevo milenio. Mediante estas políticas el estado llamó a las mujeres a romper el silencio frente a la violencia machista, el sexismo y la desigualdad e hizo una promesa de protección y de acción pública para avanzar derechos, erradicar los malos tratos y reducir las brechas de igualdad.
Sacó del ámbito de la intimidad doméstica, de la institucionalidad patriarcal, de los rincones oscuros de las aceras y de las calles las violaciones cotidianas que sufren las mujeres y las niñas. Las expuso, condenó y prometió protección y sanción diligente. Para ello, se aprobaron leyes, normas y reglamentos. Se crearon instituciones especificas llamadas a velar por esas obligaciones. Se aprobaron políticas públicas nacionales con mandatos para el estado en su conjunto. Tres décadas después existieron avances, siendo el más importante el cambio cultural que, tras décadas, posibilitó que la igualdad de las mujeres, la no discriminación y no violencia permanecieran en la agenda nacional y en el imaginario social como aspiración compartida, aunque frágil, como hemos podido apreciar en los últimos años.
Lamentablemente, el compromiso político con estas políticas públicas no fue siempre el mismo en todos los periodos políticos (particularmente en cuanto a la dotación de recursos sostenibles que las mismas necesitaban) hecho que se acentuó de manera sustantiva con el arribo de la administración 2022-2026. Las mismas fueron debilitadas, se les coartó de impulso político y de apoyo efectivo. Más grave aún, la principal entidad de la llamada estructura de género del país, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Inamu, no solo se debilitó y fue objeto de una “reorganización” burocrática y de des especialización, sino que su función e imagen fue desvirtuada por sus jerarquías que aparentemente la utilizaron para fabricar denuncias falsas contra funcionarios públicos, mientras guardaron silencio vergonzante frente a abusos sexuales perpetrados por hombres en clara posición de poder.
No se puede dejar de mencionar que esta institución ingresó también a la lista de entidades señaladas e investigadas por aparente mal uso de recursos públicos mediante esquemas de tercerización de servicios que terminaron siendo una burla para las mujeres necesitadas de apoyos. Así las cosas, el Estado rompe su promesa de protección y auxilio para las mujeres. Las deja solas y con miedo luchando frente a las violencias y la discriminación en un proceso de reprivatización de la violencia machista. Como hace treinta años, las mujeres tendrán que desarrollar sus propias estrategias de sobrevivencia esperando no ser asesinadas en el intento. Con el desmantelamiento y descrédito del INAMU se cierra el círculo de todo este embate contra las mujeres.
¿Por qué el ensañamiento contra las mujeres?
Ya se han señalado las motivaciones populistas que pueden explicar en parte este embate contra las mujeres: la defensa de privilegios y la posibilidad de apropiarse de nuestros cuerpos y de nuestro trabajo no remunerado. Pero, falta uno: tal vez el más importante.
De todas las propuestas político-ideológicas de lo que se comprende como el periodo histórico de la modernidad, los feminismos se siguen manteniendo como una utopía posible al aportar una cosmovisión abarcadora desde las estructuras originarias del poder y la desigualdad social. Las propuestas feministas, al colocar en el centro el cuidado de la vida, la persona humana y a la naturaleza, posibilitan la mirada crítica y la superación de todos los sistemas políticos conocidos, las desigualdades y diferencias, para la construcción de una convivencia no jerarquizada, igualitaria, donde todas y todos pueden tener un lugar y una vida en dignidad. Como abanderadas de los feminismos, las mujeres representamos el riesgo más serio contra la sociedad patriarcal y todas sus formas de organización social y económica. Por eso nos persiguen tanto de manera individual como colectiva.
Profundizar el análisis y las propuestas feministas para la sociedad costarricense actual, el diálogo constructivo y propositivo con otros movimientos sociales y políticos, es una de las tareas más importante del momento que vivimos.
¡Sigamos adelante construyendo futuro juntas!