Las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica, en las que calificó de “comunistas” a todos los sectores de oposición y expresó que “ojalá desaparecieran” del país, no pueden leerse como un simple exceso retórico o una frase desafortunada pronunciada en medio de la polarización política que promueve el gobierno. Son declaraciones profundamente graves, especialmente en una región cuya historia está marcada por el autoritarismo, la persecución política y el terrorismo de Estado.
En democracia, la oposición no es un enemigo interno. Es una pieza esencial del sistema democrático. Cuando desde el poder se deshumaniza a quienes piensan distinto, cuando se les presenta como una amenaza absoluta para la nación o como actores cuya desaparición sería deseable, se cruza una línea peligrosa. La historia latinoamericana demuestra que los discursos que convierten a la disidencia en “enemigo” casi nunca se quedan únicamente en las palabras.
Durante las décadas de los setenta y ochenta, la región vivió algunos de los episodios más oscuros de su historia precisamente bajo esa lógica. En nombre de la lucha contra el “comunismo”, regímenes militares y gobiernos autoritarios desarrollaron estructuras sistemáticas de represión que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y el surgimiento de grupos paramilitares afines al gobierno.
La Operación Cóndor es quizá el ejemplo más brutal de cómo el discurso del enemigo interno terminó transformándose en maquinaria estatal de exterminio. Bajo la coordinación de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, miles de personas fueron perseguidas, secuestradas, desaparecidas o asesinadas por sus ideas políticas o por ser consideradas opositoras. El lenguaje utilizado entonces también hablaba de “salvar la patria”, “limpiar la nación del comunismo” o eliminar a quienes eran vistos como una amenaza ideológica.
En Guatemala, El Salvador y Honduras, la doctrina de seguridad nacional promovida durante la Guerra Fría justificó la creación de aparatos represivos y grupos paramilitares responsables de masacres, desapariciones y asesinatos selectivos. En muchos casos, bastaba con ser sindicalista, estudiante, periodista, defensor de derechos humanos o simplemente crítico del gobierno para ser etiquetado como “subversivo” o “comunista”. Esa estigmatización abrió la puerta a violaciones masivas y graves de derechos humanos juzgadas posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso preocupa profundamente escuchar discursos que evocan esa misma lógica. Costa Rica ha construido históricamente una identidad democrática basada en el pluralismo, el diálogo político y la ausencia de ejército. Precisamente por eso, resulta alarmante que desde la más alta magistratura del país se recurra a expresiones que alimentan el odio político y que presentan a la oposición como un actor cuya desaparición sería deseable.
El contexto actual hace estas declaraciones todavía más delicadas. A la luz del llamado “Honduras Gate” -y de las preocupaciones públicas sobre redes de poder, opacidad y dinámicas de influencia política regional- las palabras presidenciales adquieren una dimensión aún más inquietante. Porque la erosión democrática rara vez ocurre de golpe. Comienza, muchas veces, con el deterioro del lenguaje público, con la normalización de la agresión verbal, con la construcción de enemigos internos y con el debilitamiento de los consensos democráticos básicos.
La experiencia latinoamericana demuestra que los proyectos autoritarios no nacen únicamente de los tanques o los golpes militares. También nacen de liderazgos que desacreditan sistemáticamente a la prensa, atacan a los poderes del Estado, ridiculizan a la oposición y convierten el disenso en traición. El odio político no aparece espontáneamente: se construye desde el discurso.
No se trata de equiparar automáticamente la realidad costarricense actual con las dictaduras del siglo XX. Sería irresponsable y simplista hacerlo. Pero sí se trata de reconocer patrones históricos y advertir sobre los riesgos de trivializar discursos que, en nuestra región, precedieron algunas de las peores atrocidades de la historia contemporánea.
Las democracias se deterioran cuando la ciudadanía empieza a aceptar que quienes piensan distinto merecen menos derechos, menos legitimidad o incluso menos humanidad. Y se deterioran todavía más cuando esas ideas provienen desde el poder.
Costa Rica necesita más debate democrático y menos enemigos imaginarios. Necesita liderazgos capaces de sostener el disenso sin convertirlo en odio. La historia latinoamericana ya mostró demasiadas veces el precio que se paga cuando el poder decide que hay personas que “sobran” en una nación.