En los últimos años, se ha impulsado en la Asamblea Legislativa el expediente 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que propone transformar el modelo eléctrico costarricense mediante la apertura parcial del mercado energético nacional. El proyecto plantea una reorganización del Sistema Eléctrico Nacional con la participación de nuevos actores privados en actividades de generación, comercialización y gestión del servicio eléctrico, bajo el argumento de modernizar el sistema, aumentar la competitividad y reducir costos para las personas consumidoras.
Durante los últimos años, la propuesta ha contado con el respaldo de sectores empresariales como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), así como de cámaras vinculadas al sector energético y productivo que han insistido en la necesidad de flexibilizar la participación privada en el mercado. Sin embargo, el proyecto ha despertado cuestionamientos por parte de sindicatos, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales, que advierten sobre los riesgos de debilitar el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como eje central del sistema eléctrico nacional y garante del acceso universal al servicio.
Más allá del discurso de eficiencia y modernización, diversos sectores consideran que esta iniciativa podría representar un avance hacia la liberalización progresiva del mercado eléctrico costarricense. Incluso, criterios técnicos emitidos por el propio ICE señalan preocupaciones sobre la fragmentación de la planificación energética nacional y la pérdida de capacidades estratégicas del Estado en materia de generación y distribución eléctrica. Asimismo, distintas organizaciones han advertido que el proyecto concentra nuevas competencias en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y reduce el papel operativo histórico del ICE dentro del Sistema Eléctrico Nacional.
El debate adquiere aún mayor relevancia debido a que en Costa Rica el acceso a servicios públicos esenciales como el agua potable y la electricidad ha sido reconocido históricamente como parte fundamental del modelo solidario del Estado social de derecho. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en múltiples resoluciones la obligación estatal de garantizar servicios públicos esenciales bajo principios de continuidad, universalidad, eficiencia y acceso para toda la población. En este contexto, críticos del expediente 23.414 sostienen que una apertura del mercado sin controles robustos podría poner en riesgo la lógica solidaria que ha caracterizado al sistema eléctrico costarricense durante décadas.
La construcción histórica del modelo eléctrico costarricense
El modelo eléctrico costarricense ha sido históricamente construido mediante una combinación de esfuerzos estatales, municipales, cooperativos y comunitarios orientados al acceso universal del servicio. La expansión de la electrificación nacional no respondió únicamente a criterios de mercado, sino a una visión de desarrollo solidario que permitió llevar electricidad a comunidades rurales y territorios históricamente excluidos.
El sistema eléctrico nacional se consolidó como uno de los pilares del Estado social de derecho a partir de mediados del siglo XX. Uno de los principales impulsores tempranos de esta visión fue el expresidente Alfredo González Flores, quien defendió la necesidad de fortalecer el papel del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Décadas después, durante la administración de Otilio Ulate Blanco, se concretó la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en 1949, institución encargada de liderar la planificación, generación, transmisión y expansión del sistema eléctrico nacional. Este proceso también estuvo acompañado por la consolidación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), creada en 1941, como parte de la expansión eléctrica en el Valle Central.
Posteriormente, durante el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, se impulsó una importante etapa de fortalecimiento y expansión de la infraestructura energética nacional, orientada a consolidar una red eléctrica integrada capaz de abastecer a gran parte del territorio costarricense. Estas políticas contribuyeron a profundizar el proceso de electrificación nacional y sentaron bases fundamentales para el desarrollo de la actual matriz energética costarricense.
La construcción del Sistema Eléctrico Nacional inició poco después de la fundación del ICE, bajo el objetivo de desarrollar una red eléctrica integrada capaz de abastecer a todo el territorio costarricense. Desde entonces, el ICE se consolidó como el principal productor y articulador del sistema eléctrico del país, acompañado por cooperativas de electrificación rural, empresas municipales y generadores privados. Según la Ley para el Fortalecimiento del ICE y reforma integral de la Ley N.º 449, el acceso a la electricidad es considerado un derecho básico de la población costarricense y debe brindarse de manera universal, eficiente, sostenible y continua.
Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado una cobertura eléctrica cercana al 99,4 % del territorio nacional y una matriz energética compuesta en más de un 98 % por fuentes renovables. Estos avances no fueron únicamente resultado de la acción estatal centralizada. En muchas regiones alejadas del Gran Área Metropolitana, comunidades organizadas impulsaron proyectos de electrificación local ante la ausencia de cobertura inmediata. Así surgieron instituciones como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y cooperativas como Coopesantos, Coopelesca, Coopeguanacaste y Coopealfaroruiz, las cuales actualmente también participan en generación eléctrica mediante proyectos de energía renovable.
Precisamente, este modelo mixto, compuesto por instituciones estatales, municipales y cooperativas, es señalado por distintos sectores como uno de los factores que permitió la universalización del servicio eléctrico en Costa Rica y que hoy podría verse afectado por una apertura más amplia del mercado energético.
Las experiencias de privatización en América Latina
En el contexto internacional, diversos países impulsaron desde la década de 1990 procesos de privatización y liberalización de sus sistemas eléctricos bajo políticas económicas de corte neoliberal promovidas por organismos financieros internacionales. En América Latina, países como Chile, Argentina, Brasil, Panamá y otras naciones centroamericanas trasladaron progresivamente funciones estratégicas del sector eléctrico hacia empresas privadas, bajo el argumento de modernizar la infraestructura energética, aumentar la competitividad y atraer inversión extranjera.
Diversas investigaciones sobre privatización de servicios públicos en América Latina advierten que, aunque en algunos casos se amplió la capacidad instalada de generación eléctrica, las reformas también provocaron concentración empresarial, aumento de tarifas, debilitamiento de la regulación estatal y conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos privados. Asimismo, distintos estudios señalan que las decisiones estratégicas dejaron de responder prioritariamente a criterios de acceso universal y planificación pública, para orientarse cada vez más hacia dinámicas de mercado y rentabilidad privada.
En Chile, considerado uno de los primeros laboratorios de liberalización eléctrica en América Latina, el sistema energético quedó progresivamente concentrado en grandes conglomerados privados. Aunque el país logró expandir su capacidad de generación eléctrica, diversos sectores sociales y políticos han cuestionado la fragilidad del modelo debido a problemas de coordinación, alta dependencia del mercado y episodios de apagones masivos. Incluso recientemente, sectores políticos chilenos han planteado la necesidad de recuperar una mayor presencia estatal en la administración energética tras las fallas registradas en el sistema eléctrico nacional.
Situaciones similares también se han señalado en Argentina, donde las reformas impulsadas durante la década de 1990 trasladaron buena parte de la distribución y comercialización eléctrica hacia empresas privadas. Organizaciones de consumidores y especialistas han cuestionado el aumento sostenido de tarifas eléctricas y la insuficiencia de inversión en infraestructura energética, especialmente en momentos de crisis y apagones recurrentes.
Uno de los casos más relevantes de la región es el de Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina. Su proceso de privatización durante el gobierno de Jair Bolsonaro generó fuertes debates sobre soberanía energética, aumento de tarifas y debilitamiento del papel estratégico del Estado brasileño en el sector eléctrico. Diversos especialistas y organizaciones sociales advirtieron que la desestatización podría priorizar la rentabilidad financiera sobre la función social del sistema energético.
Como referente fuera de América Latina, el caso de España también suele citarse debido a la privatización progresiva de su sistema eléctrico durante la década de 1990. Actualmente, el mercado energético español se encuentra dominado por grandes corporaciones como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, mientras sectores sociales y especialistas cuestionan el aumento de tarifas, la concentración empresarial y la fuerte dependencia de las dinámicas de mercado.
Costa Rica y el antecedente del “Combo del ICE”
En contraste con gran parte de la región, Costa Rica ha mantenido históricamente un modelo predominantemente público y cooperativo, donde el ICE continúa ocupando un papel central en la planificación y funcionamiento del sistema eléctrico nacional. De hecho, el ICE sigue siendo el principal generador eléctrico de Centroamérica y una de las instituciones estratégicas más relevantes del país en materia energética.
Esta permanencia ha sido posible tanto por la solidez institucional del ICE como por importantes procesos de resistencia social, como las movilizaciones contra el “Combo del ICE” en el año 2000. En aquel momento, amplios sectores estudiantiles, sindicales, comunales y ciudadanos rechazaron reformas que buscaban abrir a la competencia privada sectores estratégicos como electricidad y telecomunicaciones. Las movilizaciones lograron frenar el proyecto y consolidaron una discusión nacional sobre el papel de los servicios públicos, la soberanía energética y la función social del Estado.
No obstante, especialistas advierten que Costa Rica no ha estado completamente aislada de las dinámicas de liberalización parcial del sector eléctrico. En las últimas décadas ha aumentado la participación privada en generación energética mediante contratos y proyectos renovables privados. Precisamente por ello, el expediente 23.414 ha despertado preocupación en sectores sociales, sindicales y académicos, que consideran que la creación de un Mercado Eléctrico Nacional podría profundizar procesos de mercantilización del servicio eléctrico y modificar estructuralmente el modelo solidario y público que históricamente ha caracterizado al sistema energético costarricense.
Un debate que continúa abierto
Frente a este panorama, diversos sectores sociales, sindicales, académicos y comunitarios han manifestado fuertes críticas al expediente 23.414, al considerar que la propuesta representa un avance hacia la liberalización progresiva del sistema eléctrico costarricense. Aunque el proyecto se presenta bajo un discurso de “modernización” y “armonización” del mercado eléctrico, sus detractores advierten que podría debilitar el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como institución encargada de garantizar el acceso universal, solidario y planificado de la electricidad en el país.
Las críticas también apuntan a que el proyecto podría profundizar desigualdades territoriales y abrir espacio a una mayor concentración del mercado energético en manos de grandes actores privados. Para distintos sectores, la experiencia internacional demuestra que los procesos de apertura y privatización no necesariamente garantizan tarifas más bajas ni mejores servicios, sino que frecuentemente generan dependencia de intereses corporativos y pérdida de control público sobre sectores estratégicos.
En ese contexto, distintos movimientos sociales han comenzado a señalar la necesidad de una mayor movilización ciudadana para defender el modelo eléctrico público costarricense, retomando como referencia histórica las protestas contra el “Combo del ICE”. Para quienes se oponen al expediente 23.414, la discusión no se limita únicamente a un cambio técnico o administrativo, sino a una disputa sobre el modelo de desarrollo que se pretende impulsar para el país.
El caso costarricense ha sido reconocido internacionalmente por alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica, estabilidad operativa y producción de energía renovable bajo un modelo predominantemente público y cooperativo. Durante décadas, el ICE, junto con cooperativas y empresas públicas regionales, permitió construir uno de los sistemas eléctricos más sólidos de América Latina, caracterizado por una amplia cobertura territorial y una planificación energética orientada al interés colectivo. Precisamente por ello, diversos sectores sostienen que cualquier transformación del sistema eléctrico debe partir del fortalecimiento institucional, la sostenibilidad ambiental y la protección del acceso universal al servicio, evitando que decisiones estratégicas queden subordinadas exclusivamente a dinámicas de rentabilidad privada.
En medio de un contexto internacional marcado por crecientes cuestionamientos a los procesos de privatización energética, Costa Rica enfrenta nuevamente una discusión de fondo sobre soberanía energética, planificación estatal y el papel de los servicios públicos dentro del modelo de desarrollo nacional. Más allá de las diferencias políticas e ideológicas alrededor del expediente 23.414, el debate trasciende una discusión meramente técnica y plantea interrogantes sobre el futuro de uno de los pilares históricos del Estado social costarricense.
Para diversos sectores sociales, sindicales y académicos, lo que hoy está en juego no es únicamente el futuro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino también parte del modelo de bienestar construido en Costa Rica a lo largo del siglo XX bajo la consolidación del Estado social de derecho. Instituciones públicas, servicios universales y derechos fundamentales como el acceso a la electricidad fueron resultado de procesos históricos impulsados tanto desde el Estado como desde las luchas sociales y comunitarias que defendieron una visión solidaria del desarrollo nacional.
Precisamente por ello, distintos movimientos sociales advierten que las transformaciones impulsadas en sectores estratégicos como el eléctrico no pueden analizarse únicamente desde criterios de mercado o rentabilidad económica, sino también desde sus implicaciones sociales, territoriales y democráticas. En ese sentido, el debate actual también representa un reto para los movimientos sociales costarricenses, que nuevamente enfrentan el desafío de participar en la discusión pública sobre el futuro de instituciones y derechos históricamente vinculados a los servicios públicos y al papel del Estado en áreas estratégicas para el país
Asimismo, distintas voces han señalado que las nuevas generaciones tendrán un papel fundamental dentro de esta discusión. En un contexto donde los modelos de desarrollo y los derechos sociales vuelven a ponerse en debate, las juventudes tendrán un papel clave para informarse, participar activamente y formar criterio sobre el futuro de los servicios públicos y el modelo de desarrollo nacional
El desenlace de esta discusión legislativa no solo marcará el futuro del sistema eléctrico nacional, sino también el rumbo del modelo de Estado y de desarrollo que Costa Rica pretende construir para las próximas décadas.