Ejecutivo argumentó que la iniciativa impulsada por la exdiputada Monserrat Ruiz podía desfinanciar al Cenecoop y al Conacoop.
El Poder Ejecutivo envió este miércoles el veto total, por razones de oportunidad y conveniencia, al Decreto Legislativo 10.947 (tramitado bajo el expediente 23.719) que pretendía fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (Sinca).
La iniciativa posibilitaba la exención del pago de tributos, por un plazo de cinco años, a las entidades cooperativas dedicadas a ofrecer servicios de cuidado infantil o servicios de apoyo y atención a la dependencia, y permitía que todas las cooperativas del país pudieran descontar de los aportes que deben hacer al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) los subsidios, bonos o transferencias que otorgaran a las personas asociadas o a las personas trabajadoras para que cubrieran parcial o totalmente los costos asociados a servicios de cuidados y desarrollo infantil o servicios de atención a la dependencia.
El veto señala que, si bien la reforma se refiere en primer término y en apariencia a las cooperativas nuevas, "no se contempla la posibilidad de que cooperativas actualmente en funcionamiento adicionen su objeto social para optar por el beneficio. Así, una cooperativa que ya está pagando el tributo por su actividad original podría exonerarse de su pago y dedicarlo a la nueva actividad durante 5 años".
El Poder Ejecutivo justificó el veto al indicar que el texto aprobado "incide sobre el financiamiento y probablemente sobre la continuidad del funcionamiento del Consejo Nacional de Cooperativas, que se financia principalmente con las cargas parafiscales que deben pagar las cooperativas según el mandato del artículo 136 de la Ley 4179", y añade:
La ejecución de esta nueva disposición legal llevaría al absurdo de que todos los ingresos por cargas parafiscales, que son el principal sustento del Conacoop, podrían perderse para la entidad durante cinco años, ya sea en relación con cooperativas nuevas, pero también con cooperativas ya vigentes y activas que modifiquen su objeto social, o bien con cooperativas activas que creen centros de cuido de niños y de adultos mayores”.
El veto señala que la nueva ley despojaría al Conacoop "de sus principales y mayoritarios ingresos al posibilitar la exoneración de pago de cargas parafiscales y, con ello, se provocaría la imposibilidad de cumplimiento de las funciones legales de la entidad", y también afectaría de igual forma al Cenecoop. El veto fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández Delgado.
Tras conocerse el veto al proyecto, la exdiputada Monserrat Ruiz Guevara, proponente del proyecto, lamentó la decisión del Poder Ejecutivo y rescató que la ley "buscaba fortalecer servicios de cuido para niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de dependencia".
Sobre el contenido del veto, Ruiz indicó:
Para el Ejecutivo, proteger cargas parafiscales y los ingresos de estructuras de gobernanzas cooperativas, pesó más que impulsar servicios y apoyos para quienes cuidan. Es una pena que el veto haya sido total y no parcial, porque si el Ejecutivo consideraba que existían aspectos técnicos o financieros que debían corregirse, esos puntos perfectamente podían subsanarse mediante un veto parcial o ajustes específicos”.
"En Costa Rica cuidar sigue teniendo rostro de mujer, de mujer cansada, de mujer que deja trabajos, de mujer que sostiene sola hogares completos, personas adultas mayores, hijos e hijas, personas con discapacidad y familiares dependientes. Y, aun así, vetan herramientas para ampliar servicios y apoyos", añadió la exdiputada.