Proyecto permitiría a las instituciones ofrecer defensa legal a su personal cuando sean denunciados penalmente por actos realizados en el ejercicio de su cargo.
El Poder Ejecutivo incluyó este martes en la agenda de sesiones extraordinarias el proyecto de ley (expediente 23.958), presentado por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Horacio Alvarado Bogantes, que busca habilitar a las instituciones públicas a que puedan brindar defensa legal en materia penal a su personal cuando sean denunciados por actuaciones directamente relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
La exposición de motivos justifica esta medida señalando:
Esta propuesta busca brindar una protección adecuada a aquellos servidores públicos que, en el desempeño de sus labores, se ven expuestos a denuncias infundadas o maliciosas que ponen en riesgo su reputación y estabilidad laboral".
El proyecto de ley establece que las instituciones podrán recurrir a los abogados institucionales o realizar contrataciones externas, para activar la defensa cuando la persona así lo solicite y se cumpla con los siguientes requisitos:
- La valoración por parte de la institución del cumplimiento o ejercicio funcional por parte de la persona funcionaria sujeta al proceso judicial, siempre y cuando no sea la misma institución la que denuncie al funcionario por aparente acto ilícito o resarcible, o cuando exista conflicto de interés.
- Se valore que tal medida podría contribuir a que en el futuro no se causen perjuicios económicos para la entidad o que, con la debida defensa profesional, a cargo de la institución se podría evitar un mayor daño en perjuicio de la institución.
- Cuando se considere mediante acto debidamente fundamentado que existe viabilidad técnica y financiera.
El texto también establece como requisito que las instituciones deberán asegurarse el cobro de los gastos, en el caso que la persona defendida penalmente con fondos públicos resulte con una condena en firme o que se acoja a una medida alterna en cualquiera de las instancias judiciales, para lo cual permite que utilicen garantías, pagos fraccionados, caución o cualquier otro instrumento legal que asegure el cumplimiento de esta obligación.
Adicionalmente, el texto deja abierta la posibilidad a que se establezca "cualquier otro requisito que la Administración Pública considere conveniente".
El proyecto señala que le corresponderá al jerarca de cada institución y a la persona denunciada decidir si la mejor alternativa es la representación legal por parte de la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública del Poder Judicial o por medio de la representación institucional o contratación externa, y autoriza a la Administración a firmar convenios entre instituciones para que puedan asumir la representación y defensa del personal de las entidades.
La iniciativa de ley propone que, en los casos en que se exonere a la persona y esta reciba condena a favor en costas personales, los recursos le corresponderán a la institución que brindó el patrocinio legal.
El texto actualizado señala, además, que la Administración Pública deberá contar con pólizas colectivas que permitan asumir la eventual defensa legal y autoriza a las instituciones del sector público a firmar convenios con universidades públicas y privadas, así como con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que los departamentos legales de las instituciones se especialicen en materia penal.
La convocatoria de este proyecto a sesiones extraordinarias fue firmada este martes por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles.