Institución plantea una reforma estructural que preserve la suficiencia de las pensiones y distribuya las cargas del ajuste con criterios de equidad.
La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.
La posición fue emitida tras el informe técnico remitido por la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la Junta Directiva, dado a conocer este lunes y titulado Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones.
Según la Defensoría, la sostenibilidad financiera del régimen debe garantizarse sin debilitar el derecho a la seguridad social ni trasladar el costo principal de los ajustes a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas.
Propuestas bajo análisis
El informe técnico de la Gerencia de Pensiones identifica 20 propuestas agrupadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas.
Entre las medidas incluidas están el ajuste de la tasa de reemplazo básica, una contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones para octubre de este año.
Frente a esas alternativas, la Defensoría sostuvo que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. La institución considera que la tasa de reemplazo integral, sumando IVM y Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), no debe ser inferior al 75%.
La Defensoría agregó que el análisis debe realizarse no solo sobre montos brutos, sino sobre el ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. En esa línea, advirtió que una eventual contribución al Seguro de Salud reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales.
Riesgos de exclusión
La institución también expresó preocupación por propuestas que eleven el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado.
Según la Defensoría, en un mercado laboral marcado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que cotizaron durante años, pero no logran completar las condiciones exigidas para una pensión ordinaria.
Por esa razón, planteó valorar una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden sin protección en la vejez.
La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia”.
Ruta alternativa
La Defensoría indicó que remitirá una posición técnica con alternativas para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.
Entre los elementos que incluirá el documento están la ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejora en la administración de las reservas.
La institución agregó que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente.