El ente defensor informó que el IMAS no incorpora nuevos casos ni sustituciones en el subsidio de la Red de Cuido Infantil desde enero de 2026, ante un faltante presupuestario de ₡1.588.932.500.
La Defensoría de los Habitantes informó que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó la suspensión de nuevos ingresos y sustituciones en el subsidio del programa Red de Cuido Infantil a partir de enero de 2026, debido a limitaciones presupuestarias.
Según la información trasladada al ente defensor, el programa —que otorga una transferencia económica a familias en condición de pobreza o vulnerabilidad para facilitar que madres y padres puedan trabajar o estudiar mientras sus hijos reciben atención en servicios de cuido— registró un aumento en su cobertura durante el cuarto trimestre de 2025.
A diciembre de 2025, el IMAS reportó 29.198 personas menores de edad beneficiarias, frente a 26.066 registradas en el mismo mes de 2024, lo que implicó una mayor demanda de recursos para mantener la continuidad del subsidio durante 2026.
El informe indica que, a enero de 2026, se identificó un faltante aproximado de ₡1.588.932.500 para garantizar la cobertura total asignada. En ese contexto, la Dirección de Desarrollo Social instruyó no realizar nuevas inclusiones ni sustituciones, con el fin de priorizar la sostenibilidad de los recursos disponibles, exceptuando a las personas menores de edad beneficiadas bajo la modalidad de Casas de la Alegría.
No obstante, la Defensoría solicitó información sobre la población menor de edad entre 0 y 12 años en condición de pobreza o pobreza extrema que se encuentra en lista de espera o calificada para ingresar al programa en el periodo 2025-2026, la cual asciende a 4.654 personas. Estas se concentran principalmente en diversas Unidades Locales de Desarrollo Social, incluidas zonas como Puntarenas, Alajuela, Cristo Rey, Barrio Amón, Pavas, Liberia y Sarapiquí, entre otras.
En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades del IMAS para garantizar la asignación de recursos que permita fortalecer la continuidad del programa, recordando la obligación del Estado costarricense de asegurar alternativas de cuido y atención para personas menores de edad, especialmente cuando sus familias requieren apoyo para acceder a oportunidades educativas y laborales.