Costa Rica no tiene que escoger entre abrir el mercado eléctrico o defender al ICE. Tiene que decidir quién captura la renta de la electricidad limpia en la era de la inteligencia artificial.
Costa Rica tiene algo raro en el mundo, pero conviene nombrarlo con precisión. No es “100% renovable” en toda su energía. Sí es, en cambio, un país excepcionalmente renovable en electricidad. En 2025 atendió 97,3% de la demanda eléctrica con fuentes renovables y produjo 98,6% de la electricidad con esas fuentes. Esa no es una consigna verde. Es una ventaja estratégica real, medible y, sobre todo, escasa en el contexto internacional.
Por eso el expediente 23.414 no debería discutirse como si fuera solo un pleito entre “apertura” y “monopolio”. La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, es una decisión sobre política industrial. El proyecto reordena actores, crea nuevas figuras de mercado y reconoce, entre otras cosas, a los agregadores de recursos de la demanda. En otras palabras, abre la puerta a un sistema donde la flexibilidad también tiene valor. Y esa distinción importa porque cambia la pregunta de fondo: ya no se trata solo de quién genera o vende electricidad, sino de quién captura el valor económico que se puede construir alrededor de ella.
Esa puerta se abre justo cuando el mundo cambió. La IEA estima que el consumo eléctrico de data centers se duplicará hacia 2030 hasta rondar los 945 o 950 TWh. En 2025, además, la demanda de estos centros creció 17%. Dicho más simple: la inteligencia artificial no solo está cambiando el trabajo, el software o la competencia tecnológica. También está disparando la demanda global de infraestructura digital intensiva en energía. La electricidad volvió al centro de la política industrial.
Aquí es donde Costa Rica se puede equivocar gravemente. Si usa esta ley para abaratar energía de grandes consumos sin diseño fino, podría terminar regalando una ventaja acumulada durante décadas. El DOE y Lawrence Berkeley Lab ya lo advirtieron para el debate internacional: los data centers pueden ayudar a integrar renovables si se vuelven cargas flexibles, pero una mala estructura tarifaria también puede producir subsidios cruzados y trasladar a hogares y pymes parte del costo del sistema.
El dilema correcto, entonces, no es si Costa Rica debe modernizar su mercado eléctrico. Claro que debe. El dilema correcto es para qué. ¿Para que unos pocos grandes consumidores compren más barato y capturen el margen? ¿O para construir una economía donde la electricidad limpia se convierta en servicios digitales, cumplimiento, empleo técnico, propiedad intelectual y exportación regional? Esa diferencia cambia todo. “Costa Rica no debería vender electrones baratos. Debería vender electricidad limpia coordinada con cómputo flexible“.
Ese modelo país, si se quiere nombrar con claridad, es un hub soberano de energía y cómputo limpio. Sus bases son concretas: soberanía de red, tarifas para cargas flexibles, captura local de valor, anclaje regional, distribución territorial del beneficio y ecosistema tecnológico local. La idea no es atraer consumo por sí mismo, sino atraer y coordinar actividades que dejen empleo técnico, software, cumplimiento, proveedores y capacidad de decisión en Costa Rica.
Ahí es donde entra el caso de GreenPow, no como excepción costarricense, sino como ejemplo del tipo de capacidad que el país debería querer cultivar: desarrollo de tecnología en la intersección del cómputo y la energía. En operación, GreenPow realizó shifting de cómputo en Latinoamérica y Europa, y validó que ese desplazamiento productivo podía optimizar el uso de energía, y disminuyó las emisiones de CO2 hasta 62,6% frente a una línea base de cómputo estático medida en 2019 y seguida hasta 2025.
Eso no equivale, por sí solo, a una política pública ya probada para Costa Rica. Sí demuestra algo importante: esta conversación no es ciencia ficción y ya existe una tecnología capaz de conectar energía, cómputo e inteligencia operativa de una manera mucho más sofisticada que la lógica tradicional de consumir electricidad sin coordinación.
Aquí está la parte decisiva. Un modelo global de cómputo distribuido puede extraer valor de países con buena energía o puede fortalecerlos. La diferencia está en la gobernanza y el modelo país. Si Costa Rica construye primero un marco soberano propio, una tecnología como la que persigue GreenPow podría jugar a su favor: el país dejaría de ser solo un vendedor de energía y pasaría a ser un nodo de alto valor dentro de una red internacional de cómputo coordinado. El orden de los factores importa: primero soberanía regulatoria, captura local de valor y reglas públicas claras; después, integración inteligente con redes y cargas cómputo globales.
Eso también ayuda a despejar un malentendido frecuente. Un modelo distribuido no significa que Costa Rica pierda control ni que su ventaja renovable quede subordinada a operadores externos. Significa que Costa Rica puede participar como un nodo confiable dentro de una arquitectura multinacional: recibir cargas cuando su energía limpia y su capacidad de red lo permitan, desplazar trabajo cuando otro nodo ofrezca mejores condiciones temporales, y aun así capturar empleo, software, trazabilidad, cumplimiento y renta local. En otras palabras, la soberanía no está reñida con la interdependencia. Lo que importa es entrar a la red con reglas propias, no entrar como simple periferia energética.
Además, el país no parte de cero en legitimidad internacional. GreenPow ha recibido apoyo de la Unión Europea miediante su programa Climate-KIC. Ese detalle importa por una razón sencilla: Costa Rica no solo tiene potencial para atraer esta conversación; también tiene talento para liderarla desde aquí. La pregunta es si el marco regulatorio va a permitir que empresas nacidas en Costa Rica construyan esa nueva capa de valor o si la ventaja renovable se va a fugar, una vez más, hacia operadores externos mejor posicionados para capturarla.
Durante años, el modelo económico costarricense ha sido exitoso en zonas francas e inversión extranjera directa. Las cifras lo confirman. Pero el mundo cambió. La siguiente gran discusión ya no es solo cuántos servicios compartidos puede atraer el país; es qué hacer con una electricidad limpia que el resto del mundo necesita cada vez más para entrenar modelos, correr nubes privadas, cumplir estándares y sostener automatización. Si la ley se discute solo como una rebaja tarifaria, se desperdicia. Si se discute como una estrategia de soberanía productiva, todavía hay margen para orientarla.
La conclusión es esta: Costa Rica no debe frenar la modernización, pero tampoco debe regalar su ventaja. Debe convertirla en estrategia nacional: red pública fuerte, mercado inteligente, cargas flexibles, almacenamiento distribuido, valor local y una industria costarricense de cómputo limpio capaz de servir a Centroamérica y más allá. En la era de la IA, la energía no es solo un insumo. También es destino económico.