En la gestión del Estado existe una máxima de prudencia política elemental: aquello que funciona con éxito, que genera estabilidad social y que ha sido el motor del desarrollo nacional durante generaciones, no se desmantela; se defiende y se perfecciona. Lamentablemente, el debate en torno al proyecto de "Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional" (expediente 23.414) parece ignorar esta regla de oro.
Bajo una narrativa que promete una quimérica "modernización" y una supuesta eficiencia, se esconde una reforma ideológica que pretende alterar radicalmente el ADN de nuestro modelo, sustituyendo un sistema de ingeniería solidaria y soberana por un experimento de mercado fragmentado cuyos riesgos pagará directamente la ciudadanía en sus facturas de luz. Este proyecto posee beneficiarios con nombre y apellido: está diseñada a la medida de los grandes generadores privados y los consumidores de alta demanda, erigiendo sus privilegios corporativos sobre el detrimento absoluto del consumidor común.
Para dimensionar la gravedad de esta transformación, es imperativo entender qué es exactamente lo que se pretende desarticular. Actualmente, Costa Rica opera bajo un modelo integrado: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), junto con las empresas públicas municipales y las cooperativas rurales, planifican, producen, transmiten y distribuyen la energía como un solo cuerpo unificado que trabaja a costo real. El proyecto de ley propone fragmentar y descuartizar esta red para crear cinco submercados independientes y competitivos (Contratos, Ocasión, Capacidad, Desviaciones y Servicios Auxiliares). En vez de una red coordinada para asegurar el bienestar, la electricidad pasa a ser tratada como una mercancía sujeta a la lógica ciega de pizarras de subastas de corto plazo, introduciendo intermediarios puros —como los comercializadores y agregadores de demanda— que añaden eslabones de ganancia privada sin aportar un solo kilovatio de valor real al sistema.
El cambio más alarmante de esta estructura no es técnico, sino de poder y gobernanza: la corporativización y captura del ECOSEN, la nueva entidad encargada de administrar estos mercados. El proyecto despoja al ICE de la operación histórica del sistema y se la entrega a este nuevo ente cuya Junta Directiva quiebra el principio constitucional de neutralidad de la función pública. El texto otorga voz y voto directo dentro de la cúpula del ECOSEN a los mismos agentes privados regulados que participan en el negocio: las cámaras de generadores privados y los grandes consumidores. Sentar a los empresarios a definir las reglas del despacho, las tarifas de interconexión y las penalizaciones del mercado donde ellos mismos lucran es institucionalizar un burdo conflicto de intereses. El árbitro del sistema eléctrico deja de responder al interés nacional para convertirse en un directorio corporativo expuesto a la influencia de los grandes ganadores del proyecto.
Bajo el mando de este operador capturado por intereses particulares, el impacto social más devastador es el desmantelamiento material de las tarifas solidarias. El modelo costarricense se sostiene gracias a un pacto social de subsidios cruzados: las grandes industrias y comercios de alta demanda, al estar integrados obligatoriamente a la red pública, ayudan a financiar el costo técnico de llevar postes y subestaciones a las zonas rurales, costeras e indígenas donde la inversión no es comercialmente rentable. El proyecto rompe este lazo de solidaridad al permitir que estos Grandes Consumidores "se fuguen" del sistema público para pactar precios preferenciales y libres con los grandes generadores privados. La matemática es implacable: el costo fijo de mantener la infraestructura nacional no va a desaparecer; al irse los clientes más rentables, toda la carga financiera del país recaerá exclusivamente sobre los usuarios cautivos: las familias, las clases trabajadoras y las pequeñas pymes. Esto representa un golpe de gracia directo al modelo cooperativo rural, que perderá a sus abonados más fuertes y se verá obligado a subir las tarifas residenciales de la gente del campo para poder sobrevivir.
La reforma avanza bloqueando el desarrollo futuro del sector público a través de las subastas obligatorias para la nueva infraestructura. El proyecto establece que cualquier planta de generación que el país necesite construir en el futuro deba someterse a una licitación competitive administrada por el ECOSEN. Aunque el mecanismo se vende bajo la promesa del "precio más bajo", su diseño asegura el desplazamiento sistemático del Estado mediante un estrangulamiento financiero y operativo inducido contra el ICE y las cooperativas. Mientras las corporaciones privadas participan libres de amarras, la ley obliga al sector público a competir manteniendo sobre sus hombros el peso de la Regla Fiscal, el control previo de la Contraloría y los límites de la Ley de Contratación Pública. Al forzar al ICE a competir atado de manos frente a transnacionales, se garantiza que el sector público pierda las subastas, provocando una privatización acelerada de la matriz futura, un riesgo crítico de sobrecapacidad ociosa por malas decisiones privadas indexadas a la tarifa, y la pérdida absoluta de nuestra soberanía energética.
Esta lógica mercantil desensambla incluso la seguridad técnica del sistema con la privatización del soporte vital a través del Mercado de Servicios Auxiliares. En ingeniería eléctrica, estos servicios son los mecanismos esenciales (como el control de voltaje, la regulación de frecuencia y el arranque en negro) que evitan que la red colapse o que los electrodomésticos se quemen. Hoy, el ICE brinda este soporte de seguridad nacional de forma centralizada y a costo real. El proyecto convierte la estabilidad del voltaje en un negocio de oferta y demanda, permitiendo que los generadores privados especulen con los precios de la seguridad de la red en momentos de fallas físicas o crisis climáticas. Esto se complementa con la apertura obligatoria de redes (Open Access), que obliga a las instituciones públicas a ceder la infraestructura que el pueblo pagó durante décadas para que intermediarios privados hagan negocios de oportunidad a precio de saldo, mientras el ICE sigue asumiendo los millonarios riesgos de mantenimiento y depreciación de los activos fijos ante desastres naturales.
Ese afán especulativo se materializa financieramente en el recibo diario a través del Mercado de Ocasión Nacional (MON). El texto introduce el criterio del "costo marginal", que obliga a pagar toda la energía transada en una misma hora al precio de la planta más cara que se encuentre funcionando en ese instante. En una matriz fuertemente dependiente del agua, las épocas de verano o las crisis climáticas como El Niño nos obligan a encender plantas térmicas de respaldo que queman combustibles fósiles. Con el diseño propuesto, si en una hora crítica entra a operar una sola planta privada de diésel o búnker, toda la energía producida por el país en esa hora —incluyendo la hidroeléctrica, la solar y la eólica— se cobrará a precio de diésel. Se trata de un mecanismo nefasto que inflará artificialmente las tarifas residenciales con el único fin de garantizar sobreganancias comerciales desproporcionadas a los generadores particulares.
Incluso en el ámbito ecológico, la ley introduce un incentivo perverso contra la transición renovable mediante el llamado Mercado de Desviaciones. Por su propia naturaleza física, las energías limpias (como la solar y la eólica) son variables porque dependen del clima y no pueden programarse con precisión milimétrica. El proyecto penaliza financieramente a las plantas generadoras cuyas proyecciones no coincidan exactamente con la producción en tiempo real. Al castigar económicamente la variabilidad climática natural, la ley asfixia financieramente a los proyectos renovables de nuestras cooperativas y entes públicos, haciendo que la quema de combustibles fósiles, que sí es controlable, sea un negocio comercialmente más seguro y rentable para el capital privado, debilitando la resiliencia del país ante la crisis climática global.
Finalmente, el texto es una profunda irresponsabilidad jurídica al contener disposiciones transitorias agresivas que imponen un desmantelamiento exprés y forzado del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), poniendo en riesgo la continuidad operativa del suministro nacional. Peor aún, el proyecto actúa como un cheque en blanco al incurrir en graves vacíos técnico-jurídicos, delegando por la vía del decreto ejecutivo variables medulares como los techos de precios (Price Caps) para evitar la especulación, las cláusulas de asignación de riesgos comerciales por atrasos constructivos privados y el régimen sancionatorio de figuras inestables como el Agregador de Recursos. Esta remisión reglamentaria deja al ciudadano común en una condición de absoluta indefensión contractual y tarifaria ante abusos o quiebras financieras de las empresas intermediarias.
La energía eléctrica es el sistema nervioso de Costa Rica; de ella dependen nuestros hospitales, escuelas, acueductos y la equidad social de nuestra gente. Someter la estabilidad de la red, la seguridad del voltaje y el costo de la vida a las reglas de la especulación comercial y a la dirección de un operador corporativizado es una profunda irresponsabilidad política.
El país no necesita copiar recetas de desregulación extrema que ya fracasaron en otras latitudes dejando deudas millonarias y apagones. Lo que Costa Rica requiere es el fortalecimiento y la modernización de sus instituciones públicas y cooperativas a costo real, defendiendo la solidaridad social y la soberanía energética frente al apetito del lucro privado que hoy pretende legislar en su propio beneficio.