Han pasado 16 años desde que, en mayo de 2010, se publicó un documento que planteaba con bastante claridad que Costa Rica necesitaba algo más que apertura comercial, atracción de inversión extranjera y crecimiento de exportaciones para sostener su desarrollo. La tesis era simple, pero profunda: sin desarrollo de capacidades, capital humano, innovación, articulación productiva, entre otros, no habría transición real hacia una economía del conocimiento. El objetivo era pasar de “Hecho en Costa Rica” a “Creado en Costa Rica”.
Hoy, esa aspiración sigue siendo más promesa que realidad.
Lo más inquietante no es que el diagnóstico de entonces haya sido equivocado. Es exactamente lo contrario. El diagnóstico fue correcto, se hizo público en su momento, y aun así el país no actuó con la profundidad ni la urgencia que requería. Y como consecuencia, los problemas no solo persisten, sino que se han vuelto más complejos y más costosos.
La competitividad de Costa Rica no se ha deteriorado por un evento puntual, sino por una acumulación de omisiones. La educación sigue desconectada de las necesidades del sector productivo, salvo algunas excepciones, la formación técnica y científica continúa siendo insuficiente, y los programas académicos avanzan a una velocidad muy inferior a la de los mercados globales. Hace más de una década ya se advertía que no existía una estrategia nacional de talento, que el inglés era una debilidad estructural y que la capacidad de formar ingenieros y técnicos era limitada. Hoy, esas brechas no solo permanecen, sino que se han convertido en uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento.
En paralelo, los otros pilares de la competitividad han seguido el mismo patrón. La infraestructura avanza lentamente, la tramitología sigue siendo un obstáculo cotidiano, la coordinación entre instituciones continúa siendo débil y los costos asociados a energía, regulaciones y operación mantienen presiones sobre las empresas. Nada de esto es nuevo. Todo esto ya estaba identificado.
Lo que sí es nuevo es el contexto.
Costa Rica compite hoy en un entorno mucho más exigente, donde otros países no solo ofrecen incentivos, sino que han logrado alinear su educación, su política pública y su estrategia productiva alrededor de la atracción de inversión y el desarrollo de capacidades locales. Mientras tanto, el país ha seguido dependiendo, en gran medida, de las fortalezas que construyó en el pasado.
Durante años, ese modelo funcionó. La inversión extranjera llegó, creció y generó empleo, encadenamientos y transferencia de conocimiento. Pero incluso entonces se advertía que esos beneficios serían limitados si no se fortalecía la capacidad del aparato productivo local para absorberlos y amplificarlos. Hoy empezamos a ver las consecuencias de no haber cerrado esa brecha.
La inversión ya no crece con el dinamismo de antes. Una parte importante proviene de reinversiones, no de nuevos proyectos. Las empresas valoran al país, pero enfrentan limitaciones crecientes para expandirse. Y, cada vez con más frecuencia, el factor decisivo no es el costo ni el incentivo, sino la disponibilidad de talento. Ahí es donde la deuda acumulada se vuelve más evidente.
El talento dejó de ser una ventaja potencial y pasó a ser una restricción real. No porque el país no tenga capacidad, sino porque no la desarrolló al ritmo que exigía su propia estrategia. Durante años se habló de innovación, de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica. Pero sin una base sólida de formación, sin alineación entre educación y producción, y sin una política sostenida de desarrollo de capacidades, esas aspiraciones quedan limitadas.
A esto se suman nuevas presiones que hace dieciséis años no tenían el peso actual: la inseguridad, la volatilidad cambiaria, un entorno internacional más competitivo y agresivo. Estos factores no explican por sí solos la pérdida de dinamismo, pero sí amplifican sus efectos.
El resultado es un país que sigue siendo atractivo, pero menos competitivo. Un país que conserva fortalezas importantes, pero que enfrenta crecientes dificultades para sostener su propuesta de valor. Y, sobre todo, un país que lleva más de una década reconociendo sus problemas estructurales sin resolverlos de manera integral.
Costa Rica no perdió competitividad de repente. La fue dejando erosionarse lentamente, en cada decisión postergada, en cada reforma inconclusa, en cada área donde el diagnóstico fue claro pero la acción insuficiente. Dieciséis años después, el país no está frente a una advertencia. Esa etapa ya pasó.
Hoy estamos más cerca de un punto de inflexión, donde las decisiones que no se tomaron empiezan a traducirse en consecuencias concretas: menor dinamismo en la inversión, mayores restricciones de talento y una competitividad que pierde terreno en un entorno cada vez más exigente.
Aún estamos a tiempo de actuar. Pero ese margen se estrecha. Las opciones son menos, los costos son mayores y las señales ya no son teóricas, son visibles. La diferencia ahora es que el tiempo dejó de ser un aliado.