Mi hija Abby Jimena Gamboa Romero tiene cinco años. Es costarricense. Y desde el 28 de diciembre de 2024 permanece desaparecida en Nicaragua.
Como padre, jamás imaginé tener que aprender sobre derecho internacional, cooperación judicial, procesos diplomáticos, medidas cautelares, restitución internacional o derechos humanos para intentar proteger a mi propia hija. Pero la realidad me obligó a hacerlo.
Hace pocas semanas incluso inicié estudios universitarios en Derecho, porque entendí que muchas veces las familias terminan enfrentándose solas a sistemas institucionales complejos, lentos y fragmentados.
Mi hija fue sacada de Costa Rica en 2023 sin mi autorización, sin autorización judicial y sin autorización del PANI, pese a que yo ejercía activamente mi patria potestad, pagaba pensión alimentaria y mantenía un régimen de visitas formalizado.
Desde entonces he vivido una experiencia que evidencia debilidades graves en la protección internacional de niños costarricenses.
He tenido que acudir al PANI, al OIJ, a la Fiscalía, a la Cancillería, a INTERPOL, al Poder Judicial y hasta a instancias internacionales. Sin embargo, aun así, mi hija continúa desaparecida.
Con el tiempo comprendí algo preocupante: cuando un niño costarricense sale ilícitamente del país y termina en un contexto político y diplomático complejo, las competencias institucionales comienzan a fragmentarse.
Una institución remite a otra.
Otra explica límites legales.
Otra habla de competencias diplomáticas.
Otra señala dificultades de cooperación internacional.
Mientras tanto, el tiempo sigue pasando para el menor de edad. Y en casos de niñez, el tiempo importa muchísimo.
En estos años he aportado audios, testimonios, direcciones, teléfonos, nombres de testigos y denuncias relacionadas con posibles situaciones de riesgo alrededor de mi hija. Incluso familiares maternos han expresado temor, preocupación y miedo por el entorno donde presuntamente se encuentra Abby.
No escribo esto para atacar instituciones ni funcionarios específicos. Lo escribo porque Costa Rica necesita revisar seriamente cómo responde cuando un niño desaparece fuera de nuestras fronteras.
Mi caso no debería depender únicamente de la capacidad personal de un padre para insistir, escribir correos, buscar pruebas o aprender derecho sobre la marcha.
El Estado debe tener protocolos mucho más fuertes y coordinados para estos casos.
Necesitamos:
- Mayor coordinación entre PANI, OIJ, Fiscalía y Cancillería.
- Mecanismos diplomáticos más ágiles.
- Seguimiento político real a casos de niñez desaparecida en el extranjero.
- Apoyo psicológico y legal efectivo para las familias.
- Sistemas especializados de reacción temprana.
- Una política clara de protección internacional de menores costarricenses.
También necesitamos discutir algo incómodo: qué ocurre cuando estos casos involucran países donde existen dificultades de cooperación, cuestionamientos sobre derechos humanos o limitaciones institucionales para garantizar el debido proceso.
No basta con explicar que existen límites diplomáticos. Hay niños de por medio.
Costa Rica debe fortalecer sus herramientas para evitar que otros padres y otros niños atraviesen situaciones similares.
Mi hija Abby no es un expediente. No es un número de causa judicial. Es una niña costarricense que merece ser localizada, protegida y escuchada.
Y ojalá que todo este dolor al menos sirva para que el país entienda que todavía existen vacíos importantes en la protección internacional de nuestra niñez.
Porque ningún padre debería tener que convertirse en investigador, activista y estudiante de Derecho solo para intentar encontrar a su hija.