La disputa comercial entre Costa Rica y Panamá no nació en 2019 ni con el fallo reciente de la OMC. Viene de más atrás: de permisos sanitarios, restricciones cruzadas, resentimientos empresariales y sectores productivos que han usado el lenguaje técnico para defender intereses económicos.
La versión panameña sostiene que Costa Rica bloqueó durante años productos empacados de Panamá: nuggets, productos avícolas, carnes procesadas, pescado y otros alimentos. Esa queja no debe descartarse. Costa Rica tampoco puede presentarse como víctima pura. Durante años, empresas panameñas sintieron que el mercado costarricense se les cerraba bajo argumentos sanitarios, sin que siempre quedara claro si el problema era estrictamente técnico o también proteccionista.
Pero aquí aparece una diferencia importante: si Panamá consideraba que Costa Rica actuaba injustamente, pudo haber acudido oportunamente a la OMC. No lo hizo con la misma fuerza institucional. En lugar de convertir el agravio en un proceso formal, ese reclamo quedó como resentimiento histórico acumulado. Y el resentimiento, cuando entra en política comercial, suele convertirse en mala política pública.
Luego vino la fase más visible: Panamá bloqueó o restringió productos costarricenses como lácteos, carnes, fresas, piña, banano y plátano. Costa Rica decidió llevar el caso a la OMC. El panel le dio la razón a Costa Rica, cuestionando la base técnica y jurídica de varias medidas panameñas. Panamá apeló.
Y aquí hay que ser precisos: apelar es legítimo. Panamá tiene derecho a usar los recursos disponibles. El problema es que apeló ante un Órgano de Apelación de la OMC que actualmente está paralizado. Es decir, la apelación es legal en la forma, pero baja en el fondo. Es como perder un partido y presentar el recurso ante un tribunal que uno sabe que está cerrado. No rompe la regla, pero congela el resultado.
Ese detalle daña la confianza. Porque una cosa es defender productores nacionales y otra es usar un vacío procesal para extender una barrera comercial después de perder en el foro correspondiente.
El contraste con el caso del aguacate mexicano es revelador. Costa Rica también restringió importaciones de aguacate Hass de México bajo argumentos fitosanitarios. México llevó el caso a la OMC. Costa Rica perdió y terminó reabriendo el mercado. Ese caso demuestra dos cosas: primero, que Costa Rica también se equivoca y también puede usar medidas sanitarias de forma restrictiva; segundo, que cuando perdió, acató. En comercio internacional, nadie es santo. Pero la madurez institucional se mide cuando uno pierde, no cuando gana.
El caso de Dos Pinos en Panamá vuelve la disputa todavía más incómoda. Dos Pinos no solo exportaba desde Costa Rica; también invirtió en Panamá mediante Productos Nevada, comprando leche local, procesando en el país y participando en la cadena productiva panameña. Es decir, no era simplemente una empresa extranjera inundando el mercado. También apoyaba producción, empleo y acopio local.
Entonces el conflicto deja de ser una simple defensa del agro panameño contra importaciones costarricenses. Se vuelve algo más profundo: Panamá parece aceptar inversión, tecnología y capacidad industrial extranjera, siempre que esa eficiencia no reordene demasiado el poder de mercado local. Es como invitar a un chef profesional a mejorar la cocina, pero molestarse cuando cocina mejor que los cocineros de siempre.
Aquí aparece el clientelismo oculto. No todo clientelismo viene con bolsas de comida o plazas públicas. También puede venir disfrazado de regulación sectorial. Cuando un grupo organizado logra que el Estado proteja su posición mediante permisos, trámites, inspecciones, barreras sanitarias o demoras, estamos ante una forma de captura. Puede no ser ilegal, pero sí distorsiona el mercado.
La analogía burda es sencilla: si el dueño de una pulpería logra que la municipalidad le pida 47 permisos imposibles al supermercado que quiere abrir al frente, oficialmente se habla de “orden urbano”. Pero todos entienden que el fondo es “no me pongan competencia”. Algo parecido ocurre cuando una barrera sanitaria deja de parecer protección al consumidor y empieza a parecer protección al productor.
Esto no ocurre en el vacío. Panamá ya carga con episodios recientes que afectan su imagen como socio confiable: el cierre de Cobre Panamá, la conflictividad laboral en zonas bananeras, las dudas sobre concesiones públicas, el debate geopolítico por los puertos cercanos al Canal y la percepción de corrupción. Panamá sigue siendo un hub logístico y financiero relevante, pero en sectores sensibles —agro, minería, ambiente, concesiones, sindicatos o infraestructura estratégica— su previsibilidad institucional parece más vulnerable de lo que su narrativa de eficiencia sugiere.
La historia completa no es “Costa Rica buena, Panamá mala”. Es más fina. Costa Rica pudo haber sembrado parte del resentimiento histórico con restricciones previas. Panamá convirtió ese resentimiento en una política comercial defensiva. Costa Rica llevó el conflicto a reglas multilaterales. Panamá perdió y apeló a una instancia inoperante para ganar tiempo.
La conclusión es dura: Panamá no pierde reputación por defender a sus productores. La pierde cuando parece dispuesto a usar permisos, barreras y vacíos procesales para protegerlos aun después de perder bajo reglas internacionales.