Costa Rica ha tenido, durante muchos años, una ventaja que no todos los países tienen: una matriz eléctrica limpia, renovable y confiable. Esa ha sido parte de nuestra identidad, de nuestra imagen internacional y también de nuestra capacidad para atraer inversión.
Hoy el país está entrando en una etapa distinta. La economía está cambiando, las industrias consumen más electricidad, las zonas francas crecen, el transporte se empieza a electrificar y nuevas actividades, como los centros de datos, la inteligencia artificial y la manufactura avanzada, van a necesitar mucha más energía.
Por eso, la conversación eléctrica no puede seguir siendo superficial. No basta con decir que Costa Rica tiene más de 3.600 megavatios instalados. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cuánta de esa energía está realmente disponible cuando el país más la necesita?
Porque una cosa es tener capacidad instalada en papel, y otra muy distinta es contar con energía firme en verano, en horas pico, en años secos o cuando una planta entra en mantenimiento.
Si tomamos como referencia que Costa Rica cuenta con alrededor de 2.200 megavatios de potencia firme, y que la demanda máxima ya anda cerca de los 1.925 megavatios, el margen real no es tan amplio. Estamos hablando de unos 275 megavatios de diferencia.
Eso quiere decir algo muy sencillo: no estamos tan sobrados como a veces creemos.
Y si la demanda sigue creciendo, ese margen se puede consumir rápido. En electricidad, los errores de planificación no se corrigen de un mes para otro. Una planta no se construye solo porque mañana haga falta. Primero vienen los estudios, los permisos, el financiamiento, la construcción, la conexión a la red y, finalmente, la operación.
Una planta solar puede levantarse relativamente rápido, pero si no tiene baterías no resuelve del todo el consumo de la noche. Una planta eólica puede tardar varios años. Una geotérmica puede tomar seis, siete u ocho años. Y una hidroeléctrica grande puede necesitar más de una década para entrar en operación.
Por eso Costa Rica no puede esperar a estar en problemas para empezar a construir.
Hacia el año 2040, el país necesitaría llegar a cerca de 5.995 megavatios instalados. Eso significa agregar aproximadamente entre 2.400 y 2.500 megavatios nuevos. No es una cifra menor. Es una expansión enorme del sistema eléctrico nacional.
Y aquí está el punto central: el debate no debería ser si necesitamos nuevas plantas. Sí las necesitamos. La verdadera discusión es qué tipo de plantas vamos a construir, quién las va a construir, bajo qué reglas, con qué tarifas y con qué visión de país.
Costa Rica necesita nueva generación, pero no cualquier generación. Necesita energía limpia, competitiva y firme. Necesita proyectos solares con respaldo, baterías, eólicos bien ubicados, biomasa, geotermia, modernización de hidroeléctricas y una red de transmisión capaz de llevar esa energía a donde se consume.
No se trata solo de sumar megavatios. Se trata de sumar seguridad.
En este tema aparece una pregunta inevitable: ¿qué papel debe jugar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)?
Y aquí también hay que hablar con equilibrio. El ICE no es una institución quebrada ni incapaz. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene experiencia, técnicos, conocimiento, infraestructura y una historia que no se puede borrar. Buena parte de la matriz renovable que hoy defendemos fue construida gracias al ICE.
El ICE debe seguir siendo una columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
Pero reconocer eso no significa cerrar los ojos ante la magnitud del reto. Una cosa es valorar al ICE y otra muy distinta es creer que puede cargar, solo, con toda la expansión que el país necesita hacia el 2040.
Agregar entre 2.400 y 2.500 megavatios nuevos implica inversiones multimillonarias, años de trabajo, permisos ambientales, financiamiento, tecnología, transmisión y capacidad de ejecución. Es un reto demasiado grande para dejarlo en manos de un solo actor.
El ICE debe seguir construyendo. Especialmente debe concentrarse en los proyectos que son estratégicos para la seguridad energética nacional: geotermia, hidroeléctricas de respaldo, modernización de plantas existentes, almacenamiento, transmisión y operación segura del sistema.
También debe seguir liderando la planificación. Costa Rica necesita una visión nacional que diga cuánta energía ocupamos, dónde la ocupamos, cuándo la ocupamos y qué tipo de potencia firme debemos incorporar.
Pero el ICE no debería caminar solo.
La discusión no debe ser ICE contra privados. Esa es una pelea mal planteada. La pregunta correcta es cómo logramos sumar todos los recursos disponibles sin perder el control estratégico del sistema eléctrico nacional.
El país puede abrir espacio para que participen empresas privadas, cooperativas y empresas municipales en proyectos solares, eólicos, biomasa, baterías y pequeñas hidroeléctricas. Pero eso debe hacerse con reglas claras, tarifas reguladas, supervisión técnica y prioridad absoluta para el consumidor.
No se trata de entregar el sistema eléctrico. Se trata de construir a tiempo la energía que Costa Rica va a necesitar.
La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional debe analizarse desde esa perspectiva. No como una amenaza automática al ICE, sino como una oportunidad para ordenar el futuro eléctrico del país.
Si se hace bien, puede permitir que el ICE siga liderando los proyectos estratégicos, mientras otros actores ayudan a financiar y construir parte de la nueva capacidad. El país no gana nada con una discusión ideológica que paralice las decisiones.
Lo verdaderamente peligroso sería no hacer nada.
Si Costa Rica no inicia nuevos proyectos a tiempo, podríamos terminar dependiendo más de compras de emergencia, generación térmica, combustibles caros o importaciones regionales. Eso tarde o temprano se refleja en las tarifas, en la competitividad y en la confianza de quienes quieren invertir en el país.
Una empresa que piensa instalar una industria, un centro de datos o una operación tecnológica necesita una garantía básica: energía suficiente, estable y competitiva.
Sin energía, no hay desarrollo. Y sin planificación, la energía llega tarde.
Costa Rica debe entender que el sistema eléctrico no se improvisa. Las decisiones que tomemos hoy van a definir si en el 2030, 2035 y 2040 tendremos energía suficiente o si estaremos lamentando no haber construido cuando todavía había tiempo.
El país no se va a quedar sin energía por falta de recursos naturales. Tenemos agua, viento, sol, geotermia, biomasa, conocimiento técnico y capacidad institucional.
El riesgo real es quedarnos sin energía por falta de decisión:
- Por exceso de trámites.
- Por miedo a discutir.
- Por convertir un tema técnico en una guerra ideológica.
- Por creer que el sistema que nos trajo hasta aquí, por sí solo, será suficiente para llevarnos al futuro.
El ICE debe ser fortalecido, no debilitado. Pero fortalecer al ICE no significa impedir que otros actores ayuden. Significa darle el papel que mejor puede cumplir: planificar, operar estratégicamente, construir los proyectos firmes y garantizar la seguridad energética nacional.
Al mismo tiempo, Costa Rica debe permitir más inversión, más innovación y más velocidad de ejecución. La meta hacia el 2040 es clara: el país necesita miles de megavatios nuevos. Y si no empezamos a construir pronto, cuando esa energía haga falta ya será demasiado tarde.
La discusión no es si defendemos al ICE o si permitimos participación privada. La discusión correcta es si Costa Rica va a tener la energía suficiente para crecer. Y la respuesta debe ser serena, técnica y patriótica: el ICE debe liderar, pero el país debe sumar a todos los actores capaces de construir la energía que necesitamos.
Porque al final, la peor decisión sería no decidir.
Costa Rica no puede esperar a quedarse sin energía para empezar a construir su futuro eléctrico.