Costa Rica atraviesa una peligrosa contradicción nacional. Mientras el discurso político habla constantemente de desarrollo, sostenibilidad y crecimiento económico, el sector agropecuario continúa enfrentando abandono, indiferencia y una preocupante ausencia de voluntad política. El agro costarricense no está en crisis únicamente por factores climáticos o económicos; está en crisis porque durante años los poderes públicos dejaron de colocarlo como prioridad nacional.
El país parece haber olvidado que detrás de cada alimento que llega a la mesa existe un productor que enfrenta altos costos, poca protección estatal y una competencia desigual. Hoy producir en Costa Rica se ha convertido en una lucha constante contra la burocracia, la falta de incentivos y el distanciamiento de una clase política que muchas veces desconoce la realidad rural.
Las comunidades agrícolas viven una sensación de abandono cada vez más profunda. Mientras en la Gran Área Metropolitana se concentran muchas de las decisiones políticas y presupuestarias, el campo continúa enfrentando caminos deteriorados, acceso limitado al financiamiento y escasas oportunidades para fortalecer la producción nacional. El problema no es solamente económico, es político.
Costa Rica ha construido un modelo donde el agro pareciera importar únicamente en tiempos electorales. Se prometen soluciones, apoyo y reactivación, pero la realidad cotidiana del productor sigue siendo la misma. El pequeño y mediano productor agropecuario continúa cargando sobre sus hombros el peso de un sistema que exige producir más, competir más y resistir más, pero que brinda cada vez menos respaldo.
Resulta imposible hablar de soberanía nacional mientras el país debilita a quienes garantizan la seguridad alimentaria. Cada productor que abandona la tierra representa una advertencia para el futuro de Costa Rica. La dependencia creciente de importaciones y el debilitamiento de las economías rurales son consecuencias directas de decisiones políticas que durante años han relegado al agro a un segundo plano.
Además, existe una deuda histórica con las zonas rurales. Durante décadas, las comunidades agropecuarias han sostenido buena parte de la economía nacional y aun así continúan esperando inversiones dignas, políticas de desarrollo territorial y oportunidades reales para las nuevas generaciones. Muchos jóvenes rurales no abandonan el agro por falta de amor al campo, sino porque sienten que el Estado les cerró las puertas.
El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las instituciones públicas no pueden continuar observando esta realidad con indiferencia. El agro necesita políticas públicas serias, visión de largo plazo y decisiones valientes que permitan rescatar la producción nacional antes de que sea demasiado tarde.
Defender el agro no es una postura romántica ni ideológica. Es una necesidad estratégica para cualquier país que aspire a mantener estabilidad económica, seguridad alimentaria y equilibrio social. Un país que abandona el campo termina debilitando sus comunidades, aumentando las desigualdades y perdiendo parte de su identidad nacional.
Costa Rica todavía está a tiempo de decidir si continuará viendo al agro como un sector secundario o si finalmente entenderá que sin campo no existe verdadera soberanía.