Órgano contralor pidió reglas claras para escoger socios privados, fiscalizar los proyectos y proteger los bienes públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) respaldó el propósito del proyecto de ley que busca darle a Japdeva nuevas herramientas para impulsar obras e inversiones en Limón, pero pidió a la Asamblea Legislativa afinar el texto para evitar vacíos legales y asegurar que los proyectos se desarrollen con transparencia, competencia y control público.
El criterio, fechado ayer 26 de mayo, respondió a una consulta legislativa sobre el texto sustitutivo del expediente 24.259, una reforma al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva. La propuesta forma parte de la conocida como "mini versión" de la Ley Jaguar y busca facilitar alianzas con socios privados para desarrollar proyectos como la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La CGR partió de una valoración favorable sobre el objetivo general del proyecto. El órgano contralor dijo que comparte "plenamente la necesidad de propiciar el éxito de los proyectos de infraestructura, de manera particular, de la provincia de Limón", y reconoció que Japdeva tiene una función legal no solo portuaria, sino también de desarrollo económico y social de la vertiente Atlántica.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que la redacción actual necesita mayor precisión. Según el ente auxiliar del Congreso, el proyecto ya no parece una simple autorización para que Japdeva haga alianzas comerciales, sino que se acerca más a un modelo de asociación público-privada, un esquema en el que una institución pública y un socio privado desarrollan juntos una obra o servicio de largo plazo.
Esa diferencia importa porque las obras públicas no pueden quedar en manos de acuerdos discrecionales o negociaciones directas sin competencia. La Contraloría recordó que la Sala Constitucional ya se pronunció en contra de una propuesta anterior relacionada con Japdeva porque permitía usar la figura de alianzas estratégicas para hacer infraestructura sin pasar por reglas adecuadas de contratación pública.
El nuevo texto, según la CGR, corrige parte de esos problemas porque añade protecciones al dominio público portuario, exige estudios técnicos y de factibilidad, incorpora principios como transparencia, igualdad, publicidad, libre competencia, rendición de cuentas y fiscalización, y fija un plazo máximo de 50 años para las alianzas. Aun así, la Contraloría señaló una contradicción: el proyecto se parece a una asociación público-privada, pero mantiene una referencia a una excepción de la Ley General de Contratación Pública. Para la CGR, esa mezcla debería revisarse, porque puede generar dudas sobre cuál régimen aplicaría realmente a estos proyectos.
La observación más relevante de la CGR tiene que ver con la forma en que Japdeva escogería a su socio privado. El órgano contralor dijo que esa selección no puede hacerse mediante decisiones discrecionales ni negociaciones directas sin reglas objetivas. Por el contrario, Japdeva tendría que abrir un concurso que permita la participación de distintos oferentes y que garantice publicidad, igualdad, transparencia y control.
La CGR también aclaró que, si la Asamblea no regula expresamente los recursos que podrían presentar las empresas participantes contra el cartel o contra la adjudicación, eso no significa que esos controles desaparezcan. Según el órgano contralor, cuando existan fondos públicos, la Contraloría mantiene competencia para conocer esos reclamos.
Otro punto señalado en el criterio es el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). La Contraloría indicó que los procedimientos derivados de este proyecto deberían tramitarse en el sistema digital de compras públicas, porque esa plataforma ayuda a garantizar publicidad y transparencia en las contrataciones.
La CGR también pidió que el proyecto defina mejor qué beneficios sociales y territoriales deben generar las obras. En otras palabras, no bastaría con decir que una marina o una terminal de cruceros traerán desarrollo a Limón: la ley debería exigir objetivos concretos, medibles y verificables sobre empleo, turismo, encadenamientos productivos, bienestar comunitario y beneficio para las comunidades.
Además, la Contraloría recomendó establecer mecanismos de seguimiento durante toda la vida de los proyectos, como auditorías externas, evaluaciones periódicas y espacios de rendición de cuentas. También sugirió incluir participación de las comunidades beneficiadas, para que los proyectos no se limiten a una negociación entre Japdeva y empresas privadas.
El órgano contralor también pidió regular mejor la distribución de riesgos. Esto significa definir, desde el inicio, quién asumiría eventuales sobrecostos, atrasos, problemas ambientales, cambios regulatorios, dificultades financieras o menor demanda de la esperada. Para la CGR, cada riesgo debería quedar en manos de la parte que tenga mayor capacidad para administrarlo.
El criterio también recomendó incluir reglas sobre sanciones, cambios en los contratos, terminación anticipada y devolución de bienes o activos al Estado cuando termine la alianza. Esos puntos resultan clave porque el texto bajo conocimiento del Congreso permite acuerdos de hasta 50 años, un plazo que puede comprometer bienes públicos durante varias décadas.
La Contraloría cerró su criterio señalando que sus observaciones buscan ayudar a que los proyectos de Japdeva se desarrollen con sostenibilidad, confianza pública y resultados concretos para Limón.