Informe señala que "el modelo dispone de normas e instrumentos para regular las relaciones público-privadas, pero estos no siempre logran traducir la finalidad pública en condiciones sustantivas de prestación".
La Contraloría General de la República (CGR) presentó a la Asamblea Legislativa los dictámenes sobre los informes del cierre del ciclo de la rendición de cuentas públicas, en los cuales incluyó un informe especial titulado "Protección social con apoyo de entidades privadas: De la transferencia pública al servicio con rostro humano", el cual analiza el modelo mediante el cual el Estado financia a entidades privadas sin fines de lucro para prestar servicios de protección social, encontrando que este no cuenta con condiciones suficientes de articulación, trazabilidad y evaluación para asegurar que los recursos públicos permitan identificar, priorizar y atender efectivamente las poblaciones que más requieren la protección social del Estado.
El informe analizó el periodo 2024 y el primer semestre de 2025, a partir de las transferencias realizadas por 13 instituciones públicas a 313 entidades privadas, en seis finalidades: atención de personas adultas mayores, niñez y adolescencia, personas con farmacodependencia, discapacidad y programas de vivienda para poblaciones vulnerables. Para el periodo analizado, estas transferencias sumaron ₡146.234 millones.
Las entidades públicas contempladas en el informe son: Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Junta de Protección Social (JPS), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades de Santa Ana, Escazú, Belén, Cartago y Puntarenas.
El análisis de la Contraloría encontró que el 68,2% de las personas beneficiarias reside en distritos con un nivel de desarrollo social medio o alto, mientras que persisten zonas y poblaciones con baja cobertura. En el caso de personas adultas mayores en condición de pobreza, la cobertura alcanzó únicamente un 7,4%. Además, encontraron personas atendidas con niveles de ingreso significativamente superiores a los de otros grupos que requieren mayor protección, sobre este tema, la CGR destacó que esto no implica que el ingreso sea siempre un criterio excluyente, pero sí "muestra la necesidad de fortalecer la priorización bajo criterios de vulnerabilidad, territorio e interseccionalidad".
La Contraloría señaló que el modelo cuenta con información, registros y mecanismos de rendición de cuentas, pero advierte que estos se concentran principalmente en el cumplimiento formal y "no permiten valorar con suficiente claridad los efectos e impactos de las intervenciones en la vida de las personas", y añade:
Existe una brecha entre el control financiero de la transferencia y la gestión sustantiva del servicio. Lo anterior es particularmente relevante cuando la atención se dirige a personas cuya protección depende de condiciones estables, oportunas y verificables".
El informe añade que "el análisis evidencia que el modelo dispone de normas e instrumentos para regular las relaciones público-privadas, pero estos no siempre logran traducir la finalidad pública en condiciones sustantivas de prestación. Mientras las cláusulas asociadas al control de recursos y al cumplimiento formal de obligaciones presentan mayor desarrollo, los elementos que permiten conocer los distintos atributos de los servicios no se incorporan de manera sistemática".
La gerente de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social, Carolina Retana Valverde, señaló:
La sostenibilidad de estos servicios depende de que el país evolucione hacia una gestión con rostro humano, centrada en la rendición de cuentas y en asegurar que el apoyo llegue, prioritariamente, a quienes más lo necesitan".
El informe señala que las principales causas identificadas de la falta de controles sobre la calidad del servicio son:
- El modelo opera bajo un marco normativo amplio y heterogéneo. Aunque existen normas e instrumentos para regular la transferencia de recursos, los convenios se concentran principalmente en controles financieros y documentales, sin incorporar de forma sistemática condiciones sustantivas del servicio, como continuidad, calidad, población a atender, estándares y mecanismos de seguimiento.
- Asignación de recursos responde a disponibilidad presupuestaria, demanda de recursos o asignaciones históricas o cumplimiento de mandatos legales. Esto limita orientar el financiamiento según necesidades sociales, brechas territoriales, población objetivo y resultados esperados.
- El modelo no cuenta con una conducción común suficientemente efectiva para integrar regulación, recursos, coordinación, información y seguimiento alrededor del servicio que reciben las personas.
- Los sistemas y registros capturan partes del proceso, pero no cuentan con puntos de conexión suficientes para seguir la ruta del recurso hasta el servicio recibido por las personas.
El informe sugiere que, para solucionar la problemática, se requiere "avanzar hacia una agenda común que ordene el modelo alrededor del servicio que reciben las personas", para lo cual plantea cinco líneas de acción:
- Dar coherencia y habilitar el funcionamiento efectivo del modelo, de forma que la relación entre instituciones públicas y entidades privadas asegure servicios oportunos, continuos y de calidad. Esto requiere clarificar responsabilidades, regulaciones simples y consistentes, que permitan vincular el recurso público con la finalidad sustantiva.
- Orientar la asignación de recursos según necesidad, cobertura y resultados, incorporando criterios de vulnerabilidad, territorio, idoneidad de las entidades, capacidad operativa, costos del servicio, continuidad de la atención y brechas no atendidas. Además, se sugiere simplificar los procesos de asignación y aprobación de los recursos, reduciendo las cargas administrativas.
- Fortalecer la rectoría y conducción común, para articular prioridades, criterios, recursos, información y seguimiento alrededor de las personas atendidas, evitando que cada institución opere bajo lógicas aisladas, duplicadas o fragmentadas.
- Avanzar en una agenda progresiva de trazabilidad e interoperabilidad, que permita conectar la ruta del recurso con la de la persona, articulando información presupuestaria, financiera y social; para lo cual se pueden aprovechar herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) y el sistema centralizado de cuentas y pagos.
- Pasar de la rendición de cuentas formal a los resultados, de modo que el modelo no solo demuestre que los recursos fueron transferidos, sino que permita verificar si generaron servicios oportunos, continuos, adecuados y pertinentes para la población que más lo requiere.
El informe realiza una serie de sugerencias a las autoridades y a la Asamblea Legislativa, destacando que "el desafío principal radica en procurar que el marco jurídico existente —y sus eventuales reformas o desarrollos futuros— brinde coherencia y habilite el funcionamiento efectivo del modelo de prestación de servicios de protección social mediante entidades privadas".