En medio de percepciones de continuidad y sombras de poder, la política costarricense ofrece una escena inusual: acuerdos amplios, proyectos que avanzan y una pregunta latente sobre quién capitaliza realmente los resultados.
Hace unas semanas, en una conversación casual, surgió una idea que parecía obvia: la nueva presidenta sería apenas una extensión del presidente saliente. Un “poder prestado”, que algunos siguen afirmando, y lo cierto es que la sospecha todavía gravita en redes sociales. La escena parece clara. Sin embargo, al observar con más cuidado lo que ocurre en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde los primeros acuerdos han sido aprobados por unanimidad, se puede sospechar que la narrativa se resquebraja. Los proyectos “jaguares” avanzan. Los acuerdos se cierran. Y lo hacen, curiosamente, con niveles de consenso poco habituales.
Hubo un momento en nuestra historia que los primeros tres meses legislativos de todo inicio de administración se les conocía como “la luna de miel”, estos días eran reconocidos y hasta calculados para sacar proyectos legislativos. Ya luego venían las primeras fricciones y se trabajaba más para obtener los concensos. Desde la ruptura del bipartidismo, hemos sido testigos de como esta luna de miel se ha ido disolviendo hasta llegar a la confrontación desde la primera semana legislativa. Así que ver estos consensos esta semana no deja de ser llamativo.
Volviendo a la idea del “poder prestado” seguimos preguntándonos sobre el verdadero nudo del momento político: no tanto quién gobierna formalmente, sino cómo se está ejerciendo el poder en un sistema que parece, al menos por ahora, inclinarse hacia el
acuerdo más que hacia la confrontación.
En términos formales, el Ejecutivo sigue concentrando resortes clave. La figura que ocupa simultáneamente el Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el Ministerio de la Presidencia de Costa Rica encarna una posición estratégica: controla el pulso fiscal y, al mismo tiempo, articula la relación con el Legislativo. Es, en teoría, el punto de equilibrio —o de presión— entre poderes. Pero la práctica política reciente sugiere algo más matizado. La Asamblea ha optado por avanzar proyectos, muchos heredados de la administración anterior, sí, pero con modificaciones sustantivas que permiten consensos amplios. No hay aquí una aprobación automática ni una oposición frontal. Hay, más bien, una suerte de reapropiación legislativa del proceso político.
En mi opinión, este movimiento puede leerse de varias formas.
La primera, más inmediata, es pragmática: en un contexto de fatiga ciudadana y desconfianza institucional, el costo de bloquear supera al de acordar. Aprobar proyectos —aunque no sean propios— permite a los partidos mostrarse funcionales, responsables, incluso eficaces. La gobernabilidad, en este sentido, se convierte en un activo político compartido.
Una segunda lectura apunta a algo más estratégico. Al modificar y consensuar iniciativas, el Legislativo no solo facilita su aprobación; también redefine su autoría. Los proyectos dejan de ser “del Ejecutivo” y pasan a ser, en buena medida, productos del sistema político en su conjunto. Es una forma sutil de redistribuir el crédito y, al mismo tiempo, limitar la capacidad de cualquier actor de monopolizar los logros.
Si bien conviene ser cautos ya que apenas estamos dando pasitos, pero existen chispas que flotan de la hoguera, donde se perciben tensiones en el liderazgo, algo de competencia por el capital político y cierta disputa por el legado; acá esta segunda lectura me he preguntado si se quiere aprovechar la recomposición de fuerzas tras el cambio de gobierno y si la oposición busca en estos consensos legislativos, debilitar el control
informal del expresidente favoreciendo la autonomía de la presidenta.
En pocas palabras: un Legislativo que detecta un Ejecutivo potencialmente fragmentado y decide avanzar la agenda mediante consenso, reduciendo la capacidad de veto y maximizando su protagonismo.
Pero hay una tercera interpretación, más inquietante: que este consenso no sea tanto una muestra de fortaleza institucional como una señal de reacomodo frente a un Ejecutivo percibido como fragmentado o en transición. En ese escenario, la Asamblea no estaría fortaleciendo a la presidenta, sino una silenciosa lucha por ocupar el espacio que deja una conducción aún difusa.
¿Y la presidenta? Su posición es, por definición, ambigua. Si los proyectos avanzan, su administración acumula resultados. Eso le otorga margen, legitimidad, incluso autonomía progresiva. Pero ese mismo éxito puede tener un filo: cuanto más se diluya la autoría de las políticas, más difícil será consolidar un liderazgo propio y diferenciado.
Aquí conviene introducir un matiz necesario. No todo consenso es sinónimo de virtud, ni toda confrontación implica disfunción. La política democrática vive de ese equilibrio inestable. Un exceso de acuerdo puede ocultar negociaciones opacas o falta de deliberación profunda. Un exceso de conflicto, por el contrario, puede paralizar el sistema.
La clave está en la calidad del proceso, no solo en el resultado.
También es tentador personalizar el análisis. Pensar en tensiones entre figuras, en disputas de egos o en la posibilidad de que el éxito de una administración incomode a quienes no lograron materializar ciertos proyectos. Pero ese tipo de explicación, aunque seductora, suele simplificar en exceso. Las dinámicas que hoy se observan responden más a incentivos estructurales que a motivaciones individuales.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la relación entre una presidenta y su antecesor, sino el modo en que se distribuye el poder en una democracia que parece experimentar una fase de ajuste silencioso. Un Legislativo más activo. Un Ejecutivo en redefinición. Y una ciudadanía que observa, quizá con cautela, estos movimientos.
La pregunta que queda abierta es incómoda, pero necesaria: ¿estamos ante una maduración del sistema político, capaz de producir acuerdos amplios sin caer en la parálisis, o frente a un equilibrio transitorio donde nadie termina de asumir plenamente el control —ni la responsabilidad— de las decisiones?
En política, como en la vida, a veces el consenso no resuelve las tensiones. Solo las pospone.