El Reino Unido está empezando a restringir o reemplazar los Incidentes de Odio No Delictivos (Non-Crime Hate Incidents o NCHI). Así que vale la pena repasar su origen, sus efectos y lo que esto nos dice sobre cómo los Estados terminan haciendo daño con las mejores intenciones.
Los NCHI son registros policiales e investigaciones sobre señales (comentarios, publicaciones en redes) que son percibidos como motivados por odio, aunque no sean delitos. No son crímenes como tal. La lógica era preventiva: identificar patrones de comportamiento discriminatorio antes de que escalaran.
Nacen de las recomendaciones del juez Sir William Macpherson tras el asesinato racial de Stephen Lawrence en 1993, un caso que expuso fallas reales en cómo la policía británica trataba a las comunidades minoritarias. La motivación era legítima: mejorar la inteligencia policial y darle más seguridad a poblaciones vulnerables.
Década y resto de evidencia después, podemos evaluar los resultados y aprender como país de los británicos.
Buenas intenciones, diseño defectuoso
El problema de los NCHI no es de implementación. Es estructural.
La primera falla es que el sistema se construyó sobre percepciones subjetivas para reconocer que el daño emocional derivado del odio es real. Pero convertir esa premisa en criterio policial (sin definición objetiva de lo que constituye "odio") abre una discrecionalidad que ningún Estado puede administrar justamente. Lo que puede ofenderme a mí, puede no ofenderle a usted. Ese es el principal fallo estructural del programa.
La segunda falla es que, para evitar la "revictimización secundaria", el sistema no exige pruebas objetivas para presentar una denuncia. El Estado registra el comportamiento pero no exige evidencia. Es decir, creó un mecanismo con contrapesos débiles.
La tercera es que cualquier tercero puede denunciar en nombre de un supuesto ofendido. La denuncia no requiere ni una víctima directa.
Estas no son malas prácticas de algunos policías. Están escritas literalmente en el manual del College of Policing.
Los efectos concretos
Los registros de NCHI han incluido casos como poner música de Bob Marley o colgar ropa interior en un tendedero. Pero se reportan otros casos absurdos similares derivados de la subjetividad del programa.
Esos registros no son solo líneas en una base de datos. Pueden aparecer en verificaciones de antecedentes reforzadas (Enhanced DBS checks) cuando una persona aplica a ciertos puestos de trabajo, sin que necesariamente sepa que tiene un registro. Se dice que la policía ha invertido más de 660 mil horas en estos procesos (freespeechunion.org), en buena parte monitoreando redes sociales.
Y el efecto más importante es el que no se ve directamente: el chilling effect o efecto atemorizador. Cuando las personas no saben qué puede ser registrado como odio, tienden a autocensurarse, sin necesidad de intervención estatal. Se crea un costo al equivocarse pero no se ponen reglas claras.
Ese es el daño más profundo de un sistema subjetivo: no necesita castigar a muchos para silenciar a todos.
Qué hará el Reino Unido específicamente sobre los NCHI es incierto aún, pero que se revisen y evalúen resultados puede ser positivo.
Lo que Costa Rica debe aprender
Lograr objetividad absoluta es imposible, pero eso no implica que el grado de subjetividad de los programas estatales no importe. Costa Rica puede aprender de los otros países y sus errores y así evitar caer en ellos como. Un ejemplo es el expediente 25.441 que busca castigar con cárcel los crímenes contra el honor.
Si aprendemos de los errores de otros países, podemos construir sociedades más justas. Pero si insistimos en ignorar la evidencia internacional y seguimos legislando sólo con buenas intenciones, es, como diría Dostoevsky, ser sinceros… y aun así estúpidos.