Hemos quedado preocupadas al conocer el acuerdo del Ministerio de Educación Pública MEP, por medio del cual una empresa repartirá, en el sistema educativo público, 100 000 álbumes para coleccionar postalitas relacionadas con el Campeonato Mundial de Fútbol.
En primer lugar, es necesario establecer que el foco no debe estar en el álbum en sí, sino en cuál será el beneficio pedagógico para el estudiantado y en los límites éticos de las alianzas público-privadas en la educación pública. En ese sentido, es imperativo valorar la protección de la equidad estudiantil y la necesidad de garantizar que toda actividad promovida desde el Ministerio de Educación Pública responda al interés público y no a las necesidades del mercado.
En particular no vemos que este acuerdo se encuentre plenamente alineado con los principios y fines que la Constitución Política y la Ley Fundamental de Educación asignan al sistema educativo público costarricense. Parece más bien que se vulneran dichos fines educativos, que son a los que se debe el sistema educativo.
Por otra parte, es realmente preocupante la desconexión entre esta alianza particular y las prioridades urgentes del sistema educativo, por lo que no se visualiza con claridad el objetivo del MEP al promover este acuerdo con una empresa privada, que a primera vista únicamente favorece al negocio de la empresa.
También es cuestionable la posibilidad de que exista el riesgo de presión económica y exclusión entre las familias, debido a que el álbum requiere necesariamente la compra de las postalitas, lo cual, a la postre, resulta oneroso. Es una incitación a un gasto que no corresponde a los fines educativos del sistema público de nuestra educación.
La educación pública costarricense no puede convertirse, ni siquiera indirectamente, en una plataforma para estimular dinámicas de consumo entre niñas, niños y jóvenes.
Cuando una actividad promovida desde el sistema educativo beneficia con claridad a una marca privada, pero no logra explicar con igual claridad su aporte pedagógico, el cuestionamiento ciudadano no solo es válido: es necesario.
De tal manera, manifestamos nuestra preocupación por el desvío de los intereses educativos genuinos que deben orientar la labor del MEP, frente a distracciones comerciales.