La organización insta a las nuevas autoridades a corregir estas inconsistencias y a establecer una ruta clara que priorice la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Tras el anuncio del nuevo gabinete, la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) hace un llamado al Gobierno de la República, en particular a la presidenta electa Laura Fernández, así como a Rodrigo Chaves, próximo ministro de la Presidencia y Hacienda, para que, desde el inicio de su gestión, garanticen el respeto irrestricto a los derechos de las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
Se trata de más de 40.000 personas cuyos aportes, y los de sus patronos durante medio siglo para formar un fondo de pensiones, fueron malversados por el Ministerio de Hacienda en fines no autorizados. Si bien dicho Ministerio ha asumido el pago de nuestras pensiones, lo hace no como indemnización por el daño causado, como corresponde en ley, sino como gracia, lo que ha permitido a los diputados hacer recortes e imponernos cargas arbitrarias.
Adicionalmente, buscando compensar parcialmente el daño generado por el congelamiento que han sufrido nuestras pensiones durante los últimos cinco años, la Asamblea Legislativa anterior aprobó un descongelamiento para las pensiones más bajas del magisterio (inferiores a ₡2 millones). Lamentablemente, en el cierre de la administración saliente, decisiones como el veto a ese descongelamiento contrastan con la permanencia de beneficios otorgados sin cotización previa, como las pensiones a expresidentes. Esta disparidad revela un trato desigual que debilita la legitimidad de la política pública y erosiona la confianza ciudadana.
En este contexto, AJA reitera varias de sus preocupaciones ya planteadas al Ministerio de Hacienda, entre ellas la necesidad de asegurar la puntualidad en el pago de las pensiones, evitar modificaciones que perjudiquen a las personas jubiladas y brindar explicaciones claras sobre la gestión histórica de los regímenes, incluyendo la ausencia de un fondo de pensiones constituido con nuestras cotizaciones realizadas, situación que hoy traslada la carga de nuestras jubilaciones al presupuesto de la República y genera incertidumbre sobre su sostenibilidad.
La organización insta a las nuevas autoridades a corregir estas inconsistencias y a establecer una ruta clara que priorice la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con quienes hicieron su trabajo para el país. El inicio de esta nueva gestión representa una oportunidad para enmendar decisiones que han afectado a la población jubilada y para enviar una señal clara de coherencia en la política fiscal y social. A las nuevas generaciones de educadores.