Diputada pidió apoyo para una reforma constitucional que endurezca los requisitos para aspirar a una magistratura, aunque ya existe un proyecto similar en la corriente legislativa.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López anunció que impulsará una reforma constitucional para elevar de 35 a 50 años la edad mínima requerida para ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia.
La legisladora defendió la propuesta durante una intervención en el plenario legislativo este miércoles, en la que vinculó la iniciativa con los cuestionamientos al Poder Judicial por la mora judicial, las debilidades en rendición de cuentas, la falta de transparencia y los procesos de nombramiento de magistrados.
El pueblo costarricense clama por reformas al Poder Judicial. Y tiene razón. Existen problemas estructurales importantes que no podemos seguir obviando”.
Gordienko afirmó que el informe del Estado de la Justicia documentó problemas como los tiempos excesivos en los procesos judiciales, los gastos desproporcionados, los costos emocionales, la sensación de trato desigual y la impunidad. También cuestionó que algunos nombramientos respondan “más a negociaciones que a criterios estrictamente técnicos de trayectoria consolidada”.
La diputada sostuvo que el requisito vigente de 35 años responde a un contexto histórico distinto, pues se incluyó en la Constitución de 1949, cuando la esperanza de vida rondaba los 50 años. Según dijo, actualmente la expectativa de vida de la población costarricense ronda los 81 años.
Somos una sociedad más compleja, enfrentamos retos más sofisticados y amenazas más peligrosas que exigen decisiones judiciales más trascendentales. Podemos y debemos esperar que quienes ostentan una alta investidura pública lleguen con madurez, conocimientos y experiencia superiores”.
Gordienko argumentó que la Corte Suprema interpreta la Constitución, establece precedentes vinculantes y define el rumbo institucional del país, por lo que sus integrantes deben contar con madurez para resistir presiones, discernimiento profesional y buen juicio para dimensionar el impacto de sus sentencias.
“A los cincuenta años, una persona ha construido una trayectoria verificable, ha enfrentado conflictos complejos, ha demostrado independencia, ha dejado huella, ha sido observada por la sociedad por décadas. Su probidad es rastreable. Su criterio es conocido. Su reputación es pública”, dijo.
La propuesta de Gordienko también plantea elevar a 15 años el requisito mínimo de experiencia profesional e incorporar por ley otros criterios de evaluación, como trayectoria académica distinguida, posgrados relevantes, publicaciones especializadas, proyección social y experiencia comunitaria.
La legisladora citó ejemplos de derecho comparado para respaldar su iniciativa. Indicó que Alemania e Italia establecen 40 años como edad mínima; Corea del Sur, 45 años, y España exige más de 15 años de ejercicio profesional. También afirmó que en Estados Unidos, aunque no existe una edad mínima, la edad promedio histórica de nombramiento ronda los 53 años.
“No es discriminación etaria, es protección institucional. Vivimos tiempos en que el crimen organizado intenta penetrar las instituciones del Estado. Costa Rica no puede permitirse filtros débiles, improvisaciones ni personas sin estándares de idoneidad y probidad para las nuevas generaciones”, agregó Gordienko.
La iniciativa anunciada por la diputada coincide parcialmente con el contenido del expediente 23.966, presentado en setiembre de 2023 por el diputado Jorge Dengo Rosabal. Ese proyecto también busca reformar el artículo 159 de la Constitución Política, que regula los requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El texto de Dengo propone elevar la edad mínima de 35 a 45 años y exigir 15 años de ejercicio profesional como requisito general. Además, elimina la excepción vigente que permite a funcionarios judiciales aspirar a una magistratura con cinco años de práctica judicial, al considerar que esa diferencia genera una desigualdad frente a abogados litigantes.
En su exposición de motivos, Dengo también argumentó que el requisito de 35 años se fijó en 1949, en un contexto demográfico y educativo distinto al actual. El proyecto sostiene que elevar la edad a 45 años permitiría que las personas nombradas lleguen a la magistratura en “plena madurez jurídica, emocional y económica”.
El expediente 23.966 incorpora, además, una lista de criterios deseables para el perfil de una persona magistrada, entre ellos formación académica sobresaliente, estudios de posgrado, cursos de actualización, participación en congresos, investigaciones, publicaciones jurídicas, trayectoria profesional destacada, ética, honradez, transparencia, compromiso con el Estado constitucional de derecho y respeto a los derechos humanos.
Gordienko cerró su intervención con un llamado a otras diputaciones para que firmen su propuesta, al tratarse de una reforma constitucional que requiere al menos 10 firmas para su presentación. Su iniciativa, sin embargo, no puede presentarse hasta al menos el mes de agosto, pues uno de los requisitos formales de admisibilidad de los proyectos de reforma constitucional es que estos solo se pueden presentar en el período de sesiones ordinarias, y actualmente y hasta finales del mes de julio el Congreso se encuentra en período de sesiones extraordinarias.