Si la dinámica actual de la política pública costarricense nos dicta que ante cada aprieto económico debemos recurrir al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) como si fuera una alcancía, resulta pertinente hacer la pregunta de fondo: ¿cada cuánto vamos a repartir el ROP de ahora en adelante? Si la consigna legislativa es liquidarlo con cada nueva crisis, tengamos entonces la decencia de cambiarle el nombre por ley, porque de "pensión" ya no tendría nada.
Desde el sentido común es evidente que el nivel de endeudamiento de los hogares costarricenses es una realidad crítica. Para cualquier ciudadano resulta difícil entender que su fondo de pensión crezca a cuentagotas mientras se asfixia pagando tasas de interés altísimas en sus créditos. Comprendo la urgencia del día a día que motiva a muchos a buscar mecanismos de salvamento financiero. No obstante, tratar un fondo de jubilación como una cuenta corriente para paliar estas deficiencias estructurales me parece un remedio peligroso y un síntoma de miopía política.
Hace exactamente veinte años, en la misma semana que yo empezaba mi vida laboral, asistí a un foro sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones. Durante su intervención, un alto funcionario del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS miró a la audiencia y comentó, con cierto alivio, que por dicha no había ningún menor de 25 años en la sala, porque "esas personas nunca iban a ver su pensión". Al escuchar esto, levanté mi mano y aclaré que yo tenía 20 años. El funcionario me miró con indisimulable lástima y me dio un consejo fulminante: “Muchacho, mejor empiece a ahorrar".
Hoy tengo 40 años. Las alertas técnicas confirman que aquella advertencia no era una exageración retórica; la crisis financiera del IVM ha adelantado sus puntos críticos. Para mi generación, y con mayor severidad para las que vienen detrás, el ROP no es una pensión complementaria: será, casi con certeza, la única pensión digna a la que tendremos acceso, a menos de que la expectativa de vida productiva se extienda milagrosamente a los 150 años y podamos seguirle sumando años contributivos al IVM.
Las advertencias técnicas de instituciones como el Banco Central y la SUPEN son claras: retiros masivos y desordenados podrían empujar la inflación y presionar las tasas de interés al alza. Peor aún, descapitalizar el ROP y obligar a las operadoras a mantener portafolios altamente líquidos (y por ende, de bajo rendimiento) podría reducir notablemente la expectativa de pensión de la fuerza laboral actual. Al respecto, no dejo de pensar que en plena era de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, resulta imperdonable seguir legislando nuestro futuro a ciegas. Hoy contamos con la capacidad computacional necesaria para simular impactos macroeconómicos en tiempo real, modelar escenarios actuariales complejos y diseñar políticas públicas con precisión milimétrica. Un ejemplo de nuestra inoperancia actual: hemos aplazado la implementación plena de los Fondos Generacionales hasta el 2029, argumentando la necesidad de extensos "estudios de impacto". No obstante, con las herramientas tecnológicas de simulación adecuadas, esos análisis se podrían elaborar y procesar en cuestión de semanas. Es hora de sanear el sistema tomando grandes decisiones basadas en datos y evidencia, no en excusas técnicas sin fundamento o, peor aún, en el cálculo político a corto plazo.
Dicho esto, resulta profundamente lamentable que tanto las autoridades rectoras del tema como los legisladores de turno se nieguen a asumir el diseño del Estado bajo una verdadera visión estadista. La política pública debe construirse sobre principios orientadores claros (bienestar sostenible, prosperidad, articulación social, y competitividad) y no sobre soluciones cortoplacistas que socavan el futuro para ganar aplausos (o beneficiar a los míos) en el presente.
Y es que precisamente, la discusión legislativa que estamos presenciando falla en reconocer que el dilema de la devolución del ROP es el resultado directo de la ausencia de un modelo económico que impulse el crecimiento y reduzca el endeudamiento tóxico de los ciudadanos. Desmantelar los pilares que evitan la pobreza y coadyuvan a una vida digna en la vejez para curar los síntomas de una economía disfuncional es una receta para el desastre. O tomamos la decisión responsable de aprovechar herramientas como la tecnología para madurar y evolucionar nuestro sistema de pensiones estructuralmente, como ya lo han hecho otras naciones, o continuaremos perpetuando la crisis. En lugar de estar repartiendo martillos en el plenario para que cada ciudadano rompa su propia alcancía y luego vea cómo sobrevive por su cuenta, requerimos, con urgencia, que nuestros tomadores de decisiones dejen de gobernar para la coyuntura y empiecen a legislar para absolutamente todos, incluyendo las próximas generaciones.