Proyecto busca evitar la privatización de las playas y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 del 7 de abril de 2026 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).
Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.
Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.
El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.
Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.
La UCR advirtió que la propuesta de ley debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.
En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.
El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.
La UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo de este proyecto con el criterio de personas expertas.
Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.
En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras.
Es un proyecto que también ha avanzado con mucha rapidez y que tiene que ver también con estos intereses que podemos destacar que hay detrás de muchas de las reformas a la ley de zona marítimo-terrestre que tiene que ver con una privatización de nuestras de nuestras zonas costeras".
Agregó:
Una privatización que además a quienes beneficia son a las personas inversoras multimillonarias que vienen al país y que, por lo tanto, crean del disfrute de nuestro territorio público una especie de disfrute plutocrático. Es lo que estamos, de alguna manera, incentivando en este país cuando creamos estas condiciones para que se roben nuestras nuestras zonas públicas y queden, por supuesto, a merced de la explotación privada y todo lo que hay detrás de estos negocios".
El expediente 24.413 fue presentado por la bancada del Frente Amplio y contó con el respaldo del diputado oficialista Manuel Morales Díaz. La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de De Asuntos Jurídicos.