Fiscalía obtiene nueva oportunidad para sostener investigación sobre presunta red de corrupción municipal.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resolvió mantener abierto el caso Diamante, al acoger parcialmente un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. La decisión evita, por ahora, el cierre definitivo de una causa que investiga una presunta red de corrupción vinculada a la constructora MECO y varias municipalidades.
El Tribunal anuló la resolución previa del Juzgado Penal que había invalidado pruebas fundamentales del expediente, como intervenciones telefónicas, allanamientos, levantamientos del secreto bancario y decomisos. No obstante, los jueces no definieron si esas evidencias resultan válidas, sino que ordenaron realizar una nueva audiencia para que otro juez analice nuevamente su legalidad.
La decisión devuelve el caso al Juzgado Penal de Hacienda, que deberá resolver con una integración distinta.
El caso enfrentó un punto crítico luego de que una jueza utilizó el formato de una resolución por aborto para declarar la causa como crimen organizado. Ese error dejó sin efecto la declaratoria, que constituía la base legal para autorizar las escuchas telefónicas.
La anulación provocó un efecto en cadena que invalidó gran parte de la prueba: desde las intervenciones telefónicas hasta allanamientos, detenciones, indagatorias, medidas cautelares y suspensiones de cargos.
Aunque algunas defensas sostienen que el expediente carece de viabilidad, la resolución del Tribunal otorga a la Ministerio Público una nueva oportunidad para defender la legalidad de las diligencias y evitar que el caso se archive.
Si la totalidad de las pruebas llegara a anularse de forma definitiva, los elementos restantes resultarían insuficientes para sostener la hipótesis central del proceso: la existencia de una red que habría favorecido a la empresa MECO mediante beneficios como adelantos de pago o adjudicaciones de obra pública.
El caso estalló en noviembre de 2021, cuando las autoridades realizaron múltiples operativos que involucraron a alcaldes y empresarios del sector construcción, investigados por un supuesto esquema de dádivas a cambio de contratos viales.
Entre los imputados figuran los entonces alcaldes Johnny Araya Monge, Alfredo Córdoba Soro, Mario Redondo Poveda, Humberto Soto Herrera, Alberto Cole de León y Arnoldo Barahona Cortés.
El Ministerio Público sustentó su apelación en una supuesta interpretación errónea de la ley sustantiva y procesal por parte del juzgado, lo que limitó la persecución penal y afectó la obtención de pruebas.
Por su parte, las defensas pidieron rechazar el recurso al considerar que no existía un agravio irreparable, que la resolución impugnada se ajustaba a Derecho y que las intervenciones telefónicas dependían de una declaratoria de crimen organizado que resultó ineficaz, lo que, a su juicio, invalida la prueba.