Entre marzo y octubre de 2025, el Tribunal no pudo realizar audiencias orales ni públicas por esta situación, lo que agravó el rezago en la atención de casos.
Un total de 4560 denuncias por infracciones ambientales permanecen sin resolución en el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), a las que se suman otros 317 casos en seguimiento. Así lo evidenció una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes, que alertó sobre la necesidad de fortalecer las capacidades operativas y administrativas de este órgano para atender con mayor celeridad los expedientes.
El tribunal tiene la función de conocer y resolver en sede administrativa las denuncias por violaciones a la legislación ambiental, con potestad para investigar hechos, ordenar medidas y establecer responsabilidades e indemnizaciones.
La Defensoría señaló que en los últimos años su funcionamiento se ha visto afectado por la renuncia de varios integrantes, lo que provocó la suspensión de audiencias y actuaciones debido a la falta de quórum.
Entre marzo y octubre de 2025, durante ocho meses, el Tribunal no pudo realizar audiencias orales ni públicas por esta situación, lo que agravó el rezago en la atención de casos. Ante este escenario, la instancia tuvo que implementar un plan de contingencia que incluyó la incorporación de jueces suplentes y ajustes organizativos para enfrentar la acumulación de expedientes.
La Defensoría también advirtió limitaciones en los recursos humanos y financieros. Actualmente, el Tribunal cuenta con seis profesionales en derecho para atender denuncias a nivel nacional, lo que implica una carga superior a 500 expedientes por persona.
Esta situación se ha visto agravada por el traslado de plazas a otras dependencias del Minae, así como por variaciones presupuestarias que han afectado servicios como seguridad y digitalización de expedientes, pese a contar con un presupuesto de ¢695 millones para 2025.
Además, el órgano ha planteado desde 2021 propuestas para mejorar su gestión, establecer criterios de priorización de casos urgentes y reducir el rezago, pero estas no han recibido un pronunciamiento formal por parte de las autoridades superiores. Según la Defensoría, estas condiciones reflejan debilidades estructurales que continúan incidiendo en la eficacia del Tribunal.
Ante este panorama, la institución recomendó al Minae garantizar el nombramiento oportuno de jueces, fortalecer la capacidad operativa del Tribunal y diseñar un plan institucional para reducir el atraso en los expedientes. También solicitó la presentación de un cronograma detallado de acciones para el periodo 2026, con el fin de dar seguimiento a las medidas propuestas.