En el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, la información es un insumo central. No solo importa qué decisiones se toman, sino con qué datos se sustentan y cómo esa información se pone a disposición de la ciudadanía para comprender, cuestionar y dar seguimiento a la gestión pública.
En materia de infraestructura, este principio adquiere una relevancia particular. Las decisiones sobre qué se construye, cómo se ejecuta y en qué se invierten los recursos públicos tienen impactos directos en la vida cotidiana. Sin embargo, también es uno de los ámbitos donde con mayor frecuencia surgen preguntas que no encuentran respuestas claras: obras que se atrasan, costos que cambian o proyectos cuyo avance no es fácil de entender.
Ante este escenario, podría pensarse que el principal problema es la falta de información. Pero en el caso de Costa Rica, esa explicación resulta insuficiente.
El país ha avanzado en la generación y publicación de datos sobre infraestructura pública. Existen plataformas, registros y obligaciones normativas que permiten acceder a información relevante. El desafío, entonces, no es únicamente que la información exista, sino qué tan útil resulta en la práctica.
Porque no toda la información publicada cumple el mismo propósito. En algunos casos, los datos están disponibles, pero requieren conocimientos técnicos para interpretarlos o están dispersos en distintas plataformas. En otros, no permiten responder preguntas concretas sobre el avance, los cambios o los resultados de un proyecto.
La información existe, pero no necesariamente está pensada para ser utilizada. Esto permite entender que la transparencia no es un concepto único, sino una práctica que puede tomar distintas formas.
La primera es una transparencia reactiva que responde cuando se le solicita información o que publica datos porque así lo exige la normativa. Es una transparencia necesaria, pero limitada, porque no está pensada desde el uso.
La segunda es una transparencia proactiva que organiza la información de manera clara, la mantiene actualizada y la presenta de forma que pueda ser comprendida y utilizada, incluso por personas que no tienen formación técnica especializada. Esta segunda forma de transparencia no solo informa, sino que permite analizar, comparar y tomar decisiones.
En términos simples, la diferencia está en si la información se publica para cumplir o si se publica para ser utilizada. Tal diferencia no es teórica, tiene efectos concretos en la práctica.
Costa Rica cuenta con herramientas robustas como el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), así como con información generada por distintas instituciones y organismos que financian proyectos de infraestructura. También existen esfuerzos como el mapa de inversiones impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que permiten visualizar proyectos en ejecución.
No obstante, la existencia de plataformas no garantiza que la información sea accesible ni que pueda ser utilizada por quienes no cuentan con conocimientos técnicos especializados. En muchos casos, los datos están dispersos, utilizan lenguajes complejos o requieren niveles de interpretación que limitan su uso más allá de círculos muy específicos.
El resultado es una brecha silenciosa, pero significativa: el país produce y publica información, pero esa información no siempre logra incidir en las decisiones públicas ni en el control ciudadano.
Esta brecha no es menor. Cuando la información no se traduce en conocimiento útil, se pierde una oportunidad clave para anticipar problemas, mejorar la ejecución de proyectos y fortalecer la rendición de cuentas. Las decisiones siguen tomándose, pero no necesariamente con el mejor uso posible de los datos disponibles.
En este contexto, es importante reconocer que la transparencia no se agota en la publicación de información. Publicar es apenas el punto de partida. Lo que realmente transforma la gestión pública es la capacidad de convertir esos datos en insumos para decidir mejor, supervisar mejor y exigir mejor.
Esto plantea un desafío directo para las instituciones públicas: pasar de una lógica de publicación a una lógica de uso. No se trata de generar más datos, sino de hacer que los datos existentes sean comprensibles, comparables y oportunos.
También interpela a otros actores. La academia, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general tienen un rol en el uso de esa información. Pero ese uso solo es posible si las condiciones de acceso y comprensión están dadas.
Costa Rica no enfrenta un problema de falta de datos, sino de cómo los está utilizando. Por ello, el siguiente paso no es menor: convertir esa información en una herramienta real para la toma de decisiones y el control ciudadano.