Una lectura costarricense del nuevo informe de UNESCO.
En las últimas semanas, la UNESCO publicó la versión finalizada de un documento que merece atención más allá de los círculos académicos: Transforming higher education: Global collaboration on visioning and action. Se trata de la hoja de ruta que cierra el proceso iniciado con la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en Barcelona en 2022, y que recoge más de 250 sesiones, más de 1.500 aportes y los comentarios de más de 15.000 participantes de todas las regiones del mundo. No es un texto menor: es la guía decenal con la que UNESCO orienta a los países y a sus instituciones de educación superior frente a un mundo en transformación acelerada.
El informe parte de un diagnóstico que conviene tomar en serio. La matrícula global en educación superior alcanzó 269 millones de estudiantes en 2024, con un 43% del grupo etario correspondiente cursando estudios universitarios y más de siete millones de estudiantes en movilidad internacional. Hay hoy más de 22.000 instituciones acreditadas en el mundo. Pero ese crecimiento ocurre en un contexto donde las universidades enfrentan, simultáneamente, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las crisis sanitarias, las desigualdades persistentes, las consecuencias devastadoras de los conflictos armados, las disrupciones tecnológicas —incluida la irrupción de las inteligencias artificiales—, el retroceso democrático y la transformación profunda de los mundos del trabajo. Frente a este panorama, dice UNESCO, no basta con que las universidades respondan a las crisis: ellas mismas deben transformarse para poder hacerlo.
Enunciado así, el catálogo puede parecer abstracto. Pero cuando se baja al terreno de un país como Costa Rica, y de una región como Centroamérica, las implicaciones son sorprendentemente concretas.
El espejo centroamericano
Centroamérica es, por geografía y por historia, una región marítimo-portuaria. El istmo centroamericano une dos océanos y articula uno de los corredores logísticos más estratégicos del comercio global. Nuestros puertos del Caribe y del Pacífico —desde Puerto Cortés hasta Balboa, pasando por Limón, Moín, Caldera, Acajutla, La Unión y Corinto— mueven una proporción decisiva del comercio regional y participan en cadenas globales de valor que conectan Asia, América del Norte, América del Sur y Europa. La economía de nuestros países, el empleo de cientos de miles de personas, las finanzas públicas municipales y nacionales, y hasta la seguridad alimentaria de la región, dependen en grados distintos pero significativos del funcionamiento de este sistema portuario.
Y sin embargo, frente a esta centralidad estratégica, la infraestructura formativa especializada en temas marítimo-portuarios en la región es escasa, fragmentada y, en muchos casos, ausente. Existen esfuerzos técnicos meritorios en distintas instituciones, y existen ofertas de posgrado en logística o en derecho marítimo en algunas universidades del istmo. Pero no existe, hoy por hoy, una plataforma formativa regional que articule, con perspectiva interdisciplinaria y sustento académico de alto nivel, los desafíos contemporáneos del sector: la transición ecológica del transporte marítimo y las nuevas regulaciones internacionales sobre combustibles y emisiones; la digitalización portuaria y los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial aplicada a la logística; la geopolítica cambiante de los corredores marítimos en un mundo de tensiones crecientes; los conflictos socioambientales en las zonas portuarias y las demandas legítimas de las comunidades costeras; la planificación territorial de las ciudades portuarias como sistemas urbanos complejos; y las cuestiones de género y trabajo decente en un sector históricamente masculinizado.
Estos no son temas técnicos en sentido estrecho. Son lo que UNESCO llama, en su informe, problemas que nunca han sido estrictamente disciplinarios. Requieren del diálogo entre la ingeniería y la sociología, entre el derecho y la economía política, entre los estudios ambientales y la planificación urbana, entre la antropología y la gestión pública. Y requieren, sobre todo, instituciones formativas dispuestas a salir de los campus tradicionales para encontrarse con los actores reales del sector: trabajadores portuarios, funcionarios públicos, gremios, comunidades costeras, empresas operadoras, autoridades municipales.
PROCIP: una posibilidad ya existente
En este punto vale la pena mencionar algo que en Costa Rica no siempre se sabe: existe en el país un programa universitario dedicado precisamente a estas cuestiones. El Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades Portuarias —PROCIP— funciona en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, fue declarado de interés público nacional, y es hoy el único programa de su tipo en Centroamérica. Su trabajo combina investigación académica, vinculación con actores del sector marítimo-portuario, publicaciones especializadas, organización de foros internacionales y participación en redes globales como RETE, AIVP y otras instancias dedicadas al estudio de los sistemas portuarios y las ciudades portuarias.
PROCIP encarna, en su escala actual, varias de las líneas de transformación que UNESCO propone para la educación superior global. Su trabajo es por construcción interdisciplinario. Articula la investigación académica con la incidencia en políticas públicas y con el diálogo permanente con los actores del sector. Mantiene una vocación internacional sostenida, con cooperaciones Sur-Sur y Sur-Sur-Norte que el propio informe UNESCO reivindica como deseables. Y opera con la convicción de que la universidad, para ser pertinente, debe estar dispuesta a salir de sus muros.
Lo que el momento actual abre como posibilidad —y lo que el informe UNESCO ofrece como respaldo conceptual— es la oportunidad de escalar esta plataforma hacia una oferta formativa estructurada para profesionales del sector marítimo-portuario en Costa Rica y la región. Cursos cortos de actualización, microcredenciales, diplomados especializados, modalidades híbridas que permitan a quienes ya trabajan en el sector continuar formándose sin abandonar sus puestos. Una oferta diseñada en diálogo con los actores institucionales, gremiales y comunitarios del sector, no impuesta desde arriba. Una oferta que combine el rigor académico con la relevancia práctica, y que asuma los grandes desafíos de la transición ecológica, la digitalización y la justicia socioambiental como ejes transversales.
Una invitación al diálogo
Construir esta plataforma formativa no es tarea de una sola institución. Requiere la colaboración de las universidades públicas, de las entidades del sector marítimo-portuario nacional y regional, de los gremios profesionales, de las comunidades costeras, y de las redes internacionales de cooperación académica. Requiere también voluntad política y convicción institucional. Y requiere tiempo, porque las apuestas formativas serias no se improvisan.
El informe de UNESCO nos recuerda que transformar la educación superior es un proceso iterativo, multilateral e intergeneracional. No hay atajos. Pero también nos recuerda que el momento de empezar es ahora, porque el mundo no está esperando a que las universidades terminen de deliberar. Costa Rica tiene en PROCIP un punto de partida concreto, una experiencia acumulada y una vocación clara. Lo que falta es la conversación colectiva sobre cómo aprovechar esa base para construir, con todos los actores que quieran sumarse, una oferta formativa marítimo-portuaria a la altura de los desafíos que la región tiene por delante.
Es una conversación que vale la pena iniciar.