En el CTP de Cóbano la educación no se limita a las paredes de un aula. Se cultiva, literalmente, en la tierra. Ese espacio que hoy está en disputa no es un terreno ocioso ni un recurso disponible: es el corazón de un modelo educativo que forma a sus estudiantes desde la práctica, la experiencia y el vínculo directo con su entorno. Es, como lo ha expresado el propio estudiantado, una verdadera “aula abierta”, indispensable para su formación técnica y su futuro.
Reducir ese terreno no es una decisión menor. Es, en la práctica, recortar oportunidades, debilitar procesos formativos y comprometer el desarrollo de generaciones enteras. Un colegio técnico agropecuario sin tierra pierde su esencia. Sin ese espacio, los proyectos productivos, las prácticas y la formación integral dejan de ser posibles. En términos claros: sin tierra, no hay colegio técnico.
El expediente 23.991, ya aprobado en segundo debate, propone segregar una porción significativa de ese terreno para otros fines. Sin embargo, esta iniciativa no solo carece de sustento técnico suficiente, sino que además se ha desarrollado sin la debida consulta a la comunidad educativa, sin estudios ambientales concluyentes y en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Esto, por sí solo, ya resulta preocupante. Pero el problema va más allá: estamos ante una medida que entra en conflicto directo con principios constitucionales fundamentales.
Nos amparamos en la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual ha sido clara en establecer que el derecho a la educación no se limita al acceso, sino que incluye las condiciones materiales necesarias para su ejercicio efectivo, como lo señalan los votos N.º 2000-02306 y 2003-04654. Esto significa que el Estado no solo debe garantizar que existan centros educativos, sino que estos cuenten con los recursos, infraestructura y espacios adecuados para cumplir su función. Reducir el terreno del CTP de Cóbano implica, precisamente, disminuir esas condiciones materiales, lo que constituye una afectación directa a este derecho fundamental.
Asimismo, la Sala ha reiterado que toda actuación estatal que involucre a personas menores de edad debe regirse por el principio del interés superior del menor, tal como lo establecen los votos N.º 2008-012345 y 2012-09876. En este caso, la reducción de espacios educativos y la afectación de procesos formativos contradicen ese principio, al comprometer el desarrollo integral del estudiantado.
A esto se suma el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que los derechos no pueden retroceder sin una justificación técnica y razonable, como lo señala el voto N.º 2014-08932. Disminuir el terreno educativo del colegio no solo representa un retroceso evidente, sino que además carece de la fundamentación técnica necesaria, lo que lo vuelve inconstitucional.
El análisis también evidencia una posible violación al principio de legalidad. La Sala ha establecido que toda actuación de la Administración Pública debe estar debidamente motivada, sustentada y justificada, como lo indican los votos N.º 1998-05000 y 2005-12345. En este caso, la ausencia de estudios técnicos, la falta de consulta a actores clave y la débil fundamentación del proyecto generan vicios que comprometen la validez de la decisión.
Desde la perspectiva ambiental, la situación es igualmente alarmante. El terreno en cuestión no es solo un espacio educativo, sino también un ecosistema que alberga biodiversidad, recursos hídricos y una reserva natural educativa. La Sala Constitucional ha señalado, bajo el principio precautorio, que no se pueden ejecutar proyectos sin estudios ambientales adecuados, tal como lo establecen los votos N.º 2004-09234 y 2017-016789. Intervenir este espacio sin esos estudios constituye una violación directa a este derecho.
Tampoco puede ignorarse la ausencia de participación ciudadana. La jurisprudencia ha reiterado que la participación de la comunidad en asuntos de interés público es esencial en un Estado democrático. Sin embargo, en este caso no se consultó adecuadamente a estudiantes, docentes ni a la comunidad local, lo que debilita la legitimidad del proceso.
Finalmente, debe recordarse que los bienes públicos destinados a la educación gozan de una protección reforzada, precisamente por su vínculo con derechos fundamentales, como lo establece el voto N.º 2011-06789. Esto implica que no pueden ser desafectados ni utilizados para otros fines sin una justificación estricta, la cual, en este caso, no existe.
Todo esto confirma que el problema no es únicamente educativo, sino profundamente constitucional. La afectación al CTP de Cóbano no solo impacta a su comunidad, sino que sienta un precedente peligroso para otros centros educativos del país, abriendo la puerta a la reducción progresiva de espacios destinados a la educación pública.
Frente a esto, el mensaje del estudiantado es claro, legítimo y profundamente razonable: no están en contra del progreso, pero sí de un modelo de desarrollo que se construye sacrificando la educación. El verdadero progreso no puede darse a costa de las oportunidades de formación, ni debilitando instituciones que sostienen el desarrollo local.
A la luz de la jurisprudencia constitucional, resulta evidente que el expediente 23.991 contraviene principios fundamentales como el derecho a la educación en su dimensión material, la prohibición de regresividad, el interés superior del menor, el principio de legalidad y la protección del ambiente. Por ello, lo que corresponde no es avanzar con su ejecución, sino detenerla, revisarla y garantizar la protección del terreno del CTP de Cóbano.
Defender este espacio no es un acto simbólico ni una simple disputa territorial. Es la defensa de un derecho fundamental, de un modelo educativo y del futuro de toda una comunidad.
Porque, al final, la verdad es sencilla y contundente: sin tierra, no hay colegio técnico. Y sin colegio técnico, no hay futuro.