El próximo 8 de mayo concluye la Administración Chaves Robles con un balance que refleja las paradojas del estilo político del mandatario: un presidente popular que se desentendió de la microeconomía; procuró proyectar una imagen de confianza internacional, pero deja tras de sí un país inseguro, con serias dudas sobre la eficacia de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional; y con instituciones debilitadas por la confrontación constante a que sometió la institucionalidad costarricense.
Desde el inicio, Chaves se presentó como un “outsider” dispuesto a desafiar a las élites políticas y burocráticas. Como ha ocurrido con mandatarios en otros países, su discurso populista contra la corrupción y su estilo directo y chabacano conectó con un electorado cansado de promesas incumplidas. Esa narrativa le permitió sostener una popularidad inusual en la región, incluso en medio de las tensiones creadas frente a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.
El reclamo de los éxitos del gobierno en el campo de la macroeconomía, responde entre otros factores, a la estabilidad económica mundial —a la que Trump puso fin hace poco más de un mes— y a los controles fiscales aprobados en la administración Alvarado Quesada.
Con un criterio fiscalista propio del funcionario de un organismo financiero internacional, acudió al uso abusivo de los criterios fiscalistas, logrando estabilizar los números macroeconómicos, recurriendo para alcanzar este objetivo a recortes sustantivos en la inversión social —en los campos de la educación, la salud, las becas, las ayudas sociales y otros— Costa Rica alcanzó un superávit fiscal por primera vez en más de una década y redujo la deuda pública de manera significativa, pagando en el camino un alto costo social.
La inversión extranjera directa, aunque se consolidó —se ha estancado durante este 2026— y el turismo recuperó los niveles previos a la pandemia, aunque por la valoración del colón, el país se ha encarecido como destino turístico, provocando una profunda crisis a esta industria los últimos meses. Los índices macroeconómicos fortalecieron la confianza internacional ante los organismos financieros internacionales y situaron al país como un ejemplo de disciplina fiscal, sin considerar que fueron obtenidos a costa del incremento de la desigualdad y de la inequidad.
Más desalentadores aún constituyen los resultados de la gestión en seguridad ciudadana y el campo de la microeconomía.
Durante esta administración, Costa Rica vivió un incremento en homicidios —marcando récords históricos—, reflejo del avance de la penetración de las actividades del narcotráfico, la incapacidad estatal para diseñar una estrategia de contención de la violencia y frenar el paso de toneladas de droga, con destino a Europa y los Estados Unidos. Incautaciones recientes en puertos de Europa que alcanzan toneladas de narcóticos decomisados, son ejemplo de la incapacidad del Poder Ejecutivo para combatir este flagelo.
En el campo de la producción de alimentos, la llamada “Ruta del Arroz”, diseñada para reducir los precios de este producto, fracasó y generó incertidumbre en el mercado. La misma situación han sufrido los productores de legumbres, frutas y hortalizas qué, ante la ausencia de una política de apoyo a la agricultura, han visto en riesgo su actividad comercial, atentando contra la seguridad alimentaria de los costarricenses y la existencia de miles de empleos de familias de agricultores que históricamente se han dedicado a esta actividad.
La cancelación del proyecto de tren eléctrico, con financiamiento internacional, constituyó un retroceso en movilidad sostenible y planificación urbana: los congestionamientos viales y el incremento desmesurado de accidentes de tránsito, son evidencia clara de la ausencia de una política de movilidad, que pone en jaque a todos los costarricenses. Si a eso sumamos el atraso en la conclusión de obras de infraestructura claves como el paso en Taras, la ampliación de la Ruta 1, de la Ruta 27 y la Ruta 32, dibujamos un tratamiento catastrófico en el tema de movilidad urbana sostenible y una ausencia absoluta de propuestas orientadas a reducir los problemas de infraestructura vial que se estima, consumen el 4% del PIB anual y que es un problema que hemos sufrido por décadas.
A todo esto, sumamos los constantes enfrentamientos con la prensa, que provocaron serias dudas sobre su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión. El deterioro en este último campo ha tenido un alto costo político en la imagen internacional de nuestro país.
El legado de Chaves es, en definitiva, contradictorio. Por un lado, un presidente que logró estabilizar los números macroeconómicos y mantener la confianza internacional; por otro, un mandatario que no pudo enfrentar los desafíos más urgentes: la inseguridad ciudadana y la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Su estilo confrontativo le garantizó el respaldo popular de un electorado cansado de los políticos y la política tradicional, pero qué con sus acciones y reacciones, profundizó la polarización política y debilitó los contrapesos institucionales.
Costa Rica cierra este capítulo con una gran paradoja: un país más sólido en sus cuentas, pero más frágil en su cohesión social y seguridad.
Laura Fernández asume la presidencia con el reto de recuperar lo que Chaves no pudo garantizar: un equilibrio entre eficacia económica y fortaleza institucional, porque sin seguridad y sin instituciones sólidas, la estabilidad fiscal difícilmente se traducirá en bienestar duradero.
Veremos si, a partir del 8 de mayo, la presidenta y su equipo poseen la capacidad para trasladar el bienestar macroeconómico a los bolsillos de los costarricenses.