Iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa plantea subir las penas hasta 10 años de cárcel y eliminar la prescripción en ciertos casos.
Un proyecto de ley presentado a la corriente legislativa propone endurecer las sanciones por malversación de fondos públicos, con penas que podrían alcanzar los 10 años de prisión cuando se trate de recursos provenientes de fondos de pensiones o destinados a obras sociales e infraestructura.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.524 y presentada por el diputado Óscar Izquierdo Sandí del Partido Liberación Nacional (PLN), plantea una reforma al artículo 363 del Código Penal.
Actualmente, el delito de malversación se sanciona con penas de uno a ocho años de prisión para funcionarios públicos o particulares que administren fondos y les den un uso distinto al previsto. La pena puede aumentar si se produce daño o entorpecimiento del servicio.
La propuesta busca elevar ese rango a entre dos y diez años de cárcel en casos que involucren recursos de especial sensibilidad, como fondos de pensiones o destinados a fines sociales. Además, introduce la posibilidad de que estos delitos no prescriban, así como mecanismos para reforzar la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana sobre el uso de recursos públicos.
El proyecto fue promovido por organizaciones vinculadas al Magisterio Nacional, entre ellas la Asociación de Jubilados en Acción (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).
Según estas agrupaciones, la iniciativa busca reducir los espacios de impunidad en el manejo de recursos públicos.
La protección de los fondos de pensiones y de los recursos públicos no es solo una causa del Magisterio. Es una responsabilidad país”.