Crucitas "refleja una crisis estructural en la gobernanza ambiental del país", indicaron.
El Parlamento Cívico Ambiental advirtió que la situación en Crucitas no responde a un hecho aislado, sino que refleja una crisis estructural en la gobernanza ambiental del país.
En un pronunciamiento, la organización señaló que lo ocurrido en la zona es consecuencia de años de decisiones políticas, debilitamiento institucional y una brecha entre el discurso ambiental internacional y la realidad interna de Costa Rica.
El manifiesto llamado "CRUCITAS NO ES UN HECHO AISLADO – ES EL SÍNTOMA DE UNA CRISIS NACIONAL" sostiene que el Estado ha reducido capacidades técnicas al recortar presupuestos en conservación mientras amplía áreas protegidas, lo que limita la respuesta ante problemas complejos. Además, cuestiona la flexibilización de regulaciones ambientales y la politización de decisiones que, a su criterio, deberían basarse en evidencia científica, lo que pone en riesgo el liderazgo ambiental del país.
Nuestra crisis no es ajena a la situación global, sino que la reproduce mediante un modelo de desarrollo socioambiental insostenible. El colapso del sistema de transporte dispara las emisiones de carbono y profundiza la dependencia de combustibles fósiles, mientras la presión sobre el recurso hídrico se intensifica bajo una evidente desigualdad territorial".
En ese contexto, la organización destacó que la conflictividad ambiental se ha intensificado, al punto de que más del 80% de las protestas en esta materia se dirigen contra el Estado, al que señalan como actor generador de conflictos por acción u omisión. Además, advirtieron que la falta de ordenamiento territorial y el incumplimiento de normas facilitan la proliferación de actividades como la minería ilegal.
La falta de ordenamiento territorial y el incumplimiento de normas vigentes han creado el caldo de cultivo perfecto para que casos como el de Crucitas se repitan, pues la minería ilegal surge precisamente allí donde el Estado pierde el control y las oportunidades económicas son insuficientes".
El Parlamento Cívico Ambiental rechazó la idea de que exista una oposición entre desarrollo y protección ambiental y llamó a una transformación estructural que incluya instituciones fortalecidas, autonomía técnica y una planificación territorial vinculante. En su pronunciamiento, afirmó que Crucitas debe entenderse como una señal de alerta sobre un modelo que ya no consideran sostenible.