Si usted como yo nació el siglo pasado, probablemente recordará el programa La guerra de los sexos donde mujeres contra hombres competían para demostrar superioridad a partir de una serie de retos y pruebas. Esta perspectiva de "todas las mujeres unidas" vino a mi cabeza ante la elección de una de “nosotras” en la presidencia de Costa Rica.
Podría decirse que, para las mujeres, aspirar a que los cargos públicos sean ocupados por nosotras es una de las principales reivindicaciones que se plantearon en las luchas feministas desde sus orígenes, cuando se buscó que la participación política permitiera, no solamente ejercer el voto, sino también tener un lugar en los diferentes poderes.
Este camino ha permitido ampliar la participación de las mujeres en la vida pública, aunque sin que haya llegado a ser equitativa. En diversos ámbitos de la vida social en Costa Rica, las mujeres seguimos estando subrepresentadas: menos del 20% de puestos de alta dirección están ocupados por mujeres, persisten brechas en juntas directivas, especialmente en sectores estratégicos (energía, finanzas, infraestructura); las mujeres siguen subrepresentadas como empleadoras y tomadoras de decisión económica, así como en los liderazgos gremiales o de movimientos sociales de la más amplia naturaleza.
En los poderes de la República, a más de 70 años del voto femenino, la igualdad formal no se ha traducido en igualdad sustantiva en el ejercicio del poder, especialmente porque, aunque aumente la cantidad de curules ocupados por mujeres y la cantidad de ministerios liderados por estas, en términos generales desde 2022 se evidencian significativos retrocesos discursivos y operativos en políticas por la igualdad y equidad de género.
A nivel local, el poder sigue siendo altamente masculinizado. La mayor presencia femenina se concentra en regidurías. En las elecciones pasadas, muchas de las alcaldías que quedaron lideradas por mujeres, fueron asumidas por las vicealcaldesas de los anteriores gobiernos locales, un ejercicio similar a lo que vemos hoy con la ministra-presidenta.
¿Será que realmente una mujer en la presidencia del país representa un logro para nuestras luchas de tantas décadas?
Yo no me siento representada por quien se sentará en esa silla, ni siquiera porque además del género compartimos el mismo nombre. Ya nos adelantaron que es el gobierno de la continuidad, por lo que podemos aducir que nos enfrentaremos a un escenario donde la escalada en femicidios continúa, seguiremos presenciando discursos que legitiman la violencia, discursos que niegan que son niñas las que están siendo atacadas sexualmente por hombres adultos, mientras que se continúa instrumentalizando para fines políticos la institucionalidad que supuestamente protege nuestros derechos, como el INAMU.
El gobierno que necesita Costa Rica, independientemente si hay un hombre o una mujer en la silla presidencial, requiere de políticas públicas que promuevan la igualdad y la equidad de género; un gobierno que reconozca los derechos de las mujeres, la autonomía sobre nuestros cuerpos, que proteja a las más pequeñas con leyes firmes ante la violencia en todas sus formas.
Sin duda, será momento de defender nuestros derechos en las calles, de exigir que se cumplan políticas, protocolos, presupuestos y leyes, sabiendo que la criminalización de nuestra lucha es una posibilidad, como hemos visto que sucede en tantos escenarios hoy en día.
La participación política es una de las vías que tenemos para hacer valer nuestra voz y dar a conocer demandas y necesidades. Esta participación va más allá de los partidos, y es una práctica constante de defensa y ejercicio de nuestros derechos, desde el reconocimiento de nuestro poder como mujeres, como sujetas de derechos.
