En un momento en que el mundo discute cómo proteger al menos el 30% de los océanos al 2030, Costa Rica puede señalar que ya alcanzó ese umbral en sus aguas jurisdiccionales, tras la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco. Este avance ha sido reconocido internacionalmente como una señal concreta de compromiso con la conservación marina. Sin embargo, el debate actual ya no se centra únicamente en cuánto se protege, sino en la calidad, efectividad y coherencia de esa protección.
En este contexto, la Migravía Cocos–Galápagos adquiere una relevancia estratégica. La Migravía puede entenderse como una “autopista marina” que conecta la Isla del Coco con las Islas Galápagos. A lo largo de este corredor, conformado por una cadena de montes submarinos, se desplazan especies clave como tortugas marinas, tiburones y mantas, que dependen de este trayecto para alimentarse, reproducirse y completar sus ciclos de vida.
La evidencia científica ha demostrado que estas especies utilizan el corredor como parte de sus ciclos biológicos, lo que convierte a la conectividad entre estos ecosistemas en un elemento crítico para su supervivencia. En términos de política pública, esto implica reconocer que la efectividad de las áreas marinas protegidas no depende únicamente de su extensión, sino de su capacidad de integrarse funcionalmente con otros espacios clave.
El país ha construido una trayectoria sólida en materia ambiental, respaldada por decisiones de política pública consistentes y por una participación activa en espacios multilaterales, incluyendo la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. La Isla del Coco constituye uno de los ejemplos más representativos de ese proceso: un ecosistema marino que conserva dinámicas ecológicas comparables a las de los océanos tropicales de hace más de dos siglos y que cumple funciones clave para especies altamente migratorias, entre ellas el tiburón martillo (Sphyrna lewini).
No obstante, los compromisos asociados al objetivo 30x30 plantean desafíos adicionales. La comunidad internacional ha enfatizado que este objetivo no consiste simplemente en ampliar la cobertura de áreas protegidas, sino en garantizar su efectividad, conectividad ecológica y adecuada gestión. En este punto, la conectividad ha adquirido una relevancia creciente, en la medida en que la fragmentación de hábitats limita la efectividad de las medidas de conservación.
Incorporar esta dimensión contribuiría a fortalecer la calidad de la protección marina del país, alineándola con los estándares más avanzados en materia de conservación. Esto no implica necesariamente la creación de nuevas categorías restrictivas, sino la integración de criterios de conectividad en los instrumentos existentes, particularmente en aquellos vinculados al ordenamiento del espacio marino y la gestión de los recursos pesqueros.
La conservación marina, además, tiene implicaciones directas sobre el desarrollo nacional. La biodiversidad sostiene actividades económicas relevantes como el turismo y la pesca, además de proveer servicios ecosistémicos esenciales. La salud de estos sistemas incide directamente en la sostenibilidad de las economías costeras, en la generación de empleo y en la resiliencia frente a fenómenos asociados al cambio climático.
En este sentido, los procesos de planificación en curso, particularmente en materia de gestión pesquera, representan una oportunidad concreta para integrar estos enfoques. Incorporar la Migravía dentro de estos instrumentos no requiere necesariamente nuevas figuras jurídicas, sino la integración de criterios de conectividad en la toma de decisiones existentes. Esto puede traducirse, por ejemplo, en la delimitación de zonas prioritarias para la conservación, la regulación diferenciada de actividades extractivas en áreas clave del corredor y el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y control basados en evidencia científica.
Este tipo de avances requiere procesos participativos amplios, que incorporen a la diversidad de actores vinculados al océano. La sostenibilidad de estos esfuerzos depende de la capacidad de articular intereses y construir consensos entre sectores que, aunque diversos, comparten una dependencia directa de la salud de los ecosistemas marinos.
Adicionalmente, la naturaleza de la Migravía plantea un componente internacional que no puede ser obviado. Al tratarse de un corredor que conecta jurisdicciones, su efectividad depende de la coordinación entre países.
En ese sentido, Costa Rica cuenta con condiciones favorables para promover esfuerzos de articulación bilateral con el Gobierno de Ecuador. A través de su Cancillería y de su trayectoria en diplomacia ambiental, el país puede impulsar mecanismos que permitan avanzar hacia niveles equivalentes de protección a lo largo del corredor, fortaleciendo así la coherencia ecológica del sistema.
Este tipo de cooperación podría incluir esquemas conjuntos de monitoreo, intercambio de información científica y coordinación en el acceso a financiamiento internacional, consolidando una visión compartida de gobernanza marina en el Pacífico Oriental Tropical.
La discusión sobre la Migravía no es únicamente ambiental. Se trata de cómo Costa Rica traduce sus compromisos internacionales en decisiones concretas de política pública. Integrar la conectividad ecológica en la gestión del océano es una condición para que las medidas de conservación sean efectivas.
En este contexto, resulta fundamental convocar a organizaciones ambientales, pesqueras y otros actores clave a conformar una coalición orientada a la protección de la Migravía Cocos–Galápagos. La articulación de estos sectores permitiría fortalecer la incidencia, consolidar una agenda común basada en evidencia científica y acompañar los procesos de toma de decisión con una visión de largo plazo.