Cuando el control estorba: la democracia se debilita.
En Costa Rica, una sólida democracia, pocas frases deberían generar tanto rechazo como aquella atribuida al absolutismo: “El Estado soy yo”. Pero lo inquietante no es que alguien la pronuncie en voz alta, sino que, sin decirlo, empieza a filtrarse en discursos que ven con recelo a las instituciones encargadas de ponerle límites al poder.
Ya no se trata solo de críticas a figuras políticas o a partidos contrarios. El cuestionamiento alcanza a la Sala Constitucional (Sala IV), a la Defensoría de los Habitantes y al propio Poder Judicial. Tres entes distintos, con funciones claras, pero con un mismo propósito: controlar, equilibrar y proteger derechos.
Y ahí es donde todo se tensa.
A la Defensoría, por ejemplo, se le señala con frecuencia por su “alto costo”. En tiempos de ajustes fiscales, esa crítica parece razonable. Pero también es tendenciosa. Porque estas instituciones no están hechas para rendir cuentas como si fueran una empresa. Su valor no se mide en presupuesto, sino en lo que evitan: abusos, negligencias, violaciones de derechos. ¿Alguien ha calculado el costo social de una injusticia que nadie corrigió? Eso no sale en las cifras oficiales, pero se paga caro.
A la Sala IV, por su parte, se le acusa de entorpecer decisiones políticas, de “judicializar” todo, de meterse donde no le llaman. Pero su trabajo es claro: velar porque ninguna acción del poder se salga de la Constitución. No es que bloquee el desarrollo; lo que hace muchas veces es impedir que ese desarrollo se construya al margen de la ley.
El Poder Judicial en su conjunto tampoco se salva. Le critican la lentitud, los costos, fallos que molestan.
Algunas de esas críticas son justas y hay que atenderlas. Todas las instituciones son perfectibles. Pero, mucho cuidado, otras criticas o cuestionamientos esconden un malestar más profundo: no me dejan hacer lo que quiero, no quiero tener freno.
En una democracia, los órganos de control no fueron diseñados para ser populares. Fueron diseñados para ser necesarios y para defendernos de abusos de autoridad o de violación de nuestros derechos.
Por ello, el problema empieza cuando el discurso público comienza a venderlos como un estorbo en lugar de una garantía. Cuando se repite hasta el cansancio que fiscalizar es trabar, que limitar es frenar, que cuestionar es sabotear. En ese punto, la crítica ya no fortalece la democracia: empieza a desgastarla desde adentro. Porque debilitar a quienes controlan el poder no hace más fuerte al gobierno, lo hace autoritario. Nos deja desprotegidos a todos los ciudadanos.
Costa Rica construyó durante décadas un sistema de pesos y contrapesos. No fue un accidente, sino una decisión consciente. Y como toda construcción democrática, ese sistema se vuelve frágil si no se defiende.
“El Estado soy yo” no requiere un micrófono ni un decreto. Basta con desacreditar una y otra vez a quienes tienen la incomodísima tarea de recordarnos que nadie puede concentrar todo el poder. Cuando esos contrapesos se debilitan o pierden legitimidad, lo que queda ya no es una democracia plena. Es apenas su sombra.