La diputada Sofía Guillén presentó el proyecto de ley (expediente 25.469), el cual propone restringir el despido de personas con hijos menores de dos años, permitiéndose únicamente en casos de falta grave y sujeto a un proceso administrativo. Aunque la medida busca fortalecer la estabilidad laboral, podría resultar contraproducente al aumentar el riesgo asociado a la contratación y afectar la dinámica del empleo.
Actualmente, el ordenamiento laboral permite a las empresas ajustar su planilla mediante el pago de indemnización. La propuesta elimina esta posibilidad en un segmento específico de trabajadores, obligando a las empresas a mantener la relación laboral incluso en casos donde el puesto deja de ser necesario o el desempeño no es el esperado.
Las preguntas incómodas
Con respecto al empleo, las políticas de protección laboral han sido ampliamente criticadas por los efectos perversos que pueden llegar a generar. Un ejemplo ilustrativo se observa en el sistema de indemnizaciones: si un empleado, con muchos años en una empresa, ya no desea continuar en ella, probablemente no renunciará, ya que perdería su indemnización, pudiendo incluso verse incentivado a provocar su despido. Por otro lado, el empleador puede enfrentar una caída en la productividad sin optar por despedirlo, debido al alto costo asociado que representa el pago de la indemnización. El resultado es ineficiente: puestos que podrían ser ocupados por nuevos trabajadores que deseen desarrollarse, permanecen bloqueados, mientras empleados y empleadores operan en condiciones que no son óptimas.
A todo esto, surgen preguntas incómodas, tales como si realmente estos sistemas deben cambiar y buscar otras alternativas, estas preguntas no suelen ser agradables de ser quien las hace ya que suele generar fricción entre distintos sectores de la fuerza laboral, sindicatos, etc… Sin embargo la realidad es que estos sistemas sí deben buscar flexibilizarse si lo que queremos es una abundancia de empleo, ya que sistemas que vuelven inflexible la contratación, vuelve más riesgoso contratar a un empleado, lo que puede llevar a las empresas a no contratar plenamente como lo podrían necesitar, por este mismo riesgo que existe. No es dejar al empleado desprotegido, es buscar sistemas que los protejan, pero flexibles entre empleado y empleador
Los problemas de este proyecto de ley
El proyecto presenta sus propuestas de una manera clara: propone reformar el Artículo 94 de la Ley N°2. Código de Trabajo y sus reformas para imposibilitar el despido a personas que sean madres o padres de niños menores de 2 años de vida, salvo en casos de causas graves, y plantea que las empresas reciban un beneficio por ello, el cual será darle derecho a las empresas a deducir al impuesto sobre la renta el monto equivalente a un 10% del salario base por cada trabajador o trabajadora que tengan contratados en su planilla y sean madres o padres de niños menores de 2 años de vida
Para ponerlo en números: las empresas ahora deben asumir el riesgo, de ver restringida la posibilidad de despedir a una persona durante ese período, al permitirse únicamente en casos de falta grave y sujeto a un proceso administrativo, y a cambio de eso, poder deducir cerca de 46,200 colones al año por esta persona (dicho monto corresponde al 10% del salario base para el 2026, que se estableció en 462,200 colones mensuales)
El incentivo ofrecido resulta demasiado reducido para compensar el aumento significativo en el riesgo que asume la empresa.
En la práctica, una empresa podría verse obligada a mantener en su planilla, durante hasta dos años, a un trabajador cuya productividad o adecuación a las necesidades de la organización no sea la esperada. Durante ese período, deberá asumir el costo salarial correspondiente, a cambio de un beneficio fiscal inferior a ₡4.000 mensuales.
Surgen entonces varias preguntas: ¿de dónde proviene el plazo de dos años? ¿Qué fundamento técnico tiene ese período específico? ¿Por qué dos años y no uno, o tres, o incluso más? Si no existe un criterio claro para determinar ese límite, el plazo corre el riesgo de ser percibido como arbitrario.
Más aún, si el objetivo es proteger al trabajador, ¿por qué no extender esa protección por períodos mucho más largos? La dificultad para responder a esta pregunta evidencia precisamente el problema: no existe una forma objetiva de definir qué nivel de riesgo es razonable imponer a la empresa.
En este contexto, la medida podría aumentar el riesgo asociado a la contratación en Costa Rica, desincentivar la generación de empleo formal y limitar la capacidad de las empresas para ajustar su organización y responder a sus necesidades en el corto plazo.
De este modo, una política orientada a proteger el empleo podría, en la práctica, terminar restringiéndolo.