Para la opinión pública, el médico ha sido históricamente señalado como el responsable de los errores que ocurren dentro de la red de hospitales, clínicas y EBAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Sin embargo, la realidad cotidiana dentro del sistema cuenta otra historia. “Doctor, en la farmacia dicen que no hay el medicamento que usted indicó”, “doctor, no hay sala para operar a su paciente”, “doctor, no hay insumos”. Estas frases se repiten a diario. Y, aun así, al usuario se le responde: “consulte con su médico”. Como si el médico fuera el origen del problema o tuviera la capacidad de resolverlo.
Pero no lo creó, ni puede solucionarlo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién es el verdadero responsable de que no haya salas de operaciones, medicamentos o insumos básicos?
La respuesta apunta, en gran medida, a decisiones administrativas deficientes.
¿Cuántas camas hospitalarias debería tener un país según su población? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomiendan entre 3 y 5 camas por cada 1.000 habitantes para una cobertura adecuada. Alemania ronda las 8, Japón alcanza las 12. Costa Rica está muy lejos de esas cifras.
Durante décadas, el país no ha construido hospitales nuevos en proporción al crecimiento poblacional. Lo que se ha hecho es sustituir infraestructura obsoleta por edificios que nacen, desde el primer día, insuficientes.
El Hospital de Alajuela, por ejemplo, fue diseñado para 375 camas, pero se inauguró en 2004 con apenas 285. Hoy atiende a aproximadamente 618.000 habitantes, lo que equivale a apenas 0,45 camas por cada 1.000 personas. Desde su apertura ya era insuficiente.
El nuevo Hospital de Puntarenas, considerado uno de los proyectos más ambiciosos, pasó de 218 camas operativas en su versión anterior a 434. Sin embargo, atiende a cerca de 400.000 habitantes, es decir, apenas 1 cama por cada 1.000 personas.
El Hospital de Turrialba es una de las pocas excepciones, con aproximadamente 2,7 camas por cada 1.000 habitantes, acercándose a estándares aceptables.
La constante es clara: hospitales que nacen colapsados. Infraestructura que no responde a la demanda real.
¿Así se pretende mejorar la atención?
A esto se suma otra omisión estructural: las principales causas de hospitalización en el país son el cáncer, la enfermedad cardiovascular y el trauma, y aun así Costa Rica carece de un hospital oncológico o un centro cardiovascular verdaderamente especializado. Se colocan parches, pero no se resuelven los problemas de fondo.
En paralelo, se ha instalado un discurso político simplista: el problema es la falta de especialistas. La solución, dicen, es producir más médicos.
Pero esta narrativa ignora la raíz del problema.
Primero: no existe una política seria de retención. Costa Rica sí forma especialistas, pero estos no permanecen en el sistema público. Las decisiones políticas han debilitado los incentivos: congelamiento salarial tras la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018), implementación del salario global en 2023 con condiciones menos favorables, y un sistema que castiga la experiencia al excluir a especialistas antiguos de mejores condiciones laborales.
El resultado es evidente: migración hacia el sector privado, donde las condiciones son significativamente mejores.
Además, el sistema depende en gran medida del trabajo no remunerado. Muchos profesores de posgrado son ad honorem, y otros reciben apenas cinco días de vacaciones al año como compensación. La idea de que la institución “invierte” en la formación médica es, en la práctica, discutible: los residentes trabajan y pagan su formación universitaria.
Segundo: la infraestructura es insuficiente. Según el Estado de la Nación (2024), existe un déficit cercano a 189 EBAIS para lograr una cobertura adecuada. Hospitales saturados, consultas en aumento y recursos limitados generan sobrecarga laboral, errores y, finalmente, una población insatisfecha.
Tercero: la escasez de insumos. Las políticas de contención del gasto han impactado directamente la atención: faltan materiales, medicamentos y recursos básicos.
Cuarto: la mala gestión administrativa. Desde el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez, la planilla institucional creció significativamente, principalmente en áreas administrativas, no en atención directa. Mientras tanto, las listas de espera aumentan sin una estrategia clara para reducirlas.
La consecuencia es un sistema sin rumbo definido, sin metas claras y sin liderazgo efectivo.
En conclusión, la salud de los costarricenses no está fallando por falta de médicos, sino por años de improvisación y mala gestión. Faltan camas, faltan insumos y falta retener talento humano.
Pero obligar a los médicos a permanecer en el sistema no es la solución. La sobreproducción de profesionales, impulsada desde algunos sectores políticos, podría tener un costo alto: deterioro en la calidad de la formación y, en consecuencia, en la atención médica.
Ese precio lo pagarán las futuras generaciones.