La discusión sobre Judea y Samaria (Cisjordania) suele externalizar problemas como ocupación, terrorismo, presión internacional, el debate sobre el estatus final dentro del marco de la resolución 242 del año 1967 sobre los territorios disputados. Sin embargo, por extraño que parezca, el punto más incómodo para el Estado de Israel no está en las discusiones externas sobre el tema, sino dentro de su propia dinámica de control territorial, principalmente en lo referente a una creciente violencia de sectores de colonos contra comunidades palestinas en la misma zona que ya no es un fenómeno marginal ni episódico; sino que se ha convertido incluso en un vector de deterioro estratégico que conecta con algo más amplio, una deriva hacia una lógica de conflicto permanente que empieza a comprometer pilares estructurales del Estado judío como la seguridad, el respeto democrático y la profundidad estratégica del Estado.
Las palabras del rabino y político Gilad Kariv, vinculado al Partido Laborista de Israel, no deben leerse como una exageración retórica. Su advertencia apunta a un punto crítico, la normalización de milicias informales y la progresiva deshumanización del “otro” están generando dinámicas que pueden desbordar el propio sistema israelí. Cuando Kariv plantea la pregunta sobre cuándo esas milicias cruzarán la línea verde o comenzarán a ver a opositores internos como enemigos, no está haciendo una hipótesis lejana. Está señalando un patrón histórico conocido, la violencia que se legitima en la periferia tiende a trasladarse al centro.
El problema central no es la existencia de los asentamientos en sí; cuestión que ya de todos modos se encuentra profundamente politizada, sino la transformación de ciertos segmentos del movimiento de colonos en actores con lógica autónoma, capaces de ejecutar ataques contra comunidades palestinas, dañar propiedades, desplazar población local y generar ciclos de represalia. Estos episodios, lejos de fortalecer la seguridad israelí; que fue parte de la dinámica de profundidad estratégica del Estado para establecer los asentamientos en un inicio, producen exactamente el efecto contrario, incrementan la volatilidad, alimentan narrativas de victimización y ofrecen justificación (excusa) operativa a grupos armados palestinos.
Desde una perspectiva de seguridad, esto es un error estratégico. Israel ha construido históricamente su ventaja en tres pilares: superioridad militar, control de inteligencia y legitimidad operativa en el uso de la fuerza. La violencia de colonos introduce una variable que desordena esos tres elementos. Primero, porque descentraliza el uso de la fuerza hacia actores no estatales. Segundo, porque complica la gestión de inteligencia al multiplicar focos de conflicto no coordinados. Y tercero, porque erosiona la narrativa de legitimidad, tanto interna como externa, al proyectar una imagen de descontrol o tolerancia selectiva.
Hay un elemento adicional que se suele subestimar, el impacto sobre la cohesión interna israelí. En este sentido, Kariv lo plantea en términos duros; pérdida de humanidad, deriva hacia escenarios de violencia generalizada, pero el fondo es claro. Cuando la violencia se justifica “en nombre del Estado”, “en nombre del sionismo” o “en nombre del judaísmo”, se produce una apropiación ideológica que tensiona a la propia sociedad israelí. No todos los sectores comparten esa visión, porque incluso, existe una crítica creciente dentro del propio sistema político, incluyendo sectores de centro, izquierda y parte del establishment de seguridad, que ven en estos comportamientos un factor de riesgo sistémico.
Esa fractura es clave, porque la violencia de colonos no solo impacta la relación con los palestinos; también reconfigura el equilibrio interno entre quienes priorizan el control estatal y quienes promueven una lógica de soberanía ideológica territorial. En ese sentido, la advertencia sobre una posible “Tercera intifada” no debe interpretarse únicamente como un levantamiento palestino, sino como la predisposición de múltiples vectores de inestabilidad: escalada en el terreno, polarización interna y pérdida de control institucional.
Desde el punto de vista del interés nacional israelí, permitir o no contener con claridad estos episodios es un error de cálculo, ya que cada ataque contra comunidades palestinas no solo genera daño inmediato, sino que amplía el espacio para la radicalización, deteriora la coordinación de seguridad con actores locales y expone a Israel a presiones internacionales adicionales. Pero, más importante aún, desplaza el eje del conflicto desde una lógica estatal; donde Israel tiene ventajas, hacia una lógica irregular y fragmentada, donde los costos son más difíciles de gestionar.
Aquí es donde la posición de la defensa de Israel que rechaza la violencia de estos colonos adquiere sentido estratégico, no solo moral. No se trata de adoptar la narrativa de sus adversarios, sino de reconocer que ciertas prácticas debilitan la posición israelí. La defensa de Israel no pasa por justificar cualquier acción realizada en su nombre, sino por identificar qué conductas refuerzan su estabilidad y cuáles la comprometen.
La tolerancia o apología hacia la violencia de colonos proyecta una señal de inconsistencia en la aplicación del monopolio de la fuerza, y frente a ese punto se debe ser altamente crítico. Un Estado que permite la actuación de actores armados no estatales en territorios bajo su control pierde capacidad de regulación y abre la puerta a dinámicas de anarquía localizada. En el corto plazo puede parecer funcional para ciertos objetivos territoriales; en el mediano y largo plazo erosiona la gobernabilidad.
El debate real no debería girar en torno a si la región de Judea y Samaria es estratégica; porque lo es, sino en torno a cómo se gestiona ese espacio sin degradar las bases del propio Estado. La expansión de asentamientos y la discusión sobre soberanía pueden formar parte de una agenda política legítima dentro del sistema israelí, pero, la violencia contra civiles, no. Confundir ambas cosas es un error que ya está generando costos visibles.
La crítica de Kariv y otros líderes políticos israelíes apunta también a una responsabilidad política más amplia. No solo cuestiona al gobierno de Netanyahu (y quienes lo sostienen en el poder), sino a sectores de la oposición por su silencio o falta de claridad. Ese señalamiento es relevante porque indica que el problema no se limita a una coalición específica, sino que atraviesa el sistema político en su conjunto, donde ante la falta de una línea roja clara frente a la violencia contribuye a su normalización y los daños que esto genera sobre la confianza en el respeto del orden jurídico estatal.
El fondo de esto es que el conflicto en Judea y Samaria ya es lo suficientemente complejo con la dinámica sin resolverse con los palestinos a quienes Oslo les había brindado una luz de que eventualmente a través de un intercambio (swap) podrían tener mayores extensiones territoriales para forjar un Estado al cual múltiples factores (incluyendo este) han impedido que se llegue a materializar y muy probablemente no vaya a ocurrir en un corto plazo.
Si a esto hay que añadirle variables de descontrol interno, la violencia de colonos no acerca a Israel a una posición de mayor seguridad ni de mayor legitimidad. Lo empuja hacia un escenario de mayor fricción, mayor aislamiento y mayor vulnerabilidad interna, por lo que, si la prioridad es la estabilidad del Estado, esa dinámica no es sostenible.
El dilema en este sentido no es entre seguridad y contención de la violencia. Es entre un modelo de control estatal coherente y un deterioro progresivo hacia dinámicas que terminan escapando al propio Estado. En ese sentido, la advertencia ya está sobre la mesa, por lo tanto, ignorarla no es una opción estratégica, sino una forma de acelerar un problema que, una vez desbordado, será mucho más difícil de contener.