La gestión del agua en Costa Rica sigue enfrentando un desafío poco visibilizado: la limitada inclusión de las personas con discapacidad en los espacios donde se toman decisiones sobre el acceso al recurso. Más allá de la infraestructura, el acceso al agua potable también depende de quiénes participan —o quedan excluidos— en los procesos comunitarios.
En comunidades como San Jerónimo de Cachí, en Paraíso de Cartago, esta realidad abre una discusión más amplia sobre gobernanza, participación ciudadana y derechos humanos. En este contexto, se ha venido impulsando una articulación entre la Asada local, el Área Rectora de Salud de Paraíso del Ministerio de Salud y la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (Adasfro), que permite analizar cómo distintos actores pueden coordinarse para abordar un mismo problema desde enfoques complementarios.
Las Asadas cumplen un rol esencial en la administración comunitaria del agua. Sin embargo, su impacto se fortalece cuando cuentan con acompañamiento técnico y normativo del Ministerio de Salud, entidad responsable de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Este rol rector no solo implica supervisión sanitaria, sino también la incorporación de un enfoque de salud pública que considere los determinantes sociales y la participación comunitaria.
En este caso, el Área Rectora de Salud de Paraíso, bajo la dirección del doctor Carlos Alberto Granados Siles, ha asumido un papel de articulación que trasciende la supervisión sanitaria tradicional, incorporando un enfoque que reconoce la importancia de la participación comunitaria en la toma de decisiones.
En paralelo, la participación de organizaciones como Adasfro introduce un elemento clave: la accesibilidad. En Costa Rica, la Ley 7600 establece la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, incluyendo su participación efectiva en la vida social y comunitaria. Sin embargo, en la práctica, persisten barreras que limitan su involucramiento en procesos de consulta y toma de decisiones.
La experiencia en San Jerónimo de Cachí busca precisamente atender esta brecha mediante la creación de espacios participativos donde las personas con discapacidad puedan expresar sus experiencias, identificar obstáculos en el acceso al agua potable y proponer soluciones desde su realidad cotidiana. Este enfoque permite pasar de una lógica institucional cerrada a un modelo de construcción colectiva.
El valor de esta articulación radica en que cada actor aporta desde su competencia: la rectoría técnica del Ministerio de Salud, la gestión comunitaria de la ASADA y el enfoque de derechos humanos e inclusión de la sociedad civil. No obstante, el verdadero reto no es solo generar espacios de diálogo, sino asegurar que los acuerdos alcanzados tengan seguimiento, implementación y evaluación.
En Costa Rica, la coexistencia de múltiples actores en la gestión de servicios públicos no es una debilidad en sí misma. El desafío es lograr que esa diversidad institucional se traduzca en acciones coordinadas y con impacto real. La inclusión de personas con discapacidad en estos procesos no debe entenderse como un acto simbólico, sino como un requisito para mejorar la calidad y legitimidad de las decisiones públicas (artículo 13 de dicha normativa).
Experiencias como esta demuestran que la gestión del agua puede convertirse en un espacio de innovación social cuando se incorpora una perspectiva inclusiva. Integrar la diversidad social en la toma de decisiones no solo fortalece la gobernanza local, sino que también contribuye a una democracia más participativa.
El reto que se plantea en esta comunidad es replicable a nivel nacional: pasar de la coordinación formal entre instituciones a una colaboración efectiva que garantice la participación de todas las personas. En esa transición no solo está en juego la eficiencia de los servicios públicos, sino también el cumplimiento de derechos fundamentales.