En Costa Rica nos hemos acostumbrado peligrosamente a hablar de atrasos en obra pública como si fueran parte del paisaje. Un cronograma se corre, una licitación se enfría, un trámite se empantana y el país sigue. Pero hay decisiones que no deberían poder diluirse bajo ese lenguaje burocrático. Llevar el nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología hasta un horizonte de operación entre 2035 y 2038 no es un simple ajuste técnico. Es una decisión de salud pública. Y también es una decisión moral.
Lo digo como presidenta de la Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, pero también como ciudadana. Cuando una institución posterga durante años la infraestructura estratégica que requiere la población adulta mayor, no está aplazando concreto, planos o permisos: está trasladando el costo humano a pacientes, familias, personal de salud y hospitales generales que ya operan bajo presión.
La evidencia es clara. Un informe del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, divulgado recientemente, advierte que atrasar la entrada en funcionamiento del nuevo hospital del 2032 al 2038 provocaría saturación hospitalaria, estancias más prolongadas, mayores costos y atención de personas adultas mayores en centros no especializados. No estamos hablando de una hipótesis, es un escenario previsible.
Estamos hablando de un sistema que tendría que seguir resolviendo necesidades geriátricas complejas en hospitales que no fueron diseñados para responder integralmente a esa población.
Los datos lo confirman. En 2024 la CCSS registró 1.915 egresos hospitalarios por fractura de cadera en personas de 75 años y más, con 21.098 días de estancia hospitalaria. Solo uno de esos casos fue atendido por el Hospital Geriátrico; el resto se distribuyó en hospitales generales. Esa cifra, por sí sola, dice mucho. Nos habla de camas ocupadas más tiempo, de recuperación menos eficiente, de mayores costos operativos y, sobre todo, de una red hospitalaria tratando de absorber una demanda especializada sin la infraestructura especializada que el país necesita.
Mientras tanto, seguimos operando en un hospital con 67 años de antigüedad, con limitaciones en capacidad, modernización tecnológica y condiciones estructurales que ya han generado advertencias serias. La documentación que hemos remitido a la CCSS recoge preocupaciones sobre seguridad humana, evacuación y restricciones propias de un edificio envejecido. El propio reportaje de Semanario Universidad consigna además observaciones del Cuerpo de Bomberos sobre fallas críticas contra incendios. ¿De verdad la respuesta institucional frente a esta realidad puede ser “esperemos hasta 2038”?
A veces se presenta este atraso como si fuera una consecuencia inevitable del proceso de expropiación de terrenos. Pero incluso ese argumento empieza a perder sustento. En la gestión presentada por la Junta de Salud señalamos avances concretos: 13 de 16 propietarios ya cuentan con avalúo aceptado y existía la posibilidad de llegar a 14 de 16 en el corto plazo. Es decir, el principal obstáculo invocado para empujar el proyecto varios años más ya no puede tratarse como si nada hubiera cambiado. Cuando cambian las condiciones, también tiene que cambiar el cronograma.
Lo más preocupante es que esta postergación ocurre justo cuando Costa Rica atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional. No estamos planificando para el futuro. Estamos llegando tarde al presente. Seguir postergando esta obra significa pedirle al sistema de salud que responda con infraestructura del pasado a una realidad que ya cambió.
Por eso este tema no debería verse como un reclamo sectorial ni como una preocupación exclusiva de quienes trabajamos cerca del Hospital Geriátrico. El atraso de esta obra afecta a todo el sistema de salud. Presiona camas en hospitales generales. Encarece la atención. Complica la formación de especialistas. Debilita la capacidad del país para responder con oportunidad y dignidad a la etapa de la vida que, con suerte, todos aspiramos a alcanzar.
Aceptar que el país espere hasta 2038 para contar con un hospital geriátrico adecuado no es una decisión técnica. Es una renuncia.
La Junta Directiva de la CCSS todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Revisar el acuerdo adoptado el 3 de marzo de 2026, actualizar el cronograma y tratar esta obra como una prioridad nacional no sería un gesto simbólico: sería una decisión responsable frente a la evidencia, frente a la realidad demográfica y frente a la obligación institucional de proteger a una población especialmente vulnerable. El país no necesita otra promesa lejana. Necesita una decisión urgente.