Cada vez que el mundo entra en crisis, Costa Rica recuerda algo que en tiempos normales parece olvidar: cuando las cadenas globales se tensan, cuando sube el petróleo, cuando se encarece el transporte y cuando se vuelve incierto el abastecimiento internacional, el primer seguro de este país sigue siendo su producción nacional. Ocurrió durante la pandemia del COVID-19, cuando quedó claro que si la disponibilidad de alimentos no falló, fue por el trabajo del sector agropecuario y porque Costa Rica sigue produciendo alrededor del 70% de su canasta básica alimentaria, incluyendo prácticamente el 100% de las frutas, hortalizas, carnes y lácteos que consume la población.
Hoy esa lección vuelve a ponerse a prueba. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió esta semana que la guerra en Oriente Medio representa un shock negativo de oferta de gran magnitud: el flujo diario mundial de petróleo cayó alrededor de un 13% y el de gas natural licuado un 20%, mientras el Brent llegó a subir de $72 a un pico de $120. El propio FMI anticipa más inflación, menor crecimiento y mayores presiones sobre combustibles, transporte, fertilizantes, alimentos y cadenas de suministro, especialmente para los países importadores netos de energía. Costa Rica está exactamente en ese grupo vulnerable.
Ese golpe no será abstracto. Se sentirá en el precio de los combustibles, en los fletes (principalmente los marítimos), en los agroquímicos, en los fertilizantes y en los productos importados que forman parte de la estructura productiva nacional. RECOPE ya advirtió desde marzo que el conflicto volvería a reflejarse en los precios internos de los combustibles, y la ARESEP ya abrió la consulta pública para un ajuste extraordinario de marzo de 2026. Al mismo tiempo, la propia Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), alertó que fertilizantes como la Urea ya registra alzas superiores al 50% en las últimas semanas y que, si la situación en Ormuz se prolonga, la presión será mayor.
Como si eso no bastara, el agro costarricense enfrenta además una amenaza climática creciente. Según expertos en meteorología, 2026 será un año impactado por un evento de El Niño fuerte o intenso, con anomalías de temperatura oceánica en el Pacífico Ecuatorial cercanas a Costa Rica de hasta 2,5 grados Celsius por encima de lo normal. Bajo ese escenario, el país enfrentaría menos lluvias y sequías en el Pacífico Norte, el Valle Central y el Pacífico Central, mientras el Caribe tendría más lluvias, más humedad, menor radiación solar y una mayor proliferación de enfermedades fungosas, con riesgo incluso de inundaciones entre junio y agosto.
La advertencia de los meteorólogos va más allá del clima. Señalan que cultivos como arroz, maíz y frijoles pueden reducir su producción por el mayor estrés hídrico; que la ganadería resentirá el calor y la escasez de agua; y que el país podría ver menor generación hidroeléctrica, mayores costos de electricidad y, en escenarios extremos, racionamientos de agua o energía. Es decir, el sector productivo nacional tendrá que producir para el consumo local y sostener exportaciones bajo una tormenta perfecta: combustibles más caros, insumos importados más caros, fertilizantes encarecidos y, además, condiciones climáticas más hostiles para sembrar, mantener rendimientos y proteger cosechas.
Ese panorama no es teórico. Los antecedentes oficiales del propio sector agropecuario muestran que los episodios de El Niño ya han provocado racionamientos de agua, caída del área sembrada, pérdidas millonarias y muerte de ganado. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el Plan de Adaptación del Sector Agropecuario recuerda, por ejemplo, que la sequía del 2012 redujo en 31% el área sembrada de arroz en Guanacaste, que en 2009 el fenómeno generó pérdidas por ¢3.169 millones en arroz, caña de azúcar y otros cultivos, y que la sequía de 2014-2015 ocasionó daños por USD 6,5 millones en ganadería en Guanacaste y el Pacífico Central.
Frente a esa realidad, Costa Rica no puede seguir actuando como si debilitar a su sector agroproductivo fuera una opción sin costo. No se le puede pedir al agro que sirva de colchón al país en una nueva crisis internacional mientras por dentro se le castiga con políticas que le quitan competitividad.
Por eso distintas Cámaras empresariales, como la CNAA, han insistido en algo elemental: el Banco Central debe adoptar decisiones de política monetaria y cambiaria que garanticen estabilidad, previsibilidad y competitividad para el sector exportador. No se trata de pedir un salto brusco del dólar, sino de corregir una apreciación del colón que erosiona la rentabilidad de quienes generan divisas para el país y luego pagan salarios, cargas sociales, energía, seguridad, logística e impuestos en colones. El propio sector agropecuario ya ha advertido que esta política cambiaria desestimula la inversión, presiona el empleo y reduce la capacidad de sostener la producción en las regiones rurales.
Lo he dicho antes y lo reitero hoy: un tipo de cambio sobreapreciado no hace que los exportadores reciban más plata; hace exactamente lo contrario. Castiga a quienes producen dólares y abarata artificialmente la importación de bienes que compiten con la producción nacional. Si a esa distorsión se le suman ahora combustibles más caros, fertilizantes encarecidos, mayores costos logísticos y el riesgo climático de un nuevo fenómeno de El Niño, el resultado es evidente: producir en Costa Rica será todavía más difícil justo cuando más necesitaremos que se siga produciendo aquí.
Y en medio de este panorama sería, además, un profundo contrasentido que el país avance en la aprobación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Hemos advertido que el CPTPP no ofrece beneficios reales para el agro costarricense y que, por el contrario, amenaza la competitividad, el empleo rural y la seguridad alimentaria. No tiene sentido abrir más el mercado a productos agropecuarios s extranjeros en un momento en que la mayoría de los países está reforzando su producción local, cuidando su abastecimiento y tratando de blindarse frente a shocks externos. Mientras el mundo aprende a la fuerza el valor estratégico de producir cerca, Costa Rica no puede cometer el error de inundarse de importaciones que desplazan a sus propios productores.
La pregunta, entonces, no es si el agro costarricense volverá a responder. Va a responder, como lo hizo en pandemia y como siempre responde cuando el país lo necesita. La verdadera pregunta es si el país, por fin, va a decidir respaldarlo con coherencia. Porque si en la próxima disrupción global Costa Rica volverá a comer de su campo, lo mínimo responsable es dejar de tratar al sector productivo nacional como si fuera prescindible. Hay momentos en que defender la producción local no es ideología ni nostalgia: es simple sentido de Estado.