En el contexto del fenómeno mundial del envejecimiento poblacional, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) enfatiza la importancia de garantizar el derecho a la autonomía de las personas mayores como un componente esencial para una vejez digna. El principio humano de la dignidad no se pierde con la edad ni por condiciones de salud, y debe ser promovido, respetado y protegido a lo largo de todo el curso de vida.
La autonomía se entiende como la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su propia vida y asumir las consecuencias de estas, lo que incluye la definición de su proyecto de vida, la toma de decisiones cotidianas, la independencia en la realización de sus actos y la posibilidad de contar con apoyos cuando así se requiera, siempre desde el respeto a la voluntad de la persona. En este sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) reconoce expresamente el derecho a la autonomía e independencia, y obliga a los Estados a generar las condiciones necesarias para su ejercicio pleno y en igualdad de condiciones.
No obstante, AGECO advierte que persisten estereotipos y prácticas sociales que asocian la vejez con dependencia, infantilización, enfermedad o discapacidad, lo cual limita el ejercicio efectivo y pleno de este derecho y expone a las personas mayores a situaciones de vulneración, discriminación y violencia incluyendo abusos patrimoniales, psicológicos o físicos. Estas visiones reduccionistas desconocen la diversidad de trayectorias, capacidades y deseos de las personas mayores, y afectan directamente su calidad de vida y su autorrealización.
Un componente central del derecho a la autonomía es la autonomía económica, entendida como la posibilidad de generar ingresos propios y decidir libremente sobre su uso. Desde un enfoque de curso de vida, AGECO subraya que las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida impactan de forma diferenciada a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores. Históricamente, muchas mujeres han asumido labores domésticas y de cuido no remuneradas, lo que ha limitado su acceso al mercado laboral formal, a la seguridad social y a regímenes de pensión, colocándolas en situaciones de dependencia económica en la vejez.
A ello se suma la persistente brecha salarial, la informalidad laboral y la discriminación por edad y género, factores que reducen las oportunidades de ingresos y profundizan la desigualdad. En América Latina, una proporción significativa de mujeres mayores no cuenta con ingresos propios, lo que restringe su autonomía y limita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la participación social, la educación, la recreación y una vida libre de violencia.
AGECO recuerda que la autonomía no implica ausencia de apoyos. Por el contrario, el enfoque de derechos humanos reconoce que todas las personas pueden requerir apoyos en determinados momentos de su vida, y que estos deben brindarse de forma respetuosa, proporcional y orientada a fortalecer la toma de decisiones desde la propia voluntad. En Costa Rica, existen marcos normativos como la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que avanzan en esta dirección al reconocer figuras como la asistencia personal y los mecanismos de apoyo para la igualdad jurídica.
Desde su labor de incidencia y vigilancia de derechos, AGECO hace un llamado a las instituciones del Estado, a las comunidades y a la sociedad en general a promover entornos que respeten la autonomía de las personas mayores, a erradicar prácticas discriminatorias y a garantizar políticas públicas que fortalezcan la autonomía en todas sus esferas. Asegurar el derecho humano a la autonomía es fundamental para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana en todas las etapas de la vida.
Este artículo de opinión fue escrito por Andrea Dotta Brenes, Magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz, docente universitaria y coordinadora del Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social de AGECO.