El pasado miércoles 15 de abril, comparecí en compañía de una compañera y dos compañeros docentes en condición de discapacidad ante los diputados de la comisión permanente de esa temática, en representación de un colectivo de docentes en nuestra misma condición que ya no soporta la exclusión.
Fue un choque frontal de realidades. De un lado, la comitiva del Ministerio de Educación Pública (MEP), armada con presentaciones impecables y un desfile de especialistas para defender su gestión; del otro, nosotros, respaldados por la cruda vivencia diaria en las aulas y por la legalidad internacional que el Estado se niega a cumplir.
Nuestra verdadera fuerza en ese recinto no estaba en el micrófono, sino arriba, en las barras de la Asamblea. Ahí nos acompañaban colegas que han resistido años esperando un apoyo humano que no llega, y una compañera que, rendida por el desgaste mental de pelear contra el sistema, se vio forzada a acogerse a una pensión anticipada. Fue precisamente desde esas sillas de donde bajó el reclamo más revelador de la mañana. Cuando la señora viceministra presentó con orgullo a un médico como parte de su equipo de atención, las voces de los compañeros retumbaron en el plenario resonando el eco de los que estábamos dentro y no podíamos gritar: "¡No estamos enfermos!".
Ese clamor deja entrever un capacitismo institucional en el MEP, insinuando un paradigma médico-rehabilitador que ya debería estar superado. Alarma profundamente pensar que estén tentados a tratarnos nuevamente como pacientes a los que hay que gestionar, olvidando la regla de oro del Modelo Social y los derechos humanos: "Nada para nosotros sin nosotros". Pretender tener todas las respuestas a nuestros retos confiando solo en opiniones de escritorio, mientras se minimizan nuestras vivencias, es negar nuestra condición de sujetos plenos de derecho.
Durante la audiencia, la jerarca advirtió que no respondería por lo ocurrido "del 2022 para atrás". Sin embargo, el panorama actual de ese año al día de hoy sigue siendo desolador. Que el Ministerio celebre que la Sala Constitucional archiva recursos de amparo porque, después de años de litigio, al fin se entregó un equipo o se asignó a un guarda reubicado para que brinde apoyo humano en un aula, es intentar tapar el sol con un dedo. Que un docente tenga que mover a todo el aparato judicial para obtener un apoyo demuestra la inexistencia de un procedimiento administrativo estructurado y expedito para otorgar ajustes razonables.
Al abordar la reserva del 5% de plazas laborales (Ley 8862), la viceministra afirmó que somos nosotros los que "decidimos participar en un puesto vacante, no viceversa". Esta justificación tergiversa la realidad y evade la responsabilidad del Estado como garante proactivo. En un contexto de necesidad laboral, aceptar una plaza no es una elección libre si el Ministerio no ha auditado previamente su accesibilidad. ¿Por qué el MEP oferta puestos para nuestra población en zonas de alto riesgo social, sin transporte público o en colegios con barreras arquitectónicas infranqueables? Mandarnos al matadero y luego decir que nosotros compramos el boleto es inaceptable. En la práctica, pareciera que el MEP nos pone a escoger entre aceptar la plaza que esté en reserva, aunque no tenga las condiciones para ejercer nuestra labor, o condenarnos al desempleo. ¿Será este, en realidad, el pensamiento inclusivo de nuestro Estado? Resulta una ironía bastante amarga constatar que, bajo la visión de la actual administración, en lugar de afianzar los derechos que nos ha costado décadas ir consiguiendo, parecemos ir como el cangrejo: retrocediendo a pasos agigantados hacia una exclusión que creíamos superada.
Donde la negligencia institucional alcanza niveles alarmantes es en el manejo del apoyo humano y el mito del "falso ahorro". Constantemente se nos presiona para solicitar reubicaciones por salud ante la falta de condiciones. Esto es un absoluto despilfarro: el Estado termina pagando dos salarios profesionales completos (el del docente titular en una oficina y el del profesor que lo sustituye en el aula, como en mi caso personal). Si el MEP actuara con apego a derecho, crearía plazas de Asistentes de Apoyo capacitados (por ejemplo, egresados del INA). Esto representaría un ahorro real, pues solo se pagaría el salario del profesional con discapacidad más un salario técnico menor, garantizando nuestro derecho a ejercer la vocación. El día que exista la garantía de este apoyo humano, yo podré volver feliz a compartir la belleza de la música con mis estudiantes.
Por el momento, el MEP impone "soluciones parche" asignando a funcionarios reubicados por salud para que sean nuestros asistentes. Esto es un fracaso técnico y humano. Son personas que no tienen capacitación para brindar apoyo visual o de movilidad, y que frecuentemente se ausentan por sus propios padecimientos.
La incompatibilidad operativa es grosera. A nuestro compañero Esteban Díaz le asignaron como apoyo a un oficial de seguridad. Mientras el guarda (regido por el Título I) debe cumplir 40 horas reloj continuas, la administración intentó forzarlo a cubrir el horario fragmentado del docente (Título II), quien imparte 44 lecciones distribuidas en dos colegios distintos. Al guarda le asignaron 37 lecciones de 40 minutos. La matemática del abandono no miente: 37 lecciones equivalen a apenas 24 horas y 40 minutos reales. El Estado paga 40 horas completas, pero el funcionario labora más de 15 horas menos, dejando a Esteban desprovisto de apoyo siendo un docente de Educación Religiosa que atiende alrededor de 1000 estudiantes en dos colegios distintos.
Todo esto se sostiene sobre un oscuro pacto de impunidad. Es el mismo sistema donde una directora tiene el atrevimiento de dejar por escrito que "es muy cansado el tratar de ayudar a un funcionario público". Es el Departamento de Asuntos Disciplinarios desechando denuncias por discriminación y acoso laboral para reducirlas a simples "incumplimientos de deberes" juzgados desde un escritorio. Es el mismo aparato administrativo que permitió que el caso de Esteban acumulara ocho declaratorias de inejecución de sentencia sin que un solo jerarca rindiera cuentas. Tristemente, hallar a un director que aplique la Ley 7600 y la Ley 8661 sin poner trabas, es pulsearla para encontrar una perla.
Al cierre de la audiencia, las autoridades entregaron documentos para evidenciar lo que "ya se nos había dado", intentando reducir nuestra denuncia a una rabieta por insumos aislados. Se equivocan rotundamente. No fuimos a la Asamblea a pedir que otra persona haga el trabajo por nosotros o a mendigar computadoras para irnos callados. Fuimos porque hay una red de exclusión que nos asfixia. Estudiamos para transformar vidas educando, no para ser forzados a exiliarnos en labores administrativas.
Exigimos procedimientos transparentes y vinculantes. Exigimos que la negación de ajustes razonables se tipifique, de una vez por todas, como una falta grave de discriminación y que nuestras denuncias por acoso no queden impunes. La Sala Constitucional ya dictaminó que el presupuesto no es excusa. Y nosotros lo gritamos hoy: ¡no estamos enfermos! Es hora de que el Estado entienda que la empleabilidad y la permanencia no están en los escritorios de expertos en San José; se respetan y se garantizan, todos los días, en las aulas.