Costa Rica arranca un nuevo ciclo político con cinco reformas clave pendientes.
Para la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), el próximo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa tienen la opción de ponerlas como prioridad desde el primer día para evitar que el país siga perdiendo competitividad.
Se trata de una agenda concreta: modernizar el sistema eléctrico, aprobar las jornadas laborales 4x3, establecer una ley marco de alianzas público-privadas, reformar la estructura del MOPT y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y actualizar el marco de adquisición de terrenos y expropiaciones. Cinco temas distintos, pero con un mismo denominador común: todos llevan tiempo estancados y siguen sin resolverse.
Cada uno impacta directamente en la capacidad del país para crecer. La energía incide en costos y competitividad; las jornadas 4x3 en la atracción de inversión; las alianzas público-privadas en la ejecución de infraestructura; la reforma del MOPT en la capacidad de gestión del Estado; y las expropiaciones en la velocidad con que se desarrollan proyectos.
Para Crecex, el problema ya no es la falta de diagnósticos, sino la falta de decisiones. Costa Rica sigue acumulando proyectos estratégicos sin concretarlos, mientras otros países avanzan con mayor rapidez en áreas clave.
“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de destrabar estas cinco reformas, ajustarlas donde sea necesario y convertirlas en resultados concretos. Postergarlas, advierten, ya no es una opción si el país quiere sostener su competitividad”, indicó Rodney Salazar, presidente de Crecex.
Los proyectos
El primero de esos proyectos es la modernización del sistema eléctrico. Costa Rica necesita una discusión seria y técnicamente equilibrada sobre cómo garantizar energía más competitiva, más flexible y más alineada con las nuevas necesidades productivas, sin comprometer seguridad, cobertura ni estabilidad. El expediente 23.414, que buscaba abrir espacios de competencia y modernización en el mercado eléctrico, continúa sin destrabarse en el Plenario. Para Crecex, la competitividad futura dependerá cada vez más de tarifas, calidad de servicio, capacidad de expansión y aprovechamiento inteligente de la inversión.
El segundo proyecto prioritario es el de jornadas laborales excepcionales 4x3. La Sala Constitucional determinó en 2023 un vicio sustancial en la tramitación del expediente anterior 21.182, lo que obligó a replantear la iniciativa, y la nueva versión 24.290 siguió enfrentando un volumen de mociones que volvió inviable su aprobación dentro de este período. "Más allá de la controversia política, el país debe volver a discutir este instrumento con seriedad, controles y equilibrio, porque para sectores intensivos en manufactura, servicios continuos e inversión internacional, la flexibilidad bien regulada puede ser un factor relevante de atracción y expansión", agregó la Cámara.
El tercer frente que no debería seguir congelado es una verdadera ley marco de asociaciones público-privadas. El expediente 24.009 ya cuenta con dictamen afirmativo y busca precisamente regular esquemas para desarrollar infraestructura pública, servicios públicos y proyectos vinculados con inversión privada bajo reglas de legalidad, competencia y transparencia. Costa Rica no puede seguir pretendiendo cerrar sus brechas logísticas, portuarias, viales y de servicios únicamente con recursos fiscales limitados y con una institucionalidad lenta.
En cuarto lugar, Crecex considera indispensable retomar la reingeniería institucional del MOPT y la reforma del esquema Conavi. El propio Gobierno presentó en 2022 un proyecto para eliminar la desconcentración de órganos como Conavi, CTP y Cosevi y devolver esas competencias al MOPT, con el argumento de mejorar la rectoría y los resultados.
Sin embargo, esa reforma no se convirtió en una transformación definitiva y, de hecho, Conavi sigue operando hoy como órgano adscrito al MOPT. Para el sector productivo, este no es un debate administrativo menor: es un tema de ejecución de infraestructura, mantenimiento de rutas, toma de decisiones y capacidad real del Estado para responder con eficiencia.
El quinto proyecto que merece atención prioritaria es la Ley General de Adquisición de Terrenos y Expropiaciones, tramitada bajo el expediente 24.669. Esta iniciativa quedó dictaminada y busca regular la adquisición, donación y expropiación forzosa de bienes por interés público; además, en la agenda política reciente se le ha señalado como una herramienta necesaria para reducir atrasos entre el financiamiento de obras y el arranque efectivo de su ejecución.
Para la cámara, sin una reforma que agilice de forma más ordenada y garantista los procesos de adquisición de terrenos, el país seguirá financiando proyectos que tardan demasiado en materializarse, encareciendo obras estratégicas y debilitando la competitividad logística nacional.
“Desde CRECEX insistimos en que esta agenda no debe abordarse desde trincheras ideológicas ni como una suma de banderas partidarias, sino como una hoja de ruta mínima para mejorar el clima de inversión, fortalecer la infraestructura, elevar la productividad y generar condiciones más favorables para la reactivación económica. Costa Rica necesita menos parálisis, menos polarización y más capacidad para construir acuerdos efectivos en temas estructurales”, recalcó Salazar.
